La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler

El Sidi Saler, antiguo hotel de lujo enclavado en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera, lleva 15 años sin actividad y con varias sentencias contra su reapertura. Por un lado, en octubre de 2024 el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 5 de València avaló la caducidad de la licencia de actividad que el hotel tenía desde 1999, al constatar el juez que la actividad hotelera cesó en 2011 y considerando que la ley establece su caducidad si la actividad se paraliza más de dos años. Los propietarios recurrieron –Divarian y Coral Homes– ante el TSJCV y el alto tribunal aún no se ha pronunciado.

Por otro lado, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 9 avaló la denegación de las licencias de obras y actividad para rehabilitar el edificio al ratificar que el hotel tiene seis plantas frente a las dos permitidas por el Plan General, por lo que se encuentra fuera de ordenación. El fallo calificó la ubicación del hotel sobre las dunas y su excesivo volumen de “atentado” contra el parque natural. Ahora, una modificación normativa emprendida por el Gobierno central podría dar la puntilla al antiguo hotel.

El Ministerio para la Transición Ecológica está tramitando un Anteproyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas introduciendo novedades para alinearse con la normativa de la Unión Europea. El procedimiento ya ha salido a exposición pública y ha recogido las alegaciones de las comunidades autónomas, algunas de las cuales, como la Comunitat Valenciana, Galicia, Andalucía, Murcia o Baleares –es decir, las gobernadas por el PP–, han mostrado su rechazo al real decreto que modifica el Reglamento General de Costas y han reclamado una reforma de la propia ley, algo que llegará en un paso posterior. Los populares además tratan de frenar el real decreto mediante una moción en el Senado.

Entre las novedades, el texto introduce dos cuestiones con potencial para condicionar el futuro del Sidi Saler. El apartado 4 del artículo 135 especifica que el plazo máximo de duración de las concesiones, incluidas todas sus posibles prórrogas, no podrá exceder de 75 años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, 50 años para instalaciones de servicio público y 30 años para el resto de actividades e instalaciones. Este último sería el límite de concesión del hotel enclavado en el parque natural.

Asimismo, el anteproyecto añade un apartado 6 al artículo 135, con el siguiente texto: “No se podrán otorgar concesiones ni prórrogas de las mismas cuando las obras o instalaciones, no siendo obras marítimas ni cultivos marinos, soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78.1.m) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas”.

En la sentencia relativa a las licencias para rehabilitar el hotel, el tribunal explicita que el edificio se encuentra “en la misma playa, con afectación de las dunas”. A partir de aquí se impondrá el criterio técnico del Ministerio para la Transición Ecológica, considerando los aportes de arena en la regeneración de las playas, de cara a estimar si el antiguo hotel de cinco estrellas –incluido dentro del dominio público marítimo-terrestre tras el deslinde aprobado en 2007– soporta “un riesgo cierto de ser alcanzado por el mar”.

Cabe recordar que el Gobierno ya descartó despejar su futuro el año pasado a través del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al subrayar que el Sidi Saler no tiene concesión y “no ha lugar a una nueva” tras los fallos municipales que avalan la denegación de licencias municipales. El nuevo varapalo normativo podría tumbar definitivamente cualquier futura concesión y abocar al edificio a la demolición, teniendo en cuenta además que la calificación del suelo es de terciario hotelero y no cabría una dotación pública en su lugar, tal como planteó el gobierno progresista en legislaturas pasadas.

Esto contrasta con el propósito de la alcaldesa, María José Catalá, que en diferentes ocasiones ha expresado su voluntad de impulsar un hotel “sostenible y respetuoso con el medio ambiente" dirigido a un público “senior”. El gobierno municipal ha descartado el derribo del edificio de seis plantas argumentando que “los escombros no son la solución”. No obstante, desde el ayuntamiento se ha evitado aclarar bajo qué fórmula legal podría reabrir el alojamiento. Aunque el TSJCV devuelva la licencia, parece difícil que los propietarios puedan acometer la rehabilitación del hotel, que exigiría unos 6,5 millones y más del 50% del valor del edificio, algo prohibido para inmuebles fuera de ordenación. Demasiados candados en la puerta de un edificio que alojó a Sting, Tina Turner o los futbolistas de la selección española.

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