La delincuencia en la Roqueta obliga a los sanitarios del barrio a encerrarse bajo llave

La situación en la Roqueta se está volviendo insostenible. A los habituales problemas de suciedad o ruido por los botellones, se ha sumado en los últimos tiempos la inseguridad generada por un grupo de jóvenes que tiene atemorizados a los residentes de la zona. En julio del año pasado este periódico ya contó que una veintena de varones con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años se había hecho fuerte en la Roqueta, actuando como aparcacoches irregulares pero, al mismo tiempo, funcionando con peleas, coacciones y robos casi a diario. Y la situación ha escalado.

Según explican fuentes de la asociación vecinal, la población de aparcacoches no para de crecer en puntos calientes como la calle Bailén, la zona de Gran Vía Ramón y Cajal que colinda con el túnel y, sobre todo, el cruce de Matemático Marzal con Convento Jerusalén. Cuando el ayuntamiento instauró el estacionamiento regulado en la Roqueta, el problema desapareció. Los antiguos aparcacoches, menos conflictivos, decidieron buscar el pan en otro sitio. Pero desde el verano un grupo aparentemente separado en facciones y con un funcionamiento jerárquico está sembrando el caos.

La última vez ya se describieron episodios de amenaza y coacción. Una mujer mayor a la que se le plantaron a cinco centímetros de la cara llegó a darles más de 70 euros. Y a algunos de los muchos turistas que se están instalando en el barrio no paran de robarles. Solo en una semana hubo tres detenciones. Entonces hicieron un llamamiento a incrementar la seguridad, pero parece que cayó en saco roto.

"Se ha incrementado la violencia", cuenta ahora el presidente de la entidad vecinal, Miguel Sánchez. "Ya no es cuestión de la actividad que ejercen como aparcacoches. A una señora que pasaba por la calle le pegaron un botellazo y tuvo que venir la policía. El lunes entraron en un establecimiento de móviles para amenazar a los trabajadores y que les recargaran el móvil, pero como no lo consiguieron le rajaron la cara a uno de los empleados. El miércoles por la tarde hubo otro atraco en la calle Bailén. Creemos que se trata de una banda criminal organizada", señala el vecino. "No sabemos por qué la policía se está tomando esto tan a la ligera. El problema está yendo a más", lamenta.

El miércoles por la tarde, la asociación convocó una asamblea a la que acudieron decenas de vecinos preocupados con esta situación. Fue de las más multitudinarias que se recuerdan en la entidad. Porque la delincuencia y la violencia no solo ha escalado en las calles o los establecimientos privados. Ahora también se ha colado en el consultorio médico de la Roqueta, un centro situado en el número 29 de Convento Jerusalén, que depende orgánicamente del C.S. Gil y Morte, y proporciona servicios de Medicina Familiar y Enfermería a la población de su zona.

Según cuenta el presidente de la asociación, desde hace dos meses prácticamente todas las tardes acuden algunos de estos aparcacoches en tono agresivo y piden ser vistos por Urgencias porque, aseguran, tienen dolor, para lo que reclaman recetas de medicamentos como pregabalina, psicótropos o tramadol. Los sanitarios del centro auxiliar ya han tenido varios enfrentamientos con ellos. "Como por la tarde solo hay dos o tres trabajadores, han optado por cerrar siempre con llave para que no se pueda colar nadie", dice el máximo representante vecinal del barrio de la Roqueta.

Además de cerrarse por dentro y abrir con un botón solo cuando ven que no son los sospechosos habituales, los trabajadores del centro también han tenido que recurrir un par de veces al “botón de pánico”, como ellos mismos lo han llamado, que en realidad es el Código Alerta, un sistema instalado en los ordenadores de todos los centros de salud que permite al personal avisar ante una sospecha de agresión, lo que permite actuar con mayor celeridad. En este sentido, Sanidad está trabajando en una modificación de la Ley de Salud 10/2014 de la Comunitat Valenciana para incluir un régimen específico de infracciones y sanciones que permita a los órganos competentes de sanidad sancionar sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

"En el barrio queremos dejar de hablar de aparcacoches, porque parece que eso minimiza el problema", dice Miguel Sánchez. "Lo que hay es una banda criminal organizada, porque hemos visto que hay estructuras, gente que viene incluso en tren, pasa todo el día aquí haciendo la actividad y luego vuelve a coger el tren. Se juntan y recaudan sobre lo recaudado con un mismo coche. Aquí hay una organización trabajando detrás de toda esta actividad, y eso es lo que se tiene que perseguir. Nosotros vamos a seguir denunciando", dice el presidente de la asociación.

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