València elimina las torres de 15 y 10 alturas del plan de San Miguel de los Reyes tras las quejas de los vecinos

El Ayuntamiento de València abrirá una segunda exposición pública del Plan Especial de San Miguel de los Reyes, después de incorporar algunas alegaciones vecinales en el primer periodo de exposición. El área de Urbanismo estima que las modificaciones introducidas no suponen efectos significativos sobre el medio ambiente, de modo que se ha decidido sacar directamente a exposición pública el plan con las alegaciones incorporadas, habida cuenta de que estas suponen suponen cambios sustanciales respecto a la documentación inicial.

Durante el primer periodo de información pública, que se mantuvo abierto entre el 28 de febrero y el 9 de mayo de 2025, el expediente recibió 22 alegaciones de particulares, asociaciones vecinales, entidades deportivas y grupos políticos, junto a 10 informes de servicios municipales, 9 informes de otras administraciones autonómicas y estatales, y 2 informes de compañías suministradoras.

El Servicio de Planeamiento concluyó el pasado 14 de mayo que la documentación es adecuada para continuar la tramitación y que las modificaciones incorporadas son sustanciales. La nueva ordenación propuesta, que recoje las críticas de los vecinos al exceso de altura, suprime el edificio de 15 plantas previsto en el extremo norte del ámbito, y la edificabilidad se redistribuye en edificios de seis y siete plantas, lo que reduce el impacto paisajístico y mejora la transición con la trama urbana existente. En el plan anterior también se contemplaban edificios de 10 y 8 plantas que desaparecen con el rediseño, atendiendo a las alegaciones de los vecinos.

Pese a rebajar su techo, el plan mantiene la dotación de 575 nuevas viviendas –100 serán VPP– redistribuyendo esa misma edificabilidad en el resto del ámbito de actuación, lo cual supone una mayor ocupación del suelo en horizontal. El ámbito de actuación afecta a 136.136 metros cuadrados de superficie, donde se generan 64.264 metros cuadrados de techo, de los que el 16 % se destinará a la construcción de viviendas de protección pública, el 74 % a vivienda de renta libre y un 10 % a terciario comercial.

El ayuntamiento señala en su respuesta a las alegaciones que la viabilidad económica es un “objetivo irrenunciable del plan”. “Olvidar esta obligación puede llevar a aprobar instrumentos, como el PEPRI de 2001 que, finalmente, no consiguen desarrollarse y gestionarse, quedando en papel mojado y no sirviendo para su finalidad e interés general, que no deja de ser el fin último del urbanismo y la ordenación del territorio. No se trata de que las cuestiones económicas prevalezcan sobre los demás condicionantes del urbanismo, pero en ningún caso pueden ser obviadas”, añaden.

Siguiendo con el rediseño, en la franja norte, en la esquina con la carretera de Tavernes Blanques, se retiran los edificios residenciales previstos sobre la trama del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), por peligrosidad de inundación, y se reemplazan por un aparcamiento. El plan apuesta por edificar en los extremos para liberar la franja central frente al Monasterio de San Miguel de los Reyes. Y en relación al riesgo de inundaciones, asegura que la peligrosidad de inundación ha disminuido gracias a las obras de encauzamiento del barranco del Carraixet y sus afluentes (Palmaret Alto y Bajo) finalizadas recientemente, como la Fase II del encauzamiento del Carraixet en 2024.

Asimismo, la nueva documentación mantiene una reserva deportiva para un campo de fútbol 11 al norte de la Ronda Nord, colindante con ella y con el nuevo vial que se generará tras la peatonalización de la avenida Constitución a su paso frente al Monasterio. En el entorno inmediato de este, el aparcamiento previsto inicialmente al sur se separa de la fachada y se reubica sobre la huella de la propia Ronda Nord, lo que libera un nuevo espacio verde junto al monumento para zona verde y evita afecciones visuales sobre el conjunto patrimonial.

Además, el acceso al Monasterio se transforma además en un eje peatonal. La prolongación de la avenida de la Constitución, al llegar a la Ronda Nord, queda reservada al uso de viandantes, mientras el tráfico rodado se desvía por la calle Conde de Lumiares, alejándolo de la puerta principal.

Por su parte, la zona sur del ámbito, al otro lado de la ronda y en el entorno de la calle del Conde de Lumiares, la plaza del Músico Espí y la avenida de los Hermanos Machado, donde se concentran los edificios plurifamiliares, se reordena con más zonas verdes y un nuevo equipamiento dotacional sanitario; y se suma una nueva trama de zona verde junto a la Alquería de Albors que refuerza la protección de este Bien de Relevancia Local y mejora la transición hacia la huerta.

Finalmente, el Plan mantiene también íntegra la protección de la Alquería de Tota, situada junto a la entrada principal del Monasterio, aunque la excluye de la gestión urbanística, dado que se trata de una vivienda ya rehabilitada y ocupada por sus propietarios.

Críticas de Compromís

Al respecto, Compromís per València ha lamentado que el gobierno de María José Catalá “sigue priorizando la rentabilidad urbanística y los intereses inmobiliarios en el proyecto del PEPRI de Sant Miquel dels Reis”, pese a las decenas de alegaciones presentadas por vecinos y vecinas (más otras dos fuera de plazo), entidades sociales y colectivos afectados que alertan del impacto paisajístico, la presión urbanística y los riesgos ambientales de la actuación.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que el propio expediente urbanístico “desmonta el relato del PP” porque reconoce explícitamente que el proyecto ha tenido que modificarse varias veces, reducir alturas para minimizar el impacto paisajístico y redistribuir edificabilidad para “garantizar la viabilidad económica” de la actuación. “Es muy revelador que, cada vez que aparece una crítica sobre más zonas verdes, menos impacto o menor densidad, la respuesta del gobierno sea la misma: que no salen las cuentas. Esto confirma que el criterio principal no es proteger la huerta ni los barrios, sino asegurar el negocio urbanístico, como han hecho en el Grau y quieren hacer en Orriols y Poble Nou”, ha denunciado.

La coalición valencianista considera especialmente grave que el documento admita la existencia de zonas con peligrosidad de inundación nivel 2 mientras el gobierno sigue impulsando centenares de nuevas viviendas en el ámbito. Además, el propio expediente justifica parte de la ordenación “anticipándose” a una futura revisión del PATRICOVA que todavía no existe oficialmente. “Catalá está planeando nuevas edificaciones basándose en hipótesis futuras mientras el propio documento reconoce riesgo de inundabilidad. Es un urbanismo irresponsable y propio de otra época”, afirma Robles.

Compromís destaca también que muchas de las alegaciones cuestionan directamente el modelo de ciudad que plantea el PP: torres en altura, exceso de edificabilidad, impacto sobre la huerta, más tráfico y falta de participación real del vecindario. “Los barrios y pueblos afectados dicen claramente que no quieren una nueva operación especulativa disfrazada de regeneración urbana. El problema es que Catalá sigue entendiendo València desde la lógica del negocio privado y no desde la calidad urbana ni la protección del territorio”, lamenta la portavoz del primer partido de la oposición.

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