Los extrabajadores del Consorcio que acertaron la adjudicación de dos plazas en el Puerto confirman que era voxpopuli en la zona portuaria

Los extrabajadores del Consorcio València 2007 que "acertaron" la recolocación de dos compañeras en la Autoridad Portuaria de València, unos hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción de València tras una denuncia de Compromís, han comenzado a ratificar ante el Ministerio Público los detalles sobre cómo "adivinaron" la adjudicación por la Autoridad Portuaria de València (APV) de ambs plazas de trabajadores.

Durante la mañana de ayer y de hoy declaran los siete trabajadores y trabajadoras que firmaron el acta notarial en la que hicieron constar que la plaza de la subdirección de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación y la jefatura de apoyo a la gestión económica-financiera, ambas de carácter fijo en la plantilla de personal y fuera de convenio, iban a ser adjudicadas a las candidatas Manuela Gras y Alicia Gimeno. Unas declaraciones que se extedieron a lo largo de más de una hora cada una y en la que aportan los detalles sobre cómo pudieron llegar al convencimiento de quienes iban a ser las adjudicatarias de las plazas convocadas por la Autoridad Portuaria, aunque también se indaga sobre las convocadas por el Ayuntamiento de València que después se retiraron, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de los comparecientes.

Los extrabajadores han confirmado ante la Fiscalía Anticorrupción que se enteraron de la convocatoria de las dos plazas en la Autoridad Portuaria de València y a quién iban dirigidas porque era voxpopuli en la zona portuaria, de conocimiento público, "se comentaba en la zona de los almuerzos" tanto la convocatoria de las plazas como quiénes iban a ser las personas agraciadas. Una información que ahora debe pasar de "comentarios" a "pruebas" que permitan judicializar la causa. Una de las pruebas aportadas por los extrabajadores del Consorcio, en calidad de testigos, ha sido precisamente el acta notarial que firmaron el 17 de abril de 2024 en la que acertaron la adjudicación de las dos plazas portuarias, según ha podido confirmar Levante-EMV.

También llamaba la atención tanto en la convocatoria de las dos plazas en la Autoridad Portuaria como en el Ayuntamiento de València las exigencias específicas en las convocatorias de las plazas. "Parecían convocadas exprofeso para determinadas personas, con requisitos como diez años de antigüedad en tareas de contabilidad..." Según las mismas fuentes, "en una convocatoria de empleo público lo habitual es solicitar requisitos más genéricos para que la concurrencia sea pública y variada, lo que no es normal es que sea tan específico, como diseñado para un determinado perfil".

Un detalle que también se ha revelado en el Juzgado de lo Social 8 de València, en el que se dirime la validez laboral de una de las plazas, y en el que la exjefa de Recursos Humanos de la APV ha responsabilizado a Mar Chao, presidenta de la APV, de la confección de las bases del proceso selectivo de las dos plazas cuestionadas, una situación también muy inusual, como le advirtió la responsable de personal.

Las dos plazas adjudicadas en el Puerto fueron firmadas por la presidenta de la APV, Mar Chao, el 26 de abril de 2024. Nueve días antes, un grupo de extrabajadores del Consorcio València 2007 acudió a una notaría de València para levantar acta notarial y dejar constancia de los nombres de las futuras adjudicatarias de las vacantes. En las actas dejaron por escrito su “firme convencimiento” que para las mencionadas plazas acabarían seleccionadas las entonces trabajadoras del Consorcio València 2007, Manuela Gras y Alicia Gimeno, como finalmente ocurrió.

La Fiscalía Anticorrupción abrió el pasado 14 de abril diligencias de investigación penal por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionado con la recolocación de trabajadores del liquidado Consorcio Valencia 2007 en fundaciones municipales y el Puerto de València. Una denuncia presentada por el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València que apuntaba a la presunta intervención de la alcaldesa de València, María José Catalá, así como las concejalas de Deportes y Turismo, Rocío Gil y Paula Llobet, además de la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos –Manuela Gras, Alicia Gimeno, Enrique Móner y Esther Pérez– por los mismos hechos.

Cabe recordar que la denuncia por presunto tráfico de influencias y prevaricación de Compromís está ahora en fase de diligencias de investigación penal (DIP), una fase previa que puede realizar en solitario la Fiscalía, por plazo de seis meses que, en el caso de Anticorrupción puede prolongarse hasta los doce meses. Una vez superado este plazo, el Ministerio Público puede presentar denuncia ante un juzgado o solicitar el archivo de las diligencias.

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