Violencia en la Roqueta: el ayuntamiento se parapeta tras la Policía Nacional y los vecinos se desesperan

La escala de violencia provocada por un nutrido grupo de aparcacoches en el barrio de la Roqueta ha desembocado en una ronda de reuniones entre vecinos y administraciones públicas. Hace unos días, representantes de la asociación vecinal se reunieron con el subdelegado del Gobierno –y en el último tramo del encuentro con la delegada Pilar Bernabé– para reclamar un refuerzo en la seguridad, algo que se les prometió. La Policía Nacional lleva meses supervisando los puntos calientes donde se registran más coacciones y agresiones a residentes, comerciantes y turistas, pero la idea es incrementar el operativo. Los agentes instaron además a hacer mayor uso del AlertCops y respaldaron la instalación de cámaras como en Orriols, aunque esto último no es de su competencia.

Hoy, miembros del citado colectivo vecinal se han sentado con los concejales Jesús Carbonell (Seguridad Ciudadana y Movilidad), Juan Giner (Urbanismo), Carlos Mundina (Limpieza) y Julia Climent (Participación ciudadana) para abordar diferentes cuestiones, pero con el problema de los aparcacoches como eje central. Cabe recordar que, tal como contó Levante-EMV, el crecimiento de los niveles de delincuencia y hostilidad en las calles se ha trasladado al consultorio auxiliar y los sanitarios del barrio se han visto obligados a cerrarse bajo llave para no lidiar con varones exaltados que exigen recetas de opioides o psicótropos.

Desde el Ayuntamiento de València han explicado que la Policía Local ya está colaborando con el Cuerpo Nacional de Policía en el plan de choque contra la inseguridad ciudadana del barrio, y han recordado que la seguridad ciudadana es competencia de CNP, mientras que los agentes municipales tienen entre sus funciones la cooperación y auxilio. Para ampliar la colaboración policial, Carbonell ha informado a los vecinos que “el ayuntamiento pide autorizaciones para que los policías locales puedan ir de paisano en determinados operativos, pero que la Delegación del Gobierno se las deniega sistemáticamente”. El gobierno municipal vuelve a descargar cualquier responsabilidad a su homólogo a nivel estatal, algo que viene siendo recurrente y que alimenta el choque político entre la alcaldesa María José Catalá y la delegada Pilar Bernabé, con el segundo partido de la ciudad, Compromís, excluido de la conversación.

Además del trabajo de colaboración policial, los concejales han informado a los vecinos que hay una actuación constante de los servicios de limpieza en el barrio de La Roqueta y que la Unidad de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Local realiza patrullas continuas para evitar la actividad de los aparcacoches. En relación a la Ordenación Regulada del Aparcamiento (ORA), Movilidad ha dicho que se estudiará la conversión de zonas azules en naranjas para atender las necesidades vecinales. Sobre las actuaciones urbanísticas, el concejal Juan Giner ha recordado a los vecinos que el gobierno municipal ha impulsado los proyectos de Avenida del Oeste y la calle San Vicente, además de la plaza San Agustín. Finalmente, los concejales han reivindicado su gestión y se han mostrado abiertos a mantener abierta la línea de diálogo, descartadas las medida concretas e inmediatas tras dos horas de reunión.

El optimismo de los ediles contrasta con la desesperación de los vecinos, que califican de fallida esta cumbre interconcejalías. El presidente de la asociación, Miguel Sánchez, lamenta que el área de Movilidad no quiera repintar el estacionamiento regulado, convirtiendo las zonas naranjas en verdes, exclusiva para residentes. En su opinión, la enorme rotación en torno al aparcamiento naranja atrae a los aparcacoches y sería uno de los factores que ocasiona el repunte de violencia, sin embargo, el concejal Carbonell insiste en que el sistema de preeminencia verde o no está suficientemente monitorizado –como les dijo a los vecinos del Cabanyal– o directamente no funciona –como les ha dicho a ellos, en base a los datos extraídos de la Petxina–.

Sobre la dotación policial, los vecinos argumentan que la teórica coordinación entre cuerpos no está funcionando, y se remiten a las agresiones de los últimos días, como el intento de robo al dependiente de una tienda de móviles. En el barrio reclaman una actuación más estructural que disuasoria para atajar el problema de raíz, ya que desde el verano pasado permanece enquistado.

Esa solución estructural pasaría, consideran, por el rediseño del estacionamiento y la renaturalización de ciertas zonas conflictivas, con menor paso de coches y más peatonalización. En este último punto el concejal de Urbanismo ha explicado que están pendientes de ejecución un plan especial aprobado en los presupuestos Decidim, así como las mencionadas obras en el eje San Agustín, Avenida del Oeste, San Vicente. No obstante, la última tendrá que esperar a la reurbanización de Colón.

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