El Ayuntamiento de València denuncia ante la Generalitat la piscina de Alboraia investigada por la justicia

El Ayuntamiento de València ha llevado a la Generalitat Valenciana la construcción irregular en su término municipal de una piscina pública por parte del Ayuntamiento de Alboraia. Un juzgado ya investiga por la vía penal la actuación y mantiene imputados al alcalde del consistorio de l'Horta Nord, Miguel Chavarria, su concejal de Urbanismo, Ana Bru, y el exalcalde de València, Joan Ribó. En ese contexto, y tras comprobar la irregularidad, la concejalía de Urbanismo ha informado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio para la posible apertura de un expediente de restauración de la legalidad.

La agencia, dependiente de la Conselleria Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, es la encargada de resolver las infracciones urbanísticas en suelo no urbanizable como obras sin licencia o que incumplen las determinaciones fijadas por el planeamiento urbanístico. En este caso, la piscina municipal impulsada por el Ayuntamiento de Alboraia para ampliar la Ciutat de l'Esport, erigió la instalación en terrenos que estaban pendientes de segregación para ser incorporados a su término municipal. Un proceso que no finalizó en su momento -sigue pendiente, de hecho-, por lo que técnicamente los terrenos pertenecen al municipio de València, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los grafía como suelo no urbanizable.

Al empezar a investigar un juzgado, se hizo pública la irregularidad y el consistorio del Cap i Casal llevó a cabo una inspección que confirmó lo evidente: la construcción de la piscina en un suelo perteneciente al municipio de València y, por tanto, en terrenos donde no se podía construir. De manera que elevó el asunto a la agencia autonómica, que tendrá que incoar, en su caso, el expediente de restauración de la legalidad.

Este proceso obligaría a ajustar las obras ejecutadas a las condiciones urbanísticas exigidas, aunque en este caso resultaría complicado, así que la normativa también contempla la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmentetrate. Con todo, desde el consistorio de Alboraia niegan haber recibido comunicación alguna del organismo autonómico.

La investigación del juzgado

El juzgado de Instrucción 19 de Valencia ya investiga posibles responsabilidades penales de los principales responsables de ambos consistorios cuando se produjo la actuación. Aunque la Fiscalía solicitó el archivo de la causa, al considerar que se trataba de una mera infracción administrativa, las dos acusaciones insisten en que hubo delito porque los munícipes actuaron a sabienda de la irregularidad. Siguiendo esa línea argumental, la no apertura de un expediente de restauración de la legalidad al conocer las circunstancias podría haber tenido también consecuencias, por lo que la concejalía de Urbanismo ha querido curarse en salud.

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