El juez de la piscina de Alboraia, ante la "contradictoria" defensa de Ribó

El juez que investiga la construcción irregular de una piscina municipal de Alboraia en término municipal de València tiene ahora ante sí una nueva pieza que puede servir de indicio después de conocerse que el Ayuntamiento del Cap i Casal ha denunciado ante la Generalitat Valenciana la presunta infracción urbanística. La decisión de la concejalía de Urbanismo de València, que dirige Juan Giner, pone en evidencia la inacción del consistorio durante el pasado mandato y puede resultar contradictoria con la propia defensa del que fuera alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

La piscina municipal impulsada por el Ayuntamiento de Alboraia para ampliar la Ciutat de l'Esport, erigió la instalación en terrenos que estaban pendientes de segregación para ser incorporados a su término municipal. Un proceso que no finalizó en su momento -sigue pendiente, de hecho-, por lo que técnicamente los terrenos pertenecen al municipio de València, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los grafía como suelo no urbanizable.

Tras conocerse la investigación que seguía en el juzgado sobre la posible ilegalidad, constatada por los funcionarios que han declarado y los propios informes técnicos, el departamento de Urbanismo del Cap I Casal efectuó una inspección que confirmó la posible irregularidad, por lo que como desveló este diario, elevó el asunto a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, encargada de iniciar los procedimientos de restauración de la legalidad en terrenos no urbanizables, que pueden acabar en la demolición de las instalaciones o incluso la imposición de sanciones.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de València explicita su consideración de que las obras en cuestión habrían podido infringir el ordenamiento urbanístico. De hecho, la inacción de la administración municipal tras tener conocimiento de los hechos podría haber conllevado también responsabilidades para el gobierno que encabeza María José Catalá. Pero con ello se abre la pregunta de por qué no se había iniciado antes.

En ese sentido, una de las acusaciones personadas, la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción, ha instado al juez a solicitar la denuncia y las actuaciones emprendidas por la agencia autonómica porque, señala en el escrito al que ha tenido acceso este diario, "podrían resultar contradictorias con la versión de los hechos que en esta causa sostiene el letrado del Ayuntamiento" en defensa del exalcalde Joan Ribó, que en su declaración aseguró que no conoció el proyecto en su momento y que las competencias urbanísticas las tenía delegadas en concejales socialistas.

La inacción ante la infración urbanística es, de hecho, uno de los quids de la investigación en la que el juez mantiene imputados tanto al alcalde del consistorio de l'Horta Nord, Miguel Chavarria, su concejal de Urbanismo, Ana Bru, y el exalcalde de València. Aunque la Fiscalía solicitó el archivo de la causa al considerar que se trataba de una mera infracción administrativa, las dos acusaciones personadas insisten en que hubo delito porque los munícipes actuaron a sabienda de la irregularidad.

Así pues, el juez deberá examinar la contradicción que supone para el consistorio del Cap i Casal iniciar acciones contra las obras en cuestión mientras la Abogacía consistorial defiende la legalidad de la pisicina.

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