Turismo
Sabotean una veintena de apartamentos turísticos en Malilla
La asociación lamenta la falta de apoyo institucional de Turismo y pide un trato equitativo para las viviendas turísticas legales

Una de las cerraduras taponadas con pegamento. / Levante-EMV
J. P.
La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana, AVAEC, ha denunciado los últimos actos vandálicos sufridos por apartamentos turísticos legales en València, concretamente en el barrio de Malilla. Según la información aportada por los afectados, en los últimos días se han producido sabotajes en una veintena de bajos de este barrio, con cerraduras inutilizadas con silicona o pegamento, pintadas, pegatinas y daños en accesos, hechos que "incluso habrían afectado a bajos residenciales donde viven vecinos". Los afectados también han denunciado gastos de reparación, incidencias con huéspedes y el daño reputacional, dice la asociación
En consecuencia, AVAEC condena de forma tajante cualquier acto de intimidación, señalamiento o violencia contra viviendas turísticas legales, propietarios, gestores, huéspedes o vecinos. “Una cosa es debatir el modelo turístico y otra muy distinta es sellar cerraduras, pintar fachadas, intimidar a huéspedes o señalar viviendas legales. Eso no es activismo: es coacción, es daño y es miedo”, ha manifestado Pilar Giner, presidenta de la entidad, que considera especialmente grave la "falta de una respuesta pública contundente por parte del gobierno municipal de València".
“Echamos de menos una condena clara, inmediata y sin matices. Cuando se atacan negocios legales, el silencio institucional no es neutralidad; es un mensaje devastador para quienes cumplen la ley”, ha señalado Giner. “El gobierno municipal no puede mirar hacia otro lado mientras se normaliza el señalamiento de pequeños propietarios, autónomos y empresas locales que desarrollan una actividad legal”, añade.
AVAEC también lamenta la falta de apoyo institucional por parte de Turismo al sector de la vivienda turística. A su juicio, "debe defender a todo el ecosistema turístico, no solo a una parte. Las viviendas turísticas legales forman parte de la oferta turística de la Comunitat Valenciana y merecen respeto, interlocución y protección institucional. No pedimos privilegios; pedimos el mismo trato que cualquier otra actividad económica legal”, ha enfatizado Pilar Giner.
Sentencia del Supremo
En este sentido, la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana, AVAEC, ha valorado "con profunda indignación" la sentencia del Tribunal Supremo que estima parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024 y anula las previsiones relativas al procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y a la obligación de inscripción en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles para poder obtener un número de registro que permitiera ofertar alojamientos de corta duración en plataformas en línea.
Para AVAEC, la resolución judicial confirma una realidad que el sector viene denunciando desde hace años: la deficiente producción normativa en materia de vivienda turística está generando inseguridad jurídica, costes injustificados y un daño directo a quienes cumplen la ley. “La sentencia nos produce alivio, pero sobre todo indignación”, ha señalado Pilar Giner. “Alivio porque el Tribunal Supremo pone límites a una norma mal planteada; indignación porque, una vez más, se ha sometido al sector a incertidumbre, cargas administrativas y temor regulatorio, sin que nadie asuma después ninguna responsabilidad por los daños causados”.
La asociación recuerda que el Tribunal Supremo no cuestiona la necesidad de coordinación, información o transparencia en el mercado de los alojamientos de corta duración. De hecho, la sentencia mantiene la validez de la regulación relativa a la Ventanilla Única Digital, la transmisión de datos por plataformas y el tratamiento estadístico. Lo que anula es la creación de un procedimiento único estatal de registro que, según la propia sentencia, excedía de la competencia estatal y se superponía a registros autonómicos ya existentes.
“Este no es un problema técnico menor. Cada norma mal hecha tiene consecuencias reales: operaciones paralizadas, inversiones frenadas, costes de adaptación, consultas jurídicas, miedo de los propietarios, pérdida de competitividad y un deterioro permanente de la imagen pública del sector”, ha afirmado Giner. “Se legisla con enorme dureza contra la vivienda turística legal, pero cuando los tribunales corrigen esos excesos nadie pide disculpas, nadie repara el daño y nadie explica por qué se ha obligado al sector a vivir en una inseguridad permanente”.
AVAEC insiste en que el sector no se opone a la regulación. Al contrario, reclama desde hace años normas claras, proporcionadas y eficaces contra el intrusismo. Pero rechaza que la vivienda turística legal sea utilizada como "chivo expiatorio de problemas complejos de vivienda, urbanismo y modelo turístico". “Regular sí; improvisar, duplicar trámites y alimentar el señalamiento social, no”, ha declarado Pilar Giner. “La Administración debe distinguir entre quien cumple la normativa, paga impuestos, registra huéspedes, mantiene viviendas en condiciones y genera actividad económica local, y quien actúa al margen de la legalidad. Meter a todos en el mismo saco es injusto, ineficaz y profundamente irresponsable”.
“No puede haber regulación seria sobre la base del prejuicio”
Para AVAEC, la sentencia del Tribunal Supremo debe abrir una reflexión seria sobre la forma en que se está legislando en materia de vivienda turística. La asociación reclama diálogo real con el sector, evaluación previa de impacto económico y jurídico, coordinación entre administraciones y responsabilidad política cuando se aprueban normas que después son corregidas por los tribunales.
“Lo que no puede hacerse es aprobar normas desde el prejuicio, sin medir sus consecuencias, y dejar que el coste lo soporten siempre los mismos”, ha concluido Pilar Giner. “El sector de la vivienda turística legal necesita seguridad jurídica, respeto institucional y protección frente al vandalismo. No se puede exigir cumplimiento normativo a quienes están dentro de la ley y, al mismo tiempo, abandonarlos cuando son atacados”.
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