La ruinosa estación de Nazaret sale del limbo legal

El Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural ha registrado un requerimiento formal dirigido al Ayuntamiento de Valencia y a la Conselleria de Cultura donde rechaza el teórico limbo legal en el que se encontraba la estación de ferrocarril de vía estrecha (FEVE) de Nazaret.

La infraestructura, una joya de la arquitectura industrial ferroviaria de principios del siglo XX, está catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL) con la categoría de Monumento de Interés Local. Apremiado a intervenir por su estado de ruina, el Ayuntamiento de Valencia emitió un informe por escrito el pasado 8 de abril de 2026 ante el Síndic de Greuges en el que decía desconocer la titularidad del inmueble y, por tanto, se reconocía incapaz ordenar una ejecución o imponer multas coercitivas.

Sin embargo, según explican desde la citada asociación, el 15 de mayo de 2026 un contingente integrado por técnicos del propio Ayuntamiento de Valencia, agentes de la Policía Local y un representante formalmente acreditado de la propiedad privada accedió de forma conjunta y coordinada al interior de la estación en ruinas, tal y como fue informado por la Asociación de Vecinos de Nazaret.

Más tarde, el 20 de mayo de 2026, la Secretaría General de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana emitió una certificación oficial en el que consta explícitamente que sobre el monumento “se ha producido la transmisión de dicho inmueble recientemente”, figurando ya el nuevo adquirente en las matrices fiscales del Estado.

Ante este escenario, el Círculo por la Defensa del Patrimonio sitúa a las administraciones ante una disyuntiva legal. Si la compraventa se notificó previamente para respetar el derecho de tanteo, las instituciones podrían estar permitiendo que caducara el plazo para rescatar el edificio ocultándose al Síndic de Greuges. Si, por el contrario, la enajenación se realizó sin comunicación previa, podría haberse vulnerado el artículo 22.1 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV), situando la operación en un posible fraude de ley.

Según señalan en la asociación, el escrito registrado hoy opera jurídicamente como el "acto de conocimiento fehaciente" para la Administración. Desde este modo, comenzaría a correr el plazo preclusivo e improrrogable de seis meses para que la Conselleria de Cultura ejerza el derecho de retracto forzoso, subrogándose en la posición del comprador para adquirir el monumento por el mismo precio pactado en la transmisión opaca.

Ultimátum administrativo

Por todo ello, la asociación ha exigido la incoación inmediata del expediente de retracto e invoca el artículo 21 de la Ley 39/2015 , obligando al Ayuntamiento y a la Conselleria a contestar por escrito en el plazo de diez días para identificar el número de expediente y reconocer el límite de tres meses del que disponen para dictar una resolución expresa.

De mantenerse la “pasividad institucional” o de dejarse prescribir el plazo de seis meses para la “adquisición forzosa”, el Círculo advierte de que las conductas podrían incardinarse en presuntos delitos de prevaricación omisiva y una presunta falsedad en documento público, por la emisión de informes oficiales que presuntamente faltaron a la verdad ante el Síndic de Greuges.

Asimismo, desde la citada asociación patrimonialista señalan que cualquier intento de bloqueo o silencio administrativo activará automáticamente un recurso ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), cuyos inspectores cuentan con prerrogativas para auditar servidores, correos internos y derivar las actuaciones directamente a la Fiscalía Anticorrupción.

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