El TSJ admite el recurso de los vecinos y relanza el debate sobre la nueva normativa de pisos turísticos en València

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite el recurso de la Federación Vecinal de València contra la nueva normativa de apartamentos turísticos de València. Así mismo, pide al Ayuntamiento toda la documentación relativa a esta nueva norma, que entró en vigor el pasado lunes. Para Compromís, la judicialización de la norma de apartamentos supone un "fracaso" del equipo de Gobierno, al que le pide volver a la casilla de salida y adoptar medidas más restrictivas.

La normativa que entró en vigor el pasado lunes establece tres medidas principales: el número de plazas turísticas totales, ya sean de hoteles, apartamentos o viviendas turísticas (VUT), nunca podrá superar el equivalente al 8 % de los habitantes empadronados en todos y cada uno de los barrios y distritos de la ciudad. Solamente se permitirán apartamentos turísticos en bajos y primeras plantas y siempre por debajo del uso residencial, de manera que nunca podrán coexistir con viviendas al mismo nivel. La normativa les obliga también a disponer de acceso propio desde la vía pública independiente del de los vecinos. Y finalmente, solo se permitirán apartamentos en plantas bajas hasta un máximo del 15 % del total de locales de la manzana.

Pero la federación vecinal entiende que esta norma permite la apertura de nuevos apartamentos en barrios donde no los hay y además no regula las estancias temporales de más de 11 días ni garantiza un aumento de los controles en este sentido, por lo que presentó un recurso que finalmente ha sido admitido a trámite por la sección primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ.

Seguridad jurídica

Compromís per València considera “muy preocupante” que la nueva ordenanza de pisos turísticos impulsada por el gobierno de María José Catalá haya acabado judicializada. “La norma no lleva ni una semana en vigor y ya ha sido recurrida. ¿Es esta la seguridad jurídica de la que presumía ayer el concejal Marí Olano?”, se ha preguntado la portavoz del grupo municipal, Papi Robles.

La coalición valencianista ha recordado que la normativa “nace con enormes debilidades” y lamenta que, según las estimaciones urbanísticas realizadas, todavía permitiría la apertura de cerca de 5.500 nuevos apartamentos turísticos legales en la ciudad mientras más de 8.000 viviendas turísticas ilegales continúan funcionando sin control efectivo. Hasta 60 barrios podrían aumentar el número de viviendas de uso turístico con la nueva regulación de Catalá en una ciudad “ya totalmente saturada de esta oferta que expulsa al vecindario de sus barrios”.

Para la portavoz de Compromís, la situación evidencia “el fracaso de una normativa que intentaron vendernos como efectiva, pero que los propios barrios y el vecindario consideran insuficiente y llena de grietas”. La coalición valencianista recuerda que ya advirtió durante la tramitación de la ordenanza que el texto dejaba abiertas fórmulas encubiertas de turistificación, especialmente a través de los alquileres temporales de más de 11 días, y no garantizaba una protección real del derecho a la vivienda ni de la convivencia en los barrios más saturados.

Iniciativa de los vecinos

“Es muy significativo que sean las entidades vecinales las que acudan a la justicia porque el gobierno municipal no escucha. Los barrios llevan meses alertando de que la situación es insostenible mientras Catalá continúa gobernando a golpe de titular y propaganda”, lamenta Papi Robles. Para la formación valencianista, la judicialización de la ordenanza llega después de meses de “confusión, anuncios exagerados y falta de control real” sobre los apartamentos turísticos ilegales. Compromís recuerda que ya denunció públicamente que decenas de pisos presuntamente clausurados por el Ayuntamiento continuaban operando con normalidad.

Papi Robles considera que el gobierno municipal “ha intentado tranquilizar al lobby turístico mientras simulaba mano dura ante la ciudadanía”. La portavoz de Compromís advierte de que cuando miles de familias tienen problemas para acceder a una vivienda, “no puedes seguir dejando puertas abiertas a fórmulas que expulsan al vecindario de los barrios”.

El primer partido de la oposición entiende que València necesita una regulación “mucho más clara, valiente y efectiva”, con inspecciones reales, sanciones contundentes y limitaciones que prioricen el uso residencial frente a la explotación turística. “Los barrios dicen alto y claro que no pueden soportar más saturación turística. El problema es que Catalá sigue más preocupada por proteger el negocio que por proteger el derecho a la vivienda y la vida cotidiana de la ciudad”, advierte Robles.

Inseguridad jurídica

También el Partido Socialista, a través de la concejala Elisa Valía, ha denunciado la situación de inseguridad jurídica que ha provocado la normativa de apartamentos turísticos con la que María José Catalá “pretende engañar a los valencianos y valencianas”. “Como ya denunciamos desde el Partido Socialista, es una normativa que va a permitir la apertura de 5.400 pisos turísticos más en nuestra ciudad, muchos de ellos en barrios que ya tienen una clara saturación. Y esto ocurre porque María José Catalá es experta en construir sus realidades paralelas y porque ha decidido que no piensa gestionar la realidad que vivimos”, ha indicado la edil tras conocer la judicialización de la ordenanza.

La concejala socialista ha incidido en que Catalá es consciente de que ya hay más de 8.000 pisos turísticos operando ilegalmente en la ciudad de València, pero ha redactado una ordenanza “como si no existiesen". Además, "se ha negado categóricamente a aceptar propuestas del Partido Socialista para incrementar la inspección y aumentar las multas. En definitiva, ha rechazado sistemáticamente cualquier medida para poner coto al desmadre absoluto que impera en esta ciudad”, ha insistido.

Elisa Valía ha hecho referencia así a las mociones de los socialistas para crear un cuerpo de inspectores específico para controlar y sancionar los alojamientos turísticos ilegales de la ciudad así como para caducar todas las licencias de este tipo de pisos en viviendas, una medida que permitiría “poner orden” y recuperar viviendas y locales comerciales. “En lugar de eso, lo que ha hecho Catalá, es redactar una normativa que obvia que hay 8.000 apartamentos ilegales o que dice que en barrios completamente saturados como Ruzafa o Benimaclet aún caben más apartamentos. O que en las zonas ya saturadas y reconocidas como tal por el propio Ayuntamiento no se va a hacer absolutamente nada para atajar una actividad molesta para los vecinos y que está tensionando el precio de la vivienda”, ha incidido.

Giner se muestra sorprendido

Frente a esta idea, el edil de Urbanismo, Vivienda y Licencias en el Ayuntamiento de València, Juan Giner (PP), ha considerado este miércoles "muy sorprendente" que la Federació d'Assoacions Veïnals de la ciudad (FAAVV), haya presentado un recurso contra "la normativa más exigente de España" en materia de apartamentos turísticos.

Giner ha destacado que esta norma "pretende blindar que el 98 por ciento de las viviendas de la ciudad se destinen a uso residencial para las familias", al tiempo que ha resaltado que "cuando se aprobó una normativa que fomentaba la apertura de apartamentos en las plantas bajas --en el anterior mandato-- nadie presentó un recurso y nadie hizo una manifestación pública".

El responsable de Urbanismo ha subrayado que "València acaba de poner en marcha la normativa más exigente de España", una ordenanza que "convierte en misión casi imposible abrir un apartamento turístico en la ciudad". "Hemos pasado de la barra libre y el descontrol del anterior equipo de gobierno a la ordenación, el equilibrio y el cerco a la actividad ilegal. Con la nueva normativa, abrir un apartamento turístico en València se convierte en misión casi imposible", ha expuesto. "Con la moratoria que estaba vigente antes de la llegada de esta normativa que regula las Viviendas de Uso Turístico se rompió la tendencia de crecimiento que nos dejó la parálisis de la izquierda en el Ayuntamiento de València", añade.

Menos apartamentos

Así, ha apuntado que ahora hay 1.405 viviendas de uso turístico menos en el mercado que había antes de la moratoria. De 10.343 viviendas de uso turístico comercializadas en plataformas de alquiler en marzo de 2025, a 8.938 en marzo de 2026, ha detallado, al tiempo que ha expuesto que en el último año se ha registrado un descenso del 13,6 por ciento en el número de apartamentos turísticos.

Juan Giner también ha comentado que de las 117 alegaciones presentadas a la nueva normativa de viviendas de uso turístico, el Ayuntamiento estimó o incorporó al texto definitivo "las principales peticiones de la Federación de Asociaciones de Vecinos sobre las que dispone de plenas competencias: los ratios de saturación por barrios y distritos, el censo municipal público de alojamientos turísticos, el plan de inspecciones o los mecanismos de reversión de apartamentos a uso residencial, que ya estaban previstos o han quedado reforzados en la versión definitiva.

"Si había una normativa laxa en València sobre apartamentos turísticos es la que dejó la izquierda. Fueron Compromís y PSOE quienes modificaron la normativa para poder construir viviendas de uso turístico en lo que hasta entonces solo podían ser bajos comerciales", ha insistido el concejal.

Juan Giner ha reiterado que "entonces no se alegó contra esta medida que incrementó exponencialmente el número de apartamentos turísticos en todos los barrios de València" y que "además, imposibilitaba que en barrios como El Cabanyal se pudiera abrir una nueva peluquería o comercio de proximidad".

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