La Generalitat investiga si hubo infracción urbanística en la piscina de Alboraia judicializada

La Generalitat Valenciana ya está investigando si el Ayuntamiento de Alboraia cometió una infracción urbanística en la construcción de la nueva piscina municipal descubierta de la Ciutat de l'Esport. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio ha iniciado un proceso de "averiguación" sobre la legalidad del proyecto que el consistorio estrenó en 2023 después de que el Ayuntamiento de València informara de que lo habría hecho incumpliendo el ordenamiento urbanístico del Cap i Casal, que grafiaba esos terrenos como no urbanizables.

La agencia dependiente de la Conselleria Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio es la encargada de resolver las infracciones urbanísticas en suelo no urbanizable como parece ser este caso. El Ayuntamiento de Alboraia que dirige el socialista Miguel Chavarria erigió la instalación en terrenos que estaban pendientes de segregación para ser incorporados a su término municipal pero este proceso no está finalizado -de hecho sigue pendiente- por lo que técnicamente los terrenos pertenecen al municipio de València, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impedía construir allí.

Una querella impuesta por un particular inició una investigación judicial que mantiene imputados tanto al alcalde del municipio de l'Horta Nord y la concejala de Urbanismo, Ana Bru, como al exalcalde de València, Joan Valencia, que según el denunciante y otra acusación popular, actuaron a sabiendas de la irregularidad. Ribó declaró en el juzgado que desconocía ese proyecto y que él no tenía competencias en urbanismo.

Tras hacerse pública la investigación, el gobierno municipal que dirige María José Català abrió expediente e informó de la posible infracción a la agencia autonómica, tal como publicó este diario. Ahora, el asunto está allí en "fase de averiguación" previa a la incoación, en su caso, de un expediente de restauración de la legalidad, según han confirmado fuentes internas.

El juez pide los expedientes

Mientras, en la causa judicial, una de las acusaciones personadas, la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción, instó al juez a solicitar la denuncia del Cap i Casal y las actuaciones emprendidas por la agencia autonómica porque "podrían resultar contradictorias con la versión de los hechos que en esta causa sostiene el letrado del Ayuntamiento" en defensa del exalcalde Joan Ribó.

El magistrado accedió y el pasado viernes pidió la documentación a ambas administraciones. Sin embargo, la defensa de Ribó ha impugnado la decisión al considerar que estos expedientes de restauración de la legalidad no aportan "nada" a los presuntos hechos investigados, que no tendrían ninguna vinculación con el exalcalde, insiste el letrado en el recurso de reforma al que ha tenido acceso este diario.

En el escrito, el abogado del Ayuntamiento de València asegura que la acusación "no ha sido capaz de señalar ni una sola contradicción" de Ribó. Señala que la investigación ha conseguido acreditar que la construcción de la piscina fue una "situación anómala" sobre la que habrá que determinar si "puede constituir una ilegalidad" pero en ningún caso habría sido cometida por el exalcalde, que dijo ser ajeno al proyecto. Por ello, aduce que la acusación pública busca prorrogar la investigación "de manera artifical" contra "determinadas personas que ejercen o han ejercido cargo público". Un "fin espurio", dice para señalar un posible "conflicto de intereses" del letrado de la acusación, Víctor Soriano, por su cargo de asesor del PP en el Senado.

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