La Policía Local pide por carta el desalojo de la acampada docente apoyándose en la ordenanza de Parques y Jardines

La Policía Local remitió ayer a la Delegación de Gobierno una carta solicitando la “intervención ante la concentración con acampada no autorizada en la plaza de la Virgen”.

En su misiva, a la que ha accedido Levante-EMV, la Policía Local explica que, según las informaciones recabadas, los integrantes de la acampada habrían participado en las distintas movilizaciones relacionadas con el ámbito educativo que vienen celebrándose en el municipio. Y hace constar que entre los días 4 y 7 de junio está prevista la celebración de los actos correspondientes al Corpus Christi en la Plaza de la Virgen y calles adyacentes.

Los agentes municipales señalan que para el correcto desarrollo de los citados actos resulta imprescindible iniciar, “sin demora”, el montaje de las infraestructuras y elementos necesarios desde el día 2 de junio, dado que la falta de instalación en los plazos previstos imposibilitaría la celebración de la programación autorizada.

Asimismo, los agentes añaden la cronología del montaje de las infraestructuras para la correcta celebración de los actos, desde la instalación de andamios el 3 de junio a las 8 horas, hasta la instalación del monumento floral el 6 de junio a las 8 horas en la Plaza de Manises y seis ubicaciones más.

La Policía Local señala igualmente en su carta a la Delegación del Gobierno que, a partir del día 5 de junio y durante diversas franjas horarias, permanecerán expuestas en la Plaza de la Virgen las tradicionales Rocas del Corpus, piezas históricas de carácter único y de extraordinario valor patrimonial, artístico e histórico, “cuya adecuada protección y conservación resulta prioritaria”.

Y recuerda que las actividades de pernocta y acampada en espacios públicos no habilitados "se encuentran prohibidas por el artículo 32 de la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines". Dicha ordenanza es la que permitió a la Policía Local desalojar las tiendas del jardín del Turia o el Parc Central, por ejemplo.

Por todo ello, el cuerpo policial del Ayuntamiento de València solicita en la misiva remitida ayer la adopción de las medidas oportunas y “la intervención que proceda con la mayor celeridad posible”, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la protección del patrimonio cultural expuesto y el normal desarrollo de los actos programados con motivo de la festividad del Corpus Christi.

Competencia municipal

En su respuesta, el subdelegado del Gobierno ha afianzado por escrito lo que ha venido manifestando la delegada Pilar Bernabé desde ayer, en su enésimo choque con la alcaldesa de València. José Rodríguez señala que, en cuanto a actuaciones sobre acampadas, las ordenanzas del Ayuntamiento de València establecen que la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal (artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público municipal). Y que la pernocta y la acampada en espacios públicos no habilitados están prohibidas por el artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines –como la propia Policía Local recoge–.

Asimismo, resalta que en el campo de la actuación por parte de la Delegación de Gobierno, y en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana es clara: “Se procederá a disolver las reuniones cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, según lo establecido en el artículo quinto de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión”.

Actuación de apoyo

Ante la posibilidad del levantamiento del campamento en la vía pública, responde el subdelegado, la Policía Nacional actuará como siempre, en coordinación con la Policía Local, garantizando la seguridad de los servicios de recogida y limpieza que retiren las estructuras, “como se ha hecho anteriormente en numerosas ocasiones”.

Finalmente, en su respuesta manifiesta que el desalojo forzoso de acampadas conlleva un alto riesgo de altercados graves y enfrentamientos físicos, por lo que acometer medidas como ésta “deben ponderarse y evaluarse por la parte técnica de los cuerpos policiales antes de ordenar emprenderlas”.

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