La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de València por la destrucción de la Alquería de Volante

La Fiscalía Provincial de València ha incoado diligencias penales contra el Ayuntamiento por la destrucción de la Alquería de Volante, tras la denuncia y el expediente presentados por el presidente de la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, a título personal, al apreciar que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico de los artículos 323 y 324 del Código Penal.

La resolución de la Fiscalía sitúa en el punto de mira la gestión de la administración local. En el apartado tercero del decreto de incoación de diligencias, el Ministerio Fiscal señala que «la persona identificada como sospechosa es el Ayuntamiento de Valencia». Tras comprobar en la aplicación del sistema judicial que no existe ningún procedimiento judicial previo en marcha por estos hechos, la Fiscalía ha decidido activar la vía penal preprocesal.

En el marco de estas diligencias penales, la Fiscal investigadora ha acordado, como primera medida, oficiar de manera directa al Ayuntamiento de Valencia para exigirle un informe de rendición de cuentas sobre la situación de la alquería. En concreto, el consistorio valenciano se ve obligado legalmente a certificar ante la Fiscalía:

Si se trata de un inmueble protegido y cuál es su nivel de protección exacto. Si es de propiedad municipal y la fecha exacta de su adquisición. El estado actual de conservación del monumento y las medidas concretas que se adoptaron (o se omitieron) para evitar su deterioro.

De la Lista Roja a la Lista Negra

Desde el Círculo por la Defensa del Patrimonio recuerdan que la intervención de la Fiscalía es el desenlace de un largo e infructuoso historial de alertas y denuncias sistemáticamente desatendidas por el consistorio. El calvario de la Alquería de Volante se aceleró tras sufrir un grave incendio que comprometió su estabilidad estructural. Según explican en la citada asociación, pese a que los propios técnicos municipales advirtieron formalmente de la "amenaza de ruina inminente" desde principios de 2024, el Ayuntamiento de Valencia se negó a colocar los apeos, puntales y vallados de seguridad urgentes que habrían evitado el colapso material del edificio. Cerró el expediente sin actuar en la alquería.

Esta pasividad institucional provocó que la asociación Hispania Nostra incluyera el inmueble en su "Lista Roja". Ante la falta de respuestas, el deterioro avanzado culminó en el desplome definitivo de la edificación. Como consecuencia de esta pérdida irreversible, la Alquería de Volante pasó oficialmente a la "Lista Negra" de Hispania Nostra, convirtiéndose en el primer monumento de la ciudad de Valencia en ingresar en este registro de bienes destruidos por abandono.

A este historial patrimonial se suma el varapalo de la Sindicatura de Greuges, que emitió una Resolución de Cierre tras certificar lo que calificó como una "desatención contumaz" y rebeldía del Ayuntamiento de Valencia respecto a las recomendaciones de protección dictadas por dicha institución desde noviembre de 2024, abriendo la puerta a que la entidad cultural acudiera a los tribunales.

Según argumentan desde el Círculo por la Defensa del Patrimonio, el requerimiento judicial desmonta la estrategia sostenida por el Ayuntamiento de Valencia, donde el Servicio de Patrimonio, cuyo máximo responsable es Juan Manuel Badenas, “intentó eludir responsabilidades” alegando la complejidad del suelo ferroviario de ADIF o una supuesta "antieconomía" para acometer la reconstrucción fiel que exige la legislación urbanística en casos de destrucción de bienes catalogados.

Al abrirse la vía penal, los responsables municipales deberán responder ante una fiscal que investiga la destrucción por omisión de un bien que el propio Decreto reconoce inventariado en el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia (código PAT EPA 15.02) y con nivel de protección 2.ª en el PGOU.

"Dejaron morir el edificio"

Para el Círculo por la Defensa del Patrimonio, “la apertura de las diligencias penales es un paso adelante fundamental que demuestra que la denuncia del tejido asociativo está plenamente fundamentada”. Y añaden: “No estamos ante un juicio ni ante una condena, pero el hecho de que el Ministerio Fiscal aprecie indicios de un posible delito contra el patrimonio e incoe una investigación penal formal, situando al Ayuntamiento de Valencia como la entidad investigada, es un hito de enorme trascendencia”.

“Hemos aportado a la Fiscalía un expediente muy sólido que acredita que el Ayuntamiento de Valencia conocía perfectamente el riesgo de derrumbe tras sufrir un incendio, pero prefirió ignorar las recomendaciones del Síndic de Greuges y dejó morir el edificio a sabiendas hasta provocar que Valencia estrene su casilla en la Lista Negra de Hispania Nostra. La vía penal que ahora se abre obligará al consistorio a rendir cuentas de forma rigurosa ante una Fiscal; las evasivas y excusas que hasta ahora nos ha ofrecido a nosotros o al Síndic, o las justificaciones estrictamente económicas ya no bastan cuando lo que se está investigando de forma oficial es la pérdida irreversible de un bien catalogado”.

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