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Ruido

La suspensión de la distancia de 30 metros entre terrazas enfrenta a hosteleros y vecinos

Mientras los empresarios celebran que "no se prohíba la apertura de negocios por si acaso", los vecinos se muestran "desolados" ante el dictamen

Imagen de archivo de terrazas en Russafa

Imagen de archivo de terrazas en Russafa / Miguel Angel Montesinos

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Marina Falcó

Marina Falcó

València

La batalla contra el ruido en la ciudad de València tiene muchos frentes abiertos y se pelean en los tribunales. Si este fin de semana se suspendía la segunda jornada del Festival de Les Arts por haber superado los límites acústicos, sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia mediante, este lunes se ha conocido que el Tribunal Supremo respalda una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que rechazaba un recurso del Ayuntamiento de València y que tumba la limitación de la distancia mínima de 30 metros entre locales de ocio y, por sonsiguiente, de las terrazas en la vía pública que puedan solicitar estos establecimientos.

Esta acotación, aprobada en junta de gobierno durante el mandato municipal de Compromís y PSPV, quedó plasmada en una ordenanza de protección contra la contaminación acústica de la ciudad que se puso en marcha en abril del año 2023. Ahora, tres años después, el Alto Tribunal estima que esta medida diseñada para evitar la saturación acústica puede suponer una restricción al acceso a una actividad económica o su ejercicio, y asegura que esa potestad "debe estar sujeta a un mínimo de motivación y justificación de las medidas que adopta".

Cabe destacar que esta derogación afectaría a todos los barrios de la ciudad menos a los que tienen una declaración especial como Ciutat Vella, con un Plan Especial de Protección, y las declaradas Zonas Acústicamente Saturadas que se rigen con un marco regulatorio propio.

El espaldarazo del Tribunal Supremo ha sido recibido con satisfacción por el gremio de la hostelería que celebra que no se tomen "medidas 'por si acaso', eso hay que dejarlo atrás", explica Vicente Pizcueta, portavoz de la plataforma Coordinadora de Hostelería de los Barrios de València. "Esta sentencia pone el foco sobre la adopción de medidas preventivas contra las pymes, una anomalía jurídica y democrática para una empresa que cumple con sus obligaciones" y es que para Pizcueta "no se puede prohibir poner un negocio 'por si acaso' hace ruido" sino que el problema del bullicio en la ciudad debe abordarse con mediciones e identificando los focos reales de sonido.

Para la coordinadora es un "logro importante" que el Supremo ratifique "la creación de empleo" eso sí, matizan, "compaginándolo con el descanso de los vecinos".

Los vecinos, "desolados"

Precisamente los vecinos han recibido la resolución del Tribunal Supremo como un jarro de agua fría. "Estamos desolados", resumen desde la Federació d'Associacions Veïnals de València. La pronunciación judicial es, según aprecian desde la federación, una muestra más de que "últimamente los jueces está rozando la línea de las capacidades regulatorias de la Administración" en referencia a las recientes sentencias que acaban dictaminando qué se puede y qué no se puede hacer en materia de ocio en la ciudad.

"Cada vez más, los vecinos acaban recurriendo a los juzgados para resolver este conflicto (en referencia a la confrontación entre el uso residencial y el terciario de la urbe) porque en València hemos tenido desde hace varios gobiernos, una normativa muy generosa con la hostelería y hotelería permitiendo una excesiva zonificación", es decir, demasiada concentración de locales de ocio en barrios muy concretos, para muestra hacen referencia a las 5 ZAS que hay en València. Tampoco ayuda la "directiva europea que habla del derecho a la libre empresa y esa es la coartada en la que se basan los abogados de los hosteleros para darle la vuelta a la tortilla" y conseguir resoluciones como la del Supremo. "Es un error", sentencian para añadir que "quizás los ayuntamientos deberían mejorar la técnica a la hora de elaborar ordenanzas porque no pueden ser tan vulnerables en el momento de equilibrar la vida residencial y la terciaria", exponen en referencia al gran debate del ruido.

Para las asociaciones vecinales la cuestión de los decibelios tiene un trasfondo más profundo: las ciudades como objetos de consumo. "¿Cuál es el modelo de ciudad al que aspiramos?", reflexionan. Porque en su opinión "la ciudad acabará siendo un decorado" del que se expulsa a los residentes ya sea por la presión del ruido, la ocupación de la vía pública o la de los apartamentos turísticos.

Con respecto a las terrazas se preguntan "cómo puede ser que la plaza del Tossal, en el barrio del Carmen, tenga un 70 % de ocupación de mesas y sillas" dejando, según exponen "el mínimo legal para el paso de peatones. Tenemos que poder disfrutar del ocio sin sentirnos rodeados de terrazas".

La sentencia del Supremo "es un despropósito porque al final lo que sucede es que mientras unos hacen caja -en referencia al sector hostelero- otros perdemos horas de sueño y salud".

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