El PP de Catalá 'contrataca' tras la investigación por enchufismo de Anticorrupción y rebusca en las auditorías de la era Ribó

A un año de elecciones, el ruido de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción le viene fatal a la alcaldesa de València, María José Catalá. Las indagaciones sobre presuntos enchufes de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, que afecta no solo a la primera edil del Cap i Casal sino a dos de sus concejalas y a la presidenta del Puerto de València, Mar Chao, no son una buena carta de presentación en una campaña y por eso Catalá ha emprendido dos líneas de defensa. La primera, la más obvia, insistir en la legalidad de los procesos. La segunda, habitual en estos casos, intentar medirse con la oposición, que en su momento reclamó la recolocación de los 11 trabajadores que quedaron en la calle con la disolución del organismo integrado por el Gobierno de España, la Generalitat y el Ayuntamiento.

En ese contexto, el equipo de la alcaldesa se ha puesto a rebuscar en las entrañas del antiguo consorcio para encontrar irregularidades bajo la dirección de Vicent Llorens durante la Alcaldía de Joan Ribó. Bien en su defensa ante la Fiscalía, bien como munición de réplica ante la opinión pública. Parece, sin embargo, que no ha podido encontrarlo en los cajones consistoriales pese a que el Ayuntamiento formaba parte del ente desde que se creó en 2003, por lo que ha tenido que acudir a la preciada colaboración de una figura de confianza de la dirigente 'popular', Alma Alfonso.

La diputada del PP en el Congreso, próxima a Catalá, ha prestado sus funciones en la cámara legislativa para las pesquisas de la alcaldesa de València y ha cursado una solicitud de informe al Gobierno para recabar, según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, copia íntegra de las auditorías realizadas al Consorcio Valencia 2007 durante la dirección de Llorens, hombre de Ribó en el ente, entre 2016 y 2023. Se pide no solo las versiones definitivas de estos informes, sino las copias provisionales, las alegaciones presentadas y las contestaciones realizadas. También los Planes Anuales de Auditoría o la justificación en caso de que el ente hubiera quedado excluido de estos, así como los informes complementarios de la Intervención.

La petición, que va dirigida al Ministerio de Hacienda, a la Intervención General o "en su caso, al órgano o entidad que haya asumido la custodia documental" del consorcio, se materializó el pasado 20 de abril, seis días después de que saltara la noticia de la investigación de Anticorrupción a la alcaldesa, que ante los medios se mostró "ansiosa" por colaborar con la Fiscalía y recalcó que "toda la corporación" tenía la voluntad de que estos empleados mantuvieran su condición de empleados públicos "dentro de lo que permite la ley".

Del convenio 'fantasma' a las plazas investigadas

En 2017, Llorens firmó con los sindicatos un convenio colectivo que contemplaba la subrogación de los empleados en el caso de que se produjeran cambios en el organismo pero el documento nunca se llevó a la autoridad laboral para su ratificación y consolidación, por lo que, cuando empezó la disolución del consorcio en 2022, una vez asumida la deuda del organismo por parte del Gobierno, puso en marcha un ERE y los empleados no pudieron acogerse a aquella disposición, que no había adquirido vigencia. En 2024, ya con Catalá al frente del consistorio, Compromís y PSPV pidieron la recolocación de los exempleados.

A las declaraciones de aquel momento de los concejales Ferran Puchades (Compromís) y Javier Mateo (PSPV) apela el gobierno de Catalá para justificar los tres procedimientos emprendidos en la Fundación Deportiva, que preside la concejala Rocío Gil, y la Fundación Visit València, presidida por Paula Llobet. Aunque insiste en que se hicieron arreglo a la normativa. Entre estas dos entidades y la Autoridad Portuaria de Valencia activaron al menos siete procedimientos administrativos para cubrir plazas directivas a los que se presentaron cuatro exempleados del Consorcio.

En el caso del Ayuntamiento, la Fundación Deportiva sacó dos plazas directivas y Visit Valencia, otras tres, una de las cuales acabó adjudicándose a uno de los exdirectivos del ente de La Marina y las otras dos fueron declaradas desiertas. El concejal de Grandes Proyectos Marí Olano se reunió con los trabajadores afectados por el ERE para proponerles que se presentaran y aseguró, según los audios que publicó eldiario.es, que los procesis tendrían garantías. "Han intervenido tres secretarios municipales (...) No quiero utilizar la palabra 'forzado', pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer y hasta aquí es donde yo creo que se ha podido llegar", les explicó: "Nosotros nos hemos movido dentro de donde nos podemos mover dentro del margen que nos permite la ley”, insiste más adelante".

En el caso del Puerto, son dos las plazas investigadas. Varios exempleados de La Marina 'adivinaron' ante notario quiénes iban a ser los adjudicatarios. Ante la Fiscalía Anticorrupción, declararon que era voxpopuli en la zona portuaria, de conocimiento público, "se comentaba en la zona de los almuerzos" tanto la convocatoria de las plazas como quiénes iban a ser las personas agraciadas. Para probarlo, presentaron el acta notarial que firmaron antes de la adjudicación: "Parecían convocadas exprofeso para determinadas personas, con requisitos como diez años de antigüedad en tareas de contabilidad".

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