Alquiler temporal, turismo ilegal y desokupación exprés: los negocios de un piso en Benicalap

Hay un piso en Benicalap que concentra muchos de los males de la vivienda, todos ellos relacionados con la especulación y sus derivadas. Desde el alquiler más rentable hasta la explotación turística ilegal pasando por los negocios que parasitan el mercado inmobiliario, como el de la desokupación.

La historia reciente de este piso ubicado en la calle Pere Delmonte i Hurtado, detrás de la comisaría del barrio, comienza el 9 de febrero de 2023, cuando los propietarios alquilan la vivienda a dos personas con un contrato de media estancia, por 11 meses de duración.

En diciembre, justo antes del vencimiento, los propietarios enviaron a sus arrendatarios un burofax para informar sobre la finalización del contrato y el necesario desalojo del piso, pero los inquilinos hicieron caso omiso y decidieron quedarse en el inmueble como morosos.

No solo eso, según las actas levantadas posteriormente por la Policía Local, los inquilinos habrían estado explotando el piso durante meses como apartamento turístico ilegal. En varias inspecciones, los agentes observaron que las habitaciones tenían cerraduras individuales con llave para ser alquiladas como alojamiento, y además detectaron que el piso se estaba anunciando en Booking como “the Peaceful Valencia Homestay”.

En una visita realizada el 28 de febrero de 2026, los agentes identificaron en el piso a un ciudadano de Naranjito, del cantón de Quepos –en Costa Rica–, que había reservado una habitación por una noche a través de una plataforma en internet. El acceso a las estancias, según registró la Policía Local, se realizaba mediante la aplicación Nuki.

La siguiente inspección fue el 10 de marzo de 2026, cuando la inquilina, de nacionalidad letona –su compañero de piso tenía pasaporte estadounidense– llamó a la Policía Local para denunciar que dos hombres no la dejaban acceder a su vivienda, y que estos hablaban en representación de la propietaria, ya dentro de la casa.

Los agentes constataron, tras acudir al inmueble, que los dos varones eran en realidad trabajadores de la empresa “Desocupa24horas”, contratados por la propietaria para recuperar el piso. La mujer que decía ser propietaria además aseguraba haber viajado desde Estados Unidos para personarse allí.

La empresa de desokupación se anuncia así: “Como empresa de desalojo de okupas en Valencia, contamos con los medios necesarios para que los inquilinos que no pagan abandonen el inmueble o se renegocie el contrato de alquiler. Nuestro procedimiento se basa en la mediación amistosa. Conseguimos el éxito en el 90% de los casos y, de no ser así, iniciamos los trámites para el desahucio por la vía legal”.

¿Mediación amistosa?

Para acceder, el jefe de la empresa de desokupación alquiló una de las habitaciones a través de Booking y, al realizar el pago, recibió el código de acceso a través de la citada app Nuki. Entró como cualquier turista y su mediación amistosa se tradujo en un bloqueo del acceso a quién había venido explotando ilegalmente el piso de Benicalap.

Eso ocurrió el 10 de marzo. Según el informe policial denominado "Diligencias a prevención por recuperación de vivienda", los agentes entraron “en la vivienda invitados” por el responsable de la empresa de desokupación, observando en el piso habitaciones con cerraduras para arrendar sin pertenencias de nadie, y un comedor que “sin consentimiento alguno” había sido convertido en una de estas habitaciones. El 11 de marzo se realizó el desalojo definitivo con la acción de la empresa que opera en un vacío legal y tras requerimiento de la Policía Local.

Burofax y contrato con desokupas

Dos meses más tarde, el 4 de mayo, el Ayuntamiento de València impuso a la propietaria una multa de 10.001 euros por una infracción grave recogida en la ley autonómica de Turismo. Pero a finales del mismo mes su abogado interpuso un recurso de reposición alegando que ella no tenía la posesión de la vivienda cuando fue explotada como alojamiento turístico ilegal.

Y para demostrar su tesis aportó una copia del contrato de arrendamiento de media estancia, justificantes de los pagos del alquiler realizados por sus inquilinos, el burofax enviado por la propiedad comunicando la finalización del arrendamiento, el contrato con la empresa de desokupación y el acta del 10 de marzo que certificaba la resolución del contrato y la entrega de llaves.

En el expediente municipal del caso se recoge textualmente que la vivienda fue recuperada "con intervención de la Policía Local y de una empresa de recuperación de inmuebles ocupados".

Multa perdonada

Finalmente, el 1 de junio, el servicio municipal de Procedimiento Sancionador acordó revocar y anular la multa de 10.001 euros impuesta a la propietaria del inmueble, “al no haber quedado acreditada, a la vista de los datos y documentos obrantes en el presente expediente, la comisión de los hechos y la responsabilidad de la persona expedientada, toda vez que no disponía, en el momento en que se levantó el acta-denuncia, de la posesión de la vivienda en la que se ejercía la actividad”.

Es decir, a un mismo piso de bloque residencial, le han sacado rédito en tres años los propietarios que lo alquilaron inicialmente por 11 meses, los inquilinos que han estado subarrendando ilegalmente a turistas y la empresa de desokupación que cobró por echar a los inquilinos. De la vivienda se aprovechan hasta los andares.