El secretario del ayuntamiento certifica que la plaza de Visit para un exempleado del consorcio 2007 era ilegal

Un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de València ha certificado que la plaza asignada en Visit València a un extrabajador del Consorcio València 2007 tras su disolución se hizo de forma irregular. Se trata de la única plaza de la que se responsabilizó la alcaldesa de València, María José Catalá, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por el presunto "enchufismo" de hasta siete personas en distintos organismos municipales y en la Autoridad Portuaria de València. De hecho, fue la propia alcaldesa la que pidió un informe de la Secretaría General que corroborara sus apreciaciones.

Pues bien, ahora ese informe, fechado el 5 de mayo y que no ha visto la luz pública hasta ahora, es clarificador: el extrabajador del Consorcio ya había perdido la condición de empleado público cuando fue contratado en Visit València, requisito imprescindible de la convocatoria.

Según el informe, el Consorcio le comunicó su despido el 16 de octubre de 2024, con efectos desde el 25 de octubre, el mismo día en que se celebraba el examen del proceso selectivo de Visit. El contrato, sin embargo, no se formalizó hasta el 21 de noviembre, cuando el aspirante ya no cumplía el requisito que exigían las bases de mantener la condición de empleado público hasta el momento de la firma. El secretario general, José Antonio Martínez Beltrán, certifica: la situación «contradice las bases de la convocatoria de un modo innegable», y concluye que tal contratación «debe reputarse nula».

Para Compromís, esto demuestra que sus denuncias en este sentido tenían razón, concretamente las expuestas por el concejal Ferran Puchades. "Catalá vendió como modelo de legalidad precisamente el caso que ahora su propio secretario le desmonta", señala Puchades. "Cada vez que la alcaldesa ha intentado defender este proceso, ha aparecido una nueva irregularidad que la contradice", afirma.

El informe valida el proceso

Desde el Ayuntamiento se acogen, sin embargo, a la legalidad de todo el proceso, certificada también en el informe del secretario, cuya conclusión es que no existió trato de favor en la contratación de un ex trabajador del Consorcio en Visit. El informe asegura que tampoco hubo discriminación ni intervención política en los procesos de selección analizados y que se actuó con transparencia, conforme a derecho y respetando los derechos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Entiende que el desajuste entre las fechas de contratación cuestionadas en el informe es una cuestión técnica. 

"El mismo documento que la oposición presenta como una condena concluye que no hubo trato de favor en ninguno de los expedientes examinados, que ningún extrabajador del Consorcio accedió a la Fundación Deportiva Municipal y que no consta participación de la Alcaldía ni de ningún concejal", resaltan desde el equipo de Gobierno. "De los cinco procedimientos analizados en el ámbito municipal, cuatro quedaron desiertos o sin presencia de personal del Consorcio. El único contrato cuestionado depende de un despido que está recurrido y pendiente de sentencia firme", añaden. "Lejos de ocultar nada, el Ayuntamiento trasladó el informe a la Fiscalía Anticorrupción el 13 de mayo —apenas ocho días después de su emisión— y facilitó la documentación a Compromís una vez finalizados los dos informes", corroboran.

En consecuencia, el Ayuntamiento de València lamenta la "lectura interesada y parcial que Compromís per València ha realizado del informe de la Secretaría General". "La única cuestión que el informe considera jurídicamente discutible afecta a un solo contrato y depende, en último término, de una resolución judicial que todavía no es firme", explican.

Para el consistorio, la objeción que plantea la Secretaría sobre ese contrato es estrictamente técnica y se circunscribe a una cuestión temporal: el aspirante seleccionado fue despedido por el Consorcio mediante un ERE con efectos del 25 de octubre de 2024, mientras que su contrato se formalizó el 21 de noviembre. No obstante, subraya dos extremos que "la oposición silencia".

En primer lugar, ese despido fue recurrido ante la jurisdicción social y está pendiente de sentencia firme. Si el despido se declarara nulo -como reclama la propia demanda sindical-, sus efectos serían retroactivos y la relación laboral se consideraría no interrumpida, de modo que el aspirante nunca habría perdido su condición y el contrato sería plenamente válido. "La nulidad que la oposición da por hecha es, por tanto, una hipótesis condicionada a una resolución judicial que aún no existe", dice.

En segundo lugar, y precisamente por lo anterior, "el propio secretario no ordena anular nada". "Recomienda de forma expresa esperar a la resolución judicial antes de adoptar cualquier medida. Presentar una opinión jurídica prudente y condicional como si fuera una sentencia firme es, sencillamente, faltar a la verdad", concluyen.

El informe añade, finalmente, que no ha podido acreditarse que el trabajador comunicara su despido a la fundación, por lo que la eventual irregularidad recaería sobre la actuación del propio aspirante y no sobre la institución ni sobre sus responsables.

Investigación de la Fiscalía

La plaza de Visit València es una de las siete que investiga la Fiscalía Anticorrupción desde que la coalición valencianista denunciara, el pasado febrero, a la alcaldesa Catalá, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, por presunta prevaricación y tráfico de influencias. A la denuncia se sumó después el concejal José Marí Olano, a raíz de los audios en los que ofrecía plazas a extrabajadores del Consorcio. Compromís sostiene que las convocatorias que investiga la Fiscalía bajo el paraguas del 'Caso Enchufismo' forman parte de una trama coordinada para recolocar personal del Consorcio en el momento de su liquidación.

Las otras dos plazas, en la Autoridad Portuaria, ya tienen causa judicial abierta: el juicio por una de las adjudicatarias se celebró el 19 de mayo en el Juzgado de lo Social número 8 de València, donde el extitular de Recursos Humanos del Puerto declaró que fue la propia presidenta Chao quien le facilitó las bases de los procesos, recuerda Compromís. "Tres organismos lanzaron convocatorias prácticamente idénticas en las mismas fechas, con requisitos tan concretos que solo encajaban con determinadas personas", añade Puchades. "Y un notario -a petición de otros trabajadores del Consorcio que fueron al paro- dejó constancia, antes de que se resolvieran los concursos, de quién los ganaría."

Para Compromís per València, "lo que pone de manifiesto el informe del secretario no es un error, sino la confirmación documental de la primera pieza de un engranaje que la Fiscalía investiga pieza por pieza". "Mientras unos trabajadores salían a la calle, a otros ya les tenían resuelto el futuro", resume Puchades. "Hoy sabemos, por boca del propio secretario del Ayuntamiento, que al menos una de estas contrataciones nunca debió haberse firmado."

Compromís ha anunciado que ha ampliado la denuncia ante Fiscalía con el informe del secretario municipal.

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