La promoción de 77 VPP con piscina agita el pleno de València entre acusaciones de corrupción y dejadez política
Compromís y PSPV cuestionan la modificación del planeamiento para una promoción en Natzaret que verá el coste de obra aumentado sin que pueda repercutirse a los compradores, algo que observan con recelos habida cuenta de lo ocurrido en Alicante. El PP defiende su gestión frente al inmovilismo del mandato anterior

La concejala socialista, Elisa Valía / Daniel Tortajada

El mismo debate de vivienda de todos los plenos municipales. València propone mensualmente un choque de posturas en la cuestión más importante a la que se enfrentan políticos y ciudadanos, normalmente con los mismos actores y actrices, y siempre con las mismas conclusiones. Lo único que cambia es la excusa: en esta ocasión, una promoción de 77 VPP en Natzaret para la que se pide un cambio de planeamiento porque el proyecto presentado por la promotora Albaluz no se ajustaba al Plan General. Este proyecto incluye zonas comunes con una piscina, dotación que supondrá un incremento del coste de la promoción, y que los partidos de la oposición miran con recelo.
La primera en intervenir ha sido Elisa Valía, del PSPV, quien ha calificado de “paradigmático” este ejemplo de política municipal. “El estudio de detalle que se trae a aprobación es de unas manzanas de Natzaret donde había previstos unos adosados de VPP. Esta promoción es fruto de una permuta en la que entregan suelo para hacer 77 viviendas y se quedan 10. No puede asumir la Generalitat hacer 77 viviendas”, ha ironizado la socialista, “y se la encarga a esta empresa que ganó el concurso de esa parcela con un planeamiento que no era vigente”.
Se trata, ha explicado la concejala, de convertir adosados sin zonas comunes en una promoción con piscina, todo ello considerando que la tasación tope es de 2.400 euros el metro cuadrado, una valoración “que no ha dejado de subir desde que gobierna el PP”. “Este asunto hay que mirarlo al detalle”, ha continuado, “yo me planteo qué constructor quiere asumir el coste de hacer piscina y zonas comunes en una construcción más cara sin repercutirlo porque el precio está tasado. Y cuando arranca este expediente aparece la cuestión de Les Naus”, ha señalado Valía, en referencia a las adjudicaciones de vivienda pública a cargos del PP en Alicante y afines.
La socialista ha recordado que en este caso se reveló por la filtración de audios que para las viviendas protegidas había un precio oficial y otro real –trasladando la sospecha a la promoción de València–, y ha lamentado que, mediante modificación normativa impulsada por el PP, sean los promotores privados quienes asignen las viviendas con el único requisito de entrar una documentación, algo que, han señalado en la oposición, permite adjudicar promociones a personas concretas.
Por su parte, Papi Robles, de Compromís, ha rememorado la acción ciudadana en defensa de la ZAL, con gente encadenada a casas y alquerías porque no querían ser tiradas de sus viviendas. “Dijeron que esa zona que era fundamental para desarrollar el Puerto de Valencia y tiraron a la gente de sus casas, destrozaron el barrio de la Punta, al que después se le puso una carretera, una vía del tren, más grúas… y ahora el mismo PP viene a intentar vendernos una promoción de VPP con piscina”, ha introducido, lamentando además que el PP municipal apunte a la Generalitat, propietaria de los terrenos en permuta. “Nos parece curioso que se desentiendan de lo que hace la Generalitat de la mano de una empresa con historial guapo: en Albacete son persona non grata”, ha asegurado Robles.
“Confiamos en ellos y les hacemos un cambio del suelo para que hagan chalet con piscina. Esto atufa mucho. Aquí se está moviendo otro negocio más en que el PP está arreglando una operación de un pelotazo urbanístico una vez más, pero esta vez ahondando en la herida de un barrio que se cargaron por completo. Lo vaciaron y ahora es más fácil jugar a especular”, ha denunciado la valencianista.
El tercer turno ha sido para Juan Giner, titular de Urbanismo, que ha salido con resolución en mano de una licencia otorgada por el gobierno de Compromís, con la socialista Sandra Gómez como delegada del área que ahora él ocupa. La licencia, ha dicho Giner, permitió hacer 62 viviendas públicas en el distrito de Quatre Carreres. Viviendas para “la clase media y trabajadora”. Viviendas que ya están siendo disfrutadas. Y que cuentan con una piscina. Con este ejemplo Giner ha querido señalar el doble rasero del discurso de la oposición y se ha servido de una serie de preguntas para devolver la crítica al tejado de Compromís y PSPV: “¿Por qué si lo hace la derecha está muy mal hecho?¿Considera la oposición un fracaso que hoy haya 5.465 viviendas con licencia concedida en esta ciudad?¿Considera un error la oposición haber desarrollado 18 desarrollos urbanísticos que son los que permitirán vivienda en el futuro?¿Está en contra de que se incrementen ayudas al alquiler o se impulse creación agencia municipal de alquiler? Y sobre todo: después de ocho años, ¿qué hicieron ustedes para resolver el problema de la vivienda?”.
"¿Quiénes son los adjudicatarios?"
Valía, en el primer turno de réplica, no ha esquivado las preguntas. Ha subrayado la diferencia entre la concesión de una licencia y un cambio de planeamiento por una empresa que ha conseguido un solar para hacer viviendas con un proyecto que no cumplía las reglas preestablecidas. Además ha pedido a Giner que diga quiénes son los propietarios de todas las viviendas adjudicadas tras el cambio normativo el PP, algo complicado considerando que se pierde la trazabilidad –antes provenían de un registro municipal–, y sobre qué hicieron: “Todo lo necesario para que tengan en marcha las viviendas. No han impulsado ni una sola, todas son promociones impulsadas con licencia del mandato anterior”, ha respondido.
Robles ha dicho que si lo hace la izquierda está bien y la derecha mal –impulsar VPP con piscina– porque a ellos no les han “pillado regalando pisos como los de Alicante”. “Ustedes no son de fiar”, ha añadido, “cuando mueven algo alguien sale perdiendo y no son ustedes ni sus amigos. Han malvendido vivienda pública a fondos buitres. Tienen a sus compañeros de Alicante camino de los juzgados, y aquí alguno investigado por la UCO. Tienen la corrupción metida hasta las trancas y no nos fiamos porque el negocio inmobiliario es con el que fundamentalmente se mueven”.
Finalmente, Giner ha vuelto a defender la normalidad del expediente promovido en más de seis meses, ha lamentado la dejadez del gobierno anterior con un legado de 14 viviendas en ocho años y ha reivindicado el desbloqueo del departamento de licencias, con más de 5.000 pisos en marcha. “No son maquetas ni anuncios, hablamos de licencias concedidas”.
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