Los daños en el edificio más afectado por el incendio de Benicalap impiden la vuelta de los vecinos a corto plazo

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado este jueves que la prioridad del ayuntamiento es atender y realojar a las familias afectadas por el incendio declarado en unos bajos okupados de la calle Picayo, en el barrio de Benicalap, y ha subrayado la especial vulnerabilidad social de muchas de las personas afectadas.

Catalá ha señalado que el consistorio está coordinando desde un puesto instalado en Jubiocio la respuesta social y de emergencia ante una situación que afecta a numerosos vecinos, entre ellos menores de edad, personas con problemas respiratorios, una familia con una persona trasplantada y mujeres embarazadas. Con todos los residentes ha mantenido una reunión a puerta cerrada, en la que también han estado presentes el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el edil de Emergencias, Juan Carlos Caballero y la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado para informarles de la situación y de los pasos a seguir en las próximas semanas.

“Estoy especialmente preocupada por el contexto y por las personas afectadas, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad”, ha dicho la alcaldesa, recordando que se trata del cuarto incendio al que se enfrenta desde que asumió la Alcaldía.

La alcaldesa ha indicado que los daños sufridos en las instalaciones de uno de los edificios, especialmente en las bajantes, impedirán durante semanas recuperar la normalidad en parte de las viviendas afectadas, ya que los vecinos no podrán utilizar cocinas ni baños y, por tanto, no podrán permanecer en sus domicilios.

Ante esta situación, el Ayuntamiento activó ayer un dispositivo de atención y realojo temporal. Según ha explicado Catalá, el objetivo municipal es ofrecer alternativas residenciales estables y evitar traslados continuos entre distintos alojamientos, especialmente en unas fechas en las que la disponibilidad de apartamentos y plazas hoteleras es muy reducida. De momento, el consistorio ha distribuido a las familias en tres hoteles de la ciudad mientras se resuelve su situación.

Costes derivados del siniestro

La alcaldesa ha destacado además la colaboración con administradores de fincas, compañías aseguradoras y propietarios de los locales afectados para asumir los costes derivados del siniestro y facilitar el regreso de los vecinos a sus viviendas en el menor tiempo posible.

Los técnicos municipales, junto con efectivos de Bomberos y del área de Disciplina Urbanística, continúan evaluando el estado de las fincas situadas en los números 23 y 25 de la calle Picayo. Según las primeras valoraciones, el edificio del número 23 no presenta daños estructurales relevantes, aunque sí que habrá que llevar a cabo algunas reparaciones, y sus residentes podrían regresar a sus viviendas próximamente, mientras que el número 25 presenta importantes afecciones en instalaciones básicas que hacen inviable su habitabilidad a corto plazo.

Mientras que los residentes afectados tengan que permanecer fuera de sus domicilios, podrán acceder a los pisos siempre acompañados por bomberos para recoger los esenseres que necesiten.

Años esperando una solución

Por último, Catalá ha vinculado el incendio al problema de la okupación ilegal y ha reclamado cambios legislativos para agilizar las actuaciones judiciales y policiales. “Los ayuntamientos estamos con las manos atadas”, ha dicho, poniendo como ejemplo la situación vivida en este bloque, que lleva durante años convertido en un vertedero sin que la administración municipal haya podido hacer nada al respecto.

En ese sentido, la alcaldesa ha recordado que el desalojo de los bajos donde se originó el incendio se produjo durante la mañana de ayer, tras recibir autorización judicial, y sobre el origen del fuego ha explicado que una de las hipótesis con las que trabaja la Policía Nacional apunta a trabajos de soldadura realizados en el inmueble durante la tarde, aunque las investigaciones continúan abiertas.

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