El Gobierno intentará forzar el Corredor Verde con su mayoría en la Sociedad Parque Central

La Sociedad Valencia Parque Central ha entrado en un escenario de guerra total. Aunque se realizaron algunas llamadas al consenso estas aterrizaron en los medios, no en las agendas oficiales, y el nombramiento de Vicente Palomo como nuevo Director General de la entidad de gestión, un perfil eminentemente técnico, ha terminado de dinamitar todos los puentes entre el Gobierno de España, la Generalitat y el Ayuntamiento de València, las tres instituciones integradas en la sociedad. Unos puentes que ya venían agrietados por el doble veto del PP a la delegada Pilar Bernabé como consejera.

Ayer Bernabé dijo que el nombramiento de Palomo garantiza continuar avanzando con la contratación de los informes técnicos pendientes sobre el bulevar García Lorca, así como impulsar un proceso participativo que dé voz a los vecinos. El gobierno municipal de María José Catalá ha contratado y presentado un informe de movilidad con más de una veintena de alternativas, a partir del cual ha seleccionado una planta viaria con tres carriles de tráfico, dos para el vehículo privado y uno para el transporte público. Cabe recordar que la planta viaria es competencia exclusiva del ayuntamiento y los términos del proyecto de urbanización los aprueba el ayuntamiento.

Pero los estatutos de la Sociedad Valencia Parque Central se recoge explícitamente que esta tiene entre sus funciones la elaboración de los estudios y propuestas que permitan la planificación y ejecución de actuaciones urbanísticas y de transportes, definiendo sus costes, además de realizar la operaciones urbanísticas en los terrenos que se declaren innecesarios para el ferrocarril, por haberse procedido al traslado, soterramiento o modificación de las instalaciones ferroviarias. Asimismo, la cláusula segunda del convenio constitutivo de la sociedad indica que su objetivo fundamental es "gestionar el desarrollo urbanístico" derivado de la Actuación Parque Central y, para ello, elaborar “los estudios que permitan la planificación y ejecución".

De este modo, el Gobierno podría encargar nuevos informes urbanísticos, de género, de impacto ambiental o incluso de movilidad que complementen lo aportado por el consistorio y condicionen el diseño de la paisajista norteamericana Kathryn Gustafson, cuya contratación debe formalizar la propia sociedad. Y el nuevo gerente tendría la capacidad de impulsar un nuevo proceso de participación vecinal que decante la balanza hacia el Corredor Verde.

El jueves, inmediatamente después del nombramiento de Palomo, el Ayuntamiento envió una nota de prensa a los medios titulada: “El Gobierno de Sánchez impone al director general de Parque Central y deja caer a Bernabé”. Y a continuación se narraba un desencuentro en varias fases entre la alcaldesa y el secretario de Estado, que le habría rechazado la conversación previa al Consejo de Administración de la sociedad por encontrarse en un almuerzo de trabajo. Desde el consistorio lamentaban la imposición de Palomo como director, y señalaban que el Gobierno ha “roto el espíritu de consenso de esta sociedad de más de 20 años donde el director general había sido nombrado por unanimidad”. También hablaban de una maniobra estatutaria para facilitar cambios de gerentes con una mayoría simple, es decir, recurriendo a los votos del Gobierno (el 50 % de la sociedad) a los que se suma el de calidad.

Ayer, Bernabé decía: "El Gobierno de España va a seguir trabajando para sacar adelante la inversión más importante que ha hecho en la ciudad de València, que va a cambiar la fisonomía de los barrios del sur de la ciudad, que va a generar un gran pulmón verde para la ciudad y, en la medida de lo posible, por supuesto que el Gobierno de España incidirá en que no se cometa el gravísimo error de meter carriles de coches donde podría haber un gran parque ".

En la medida de lo posible. Tanto Gobierno como Ayuntamiento de València tienen mecanismos contemplados en los estatutos de la sociedad para imponer vetos a sus proyectos de Corredor Verde o Paseo García Lorca. Los socialistas carecen de competencias para modificar el planeamiento urbano, pero, llegado el caso, podrían recurrir de nuevo a su mayoría en el Consejo de Administración para tumbar el proyecto de ejecución de obras de los tres carriles previstos por el ayuntamiento. Los estatutos señalan que es la sociedad la encargada de "ejecutar las obras de infraestructura urbana", incluyendo expresamente la "red viaria estructurante", es decir el bulevar García Lorca. Asimismo, ahondado en el escenario de guerra, tendría la capacidad de asfixiar presupuestariamente el proyecto y negarse a aprobar cualquier partida económica destinada a financiar el asfaltado de los terrenos liberados por el soterramiento.

Por contra, el Gobierno no puede imponer un diseño urbanístico en superficie que no esté recogido y aprobado en el planeamiento municipal, es decir, por el gobierno de PP y Vox. Además, los estatutos de la sociedad blindan las decisiones financieras exigiendo una mayoría del 75 % de los votos para aprobar los presupuestos anuales, con lo que la ejecución de un hipotético Corredor Verde necesitaría el aval municipal. Y también es el Ayuntamiento de València la administración competente para dar o denegar las licencias de obra en el suelo liberado. Finalmente, una vez concluidos los trabajos de urbanización y el proceso de desafección, el ayuntamiento tendrá que recepcionar el proyecto, pero también podría negarse a asumir la titularidad de unos trabajos ejecutados a sus espaldas o en contra de criterios técnicos, con lo que Corredor quedaría en un limbo, tal como ha ocurrido con la millonaria y abandonada torre Miramar.

Así, pese al fuego político, las administraciones de la Sociedad Valencia Parque Central están condenadas a entenderse si quieren desbloquear la integración viaria del sur de la ciudad y anteponer los intereses ciudadanos a las batallas electorales por la Alcaldía de València, con Bernabé y Catalá como grandes contendientes en el seno de esta entidad. Ese escenario de momento parece lejano, y de hecho la delegada habló ayer de tomar “las medidas oportunas para que el Gobierno de España pueda proponer a quien considere” de cara a cubrir la vacante en el Consejo de Administración de la sociedad. No habló abiertamente de la vía contencioso-administrativa pero tampoco extrañaría. Y de fondo asoma un escenario electoral con posible vuelco en el equilibrio de fuerzas dentro de la Sociedad Parque Central.

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