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Vivienda

El PSPV de València pide que se paralice la adjudicación de 41 viviendas de AUMSA por opacidad en las adjudicaciones

El Grupo Municipal Socialista solicitará documentación para comprobar si las exclusiones del listado provisional de adjudicatarios de AUMSA están justificadas

El equipo de Gobierno asegura que se está aplicando la normativa que habían impuesto los propios socialistas en 2012

Viviendas de la empresa pública AUMSA en València.

Viviendas de la empresa pública AUMSA en València. / Levante-EMV

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La concejala socialista del Ayuntamiento de València Elisa Valía ha exigido la paralización del proceso de adjudicación de unas viviendas de alquiler asequible promovidas por AUMSA tras detectar indicios “que generan serias dudas sobre la transparencia del procedimiento”. La edil socialista ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista solicitará toda la documentación relativa a las personas inscritas en el registro de demandantes que no aparecen en el listado provisional para comprobar si las exclusiones están debidamente justificadas.

Valía ha denunciado que el gobierno de María José Catalá vuelve a gestionar con opacidad una cuestión tan sensible como el acceso a la vivienda pública, agravando la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad. En este sentido, ha recordado que la promoción se encontraba ya en ejecución cuando el actual gobierno municipal llegó al Ayuntamiento y ha lamentado el retraso acumulado en su entrega.

La concejala socialista ha señalado que "no es de recibo que María José Catalá tarde tres años en finalizar unas viviendas que se encontró con la obra en marcha y que ahora las adjudique de esta forma". "El último adjudicatario que figura en la lista provisional es el número 388 de la lista de demandantes para 41 viviendas. Es completamente inverosímil que cerca de 350 familias del registro de demandantes no cumplan requisitos o hayan rechazado una vivienda de alquiler asequible", dice.

Además, ha advertido de que el Grupo Socialista ya había alertado en el consejo de administración de AUMSA sobre la forma en la que se estaban realizando las comunicaciones a los posibles adjudicatarios. Según ha explicado, la empresa municipal continúa notificando por correo electrónico pese a que se había advertido expresamente de la necesidad de utilizar un sistema que dejara constancia fehaciente de la recepción por parte de los solicitantes, una circunstancia que puede comprometer la validez de todo el procedimiento de adjudicación.

Proceso bajo sospecha

Valía también ha revelado que los socialistas ya conocen casos concretos que incrementan las dudas sobre el proceso. "De hecho, conocemos algún caso de una familia que confirmó que quería la vivienda que se le había ofrecido, que inicialmente se le confirmó que cumplía requisitos y que después se la ha excluido sin justificación por escrito de por qué se la excluye de la lista provisional".

Ante esta situación, la edil socialista ha anunciado que solicitará toda la información relativa a las personas inscritas en el registro de demandantes que no figuran en la relación provisional de adjudicación para verificar si realmente incumplían los requisitos o si no respondieron dentro del plazo establecido.

"Ante estas sospechas fundadas de irregularidades que, de confirmarse, son gravísimas, porque estamos hablando de adjudicación de vivienda pública a familias que tienen muchos problemas para acceder a una vivienda en el mercado libre en una ciudad como la nuestra, con el mercado completamente desbocado, nosotros vamos a solicitar la información de todas las personas que estaban inscritas en el registro de demandantes y que no están en el listado provisional de adjudicación para saber si no cumplen requisitos o no han contestado a tiempo y solicitaremos que se paralice la adjudicación de estas viviendas hasta que se esclarezca completamente en qué condiciones se ha producido esta adjudicación", ha continuado.

La concejala socialista ha reclamado al gobierno de María José Catalá la máxima transparencia en un procedimiento que afecta a familias con graves dificultades para acceder a una vivienda y ha insistido en que la adjudicación no puede continuar mientras existan dudas sobre las exclusiones del listado provisional y sobre un sistema de notificación cuya validez ya había sido cuestionada reiteradamente por el Grupo Municipal Socialista.

Normativa socialista

En respuesta al grupo socialista, fuentes municipales han explicado que "AUMSA está aplicando la normativa aprobada por el Consejo de Administración el 25 de octubre de 2021 cuando la presidenta del Consejo de Administración era Sandra Gómez, y Elisa Valia era consejera de la empresa municipal". "En las solicitudes de inscripción en el registro de demandantes se autoriza la notificación por correo electrónico de las notificaciones y comunicaciones que se deriven de las solicitudes, tal y como estableció el Consejo de Administración presidido por Sandra Gómez", explican las fuentes, que aseguran que "con el fin de reforzar la comunicación y facilitar a los demandantes la presentación de documentación, desde Aumsa, y tal como se solicitó en el Consejo de Administración, ahora remite un correo correo electrónico y un whatsapp al móvil de los demandantes para explicarles que se les está solicitando documentación, aspecto que en la anterior legislatura no se realizaba, con el fin de que puedan cumplir con los plazos establecidos".

Así mismo, desde el consistorio aseguran que "conforme AUMSA vaya teniendo disponibilidad de viviendas vacías, las ofertará a las personas o unidades de convivencia solicitantes que figuren inscritas en el presente Registro de Demandantes por riguroso orden de inscripción". Así, en primer lugar, AUMSA solicitará a la primera persona que figure en el Registro de Demandantes, por orden de inscripción, la documentación actualizada a efectos de determinar el cumplimiento de requisitos, así como el número de miembros y circunstancias específicas (movilidad reducida, apta para mayores 65 años o personas en situación de dependencia) de la unidad de convivencia. La persona solicitante y la unidad de convivencia deberán aportar dicha documentación en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación, con el fin de comprobar el estricto cumplimiento de los requisitos exigidos, explican las fuentes.

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