Seguridad
Sesenta aspirantes a la Policía Local con la oposición aprobada reclaman su ingreso en el cuerpo en València
El Ayuntamiento de València argumenta que la normativa legal impide la incorporación directa de los aspirantes aprobados en convocatorias anteriores.

Nuevos agentes de la Policía Local en las nuevas unidades. / José Manuel López

Sesenta aspirantes a entrar en la Policía Local de València que habían aprobado la oposición pero se habían quedado sin plaza, han pedido su entrada en el cuerpo tal como había anunciado el propio ayuntamiento. A su juicio, esto ya se ha hecho en otras ocasiones y en la Policía Local hace falta cubrir muchas plazas y muy pronto, por lo que no entienden la situación ni descartan llegar a la vía judicial. Sin embargo, el Ayuntamiento de València, a tenor de lo estipulado por los servicios jurídicos municipales, asegura que eso no es posible legalmente, por lo que tendrían que volver a examinarse en próximas convocatorias.
La Policía Local de València celebró el año pasado unas oposiciones para cubrir un total de 207 plazas. Sin embargo, como es habitual, hubo 60 aspirantes que superaron todas las pruebas, pero que no obtuvieran plaza. Para ellos se abrió una puerta cuando la propia alcaldesa de València, María José Catalá, anunció en el mes de abril que se convocarían 100 plazas más y que sesenta de esas plazas serían para estos opositores que ya habían aprobado en la convocatoria anterior. Es más, la idea era incorporarlos este mismo año después de pasar por el curso obligatorio del Ivaspe.
Informes negativos
El problema ha surgido cuando "inexplicablemente", dicen, ha ido pasando el tiempo y no ha continuado el proceso. "Nos han dicho que hay informes negativos que impiden que nos incorporemos, pero nosotros hemos visto esos informes y no hay nada negativo. El sindicato CSIF también lo ha visto así y aunque no queremos hacerlo, al final vamos a tener que ir a la vía judicial", dice el portavoz del colectivo, Rafael Muñoz.
Para el consistorio, por contra, la situación es clara. Según fuentes municipales, "las últimas plazas incorporadas a las oposiciones de agentes de la Policía Local se acumularon al proceso en el año 2025, es decir, dentro todavía del mismo año natural de la finalización del proceso selectivo. Al encontrarnos ya en el año 2026 con una nueva OPE aprobada en este mismo año en la que se incluyen las próximas plazas a cubrir, ya no es posible la acumulación de estas plazas, sino la convocatoria de las nuevas oposiciones aprobadas para la incorporación de 100 nuevos agentes". En resumen, legalmente no es posible la incorporación de estos sesenta aspirantes.
Para estos, ese argumento oficial no tiene sentido, porque en ocasiones anteriores ya se ha hecho. A su juicio, debe haber otras cuestiones por medio que desconocen. "Unos nos dicen que no hay presupuesto, otros que no se pueden crear más plazas y el CSIF nos dice que es simplemente una decisión política", lamentan.
Recuerdan, además, que la Policía Local de València está muy necesitada de plantilla, pues en la actualidad ya hay 300 plazas sin cubrir, dicen, y en enero del año que viene se jubilarán otros 180 agentes. Es decir, en València hay un déficit de policías de casi 500 plazas. Luego es necesario incorporar a todos los agentes que se pueda y seguir convocando oposiciones lo más rápido posible, pues hay que tener en cuenta que un proceso de selección puede prolongarse dos o tres años, precisan.
Protesta de CSIF
Por su lado, el sindicato CSIF exige al Ayuntamiento de València que cumpla con el refuerzo de Policía Local al que se comprometió. De no hacerlo, advierte de medidas administrativas y judiciales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que la actual plantilla de la capital cuenta con alrededor de 1.600 efectivos, una cifra estancada desde hace lustros pese al crecimiento de la población. Este hecho dificulta la cobertura de servicios y produce una sobrecarga de trabajo importante en los componentes del cuerpo de Policía Local.
CSIF denuncia que la situación se agravará a partir de enero con la jubilación anticipada de alrededor de 200 profesionales. No obstante, el Ayuntamiento, en lugar de reforzar de inmediato la plantilla, ha rechazado la incorporación de agentes que habían aprobado anteriores OPEs para cubrir 60 plazas.
El sindicato continúa afirmando que “ese ingreso se iba a producir en breve y había sido anunciado por la propia alcaldesa hasta que ha decidido frenarlo. En lugar de aplicarlo, el Consistorio ha preferido incumplir su promesa y sumar esas plazas a una futura OPE, con lo que tardarán años en cubrirse realmente".
La central sindical considera “inaceptable” que, “después de haber generado una expectativa real tanto entre los aspirantes como entre la propia plantilla y la ciudadanía, se comunique ahora que la incorporación de estos efectivos no podrá llevarse a cabo”. CSIF alerta del “grave perjuicio para la ciudad que este incumplimiento supone, ya que que necesita urgentemente una inyección de efectivos policiales”.
El sindicato recalca que va a emprender acciones contra este “incumplimiento del compromiso y la situación de pérdida de calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía”. En este sentido avanza que asumirá “la defensa de todos los aspirantes aprobados sin plaza que resultan afectados por esta decisión y agotará todas las vías legales necesarias para proteger sus derechos”.
CSIF subraya que “reforzar la plantilla de la Policía Local no constituye únicamente un compromiso político, sino una necesidad objetiva para garantizar un servicio público de calidad, mejorar la seguridad de la ciudadanía y dotar a los agentes de unas condiciones de trabajo acordes con la realidad operativa que afrontan cada día”.
La central sindical recalca que “no es momento de paralizar incorporaciones ni de frustrar las legítimas expectativas de quienes ya han demostrado su mérito y capacidad para formar parte del cuerpo. Es momento de adoptar soluciones eficaces, responsables y ajustadas a Derecho”. Por ese motivo ya anticipa que pedirá la cobertura de estas plazas por la vía administrativa y, si el Ayuntamiento no rectifica así su decisión, por vía judicial.
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