València sigue con la "prioridad nacional" y recorta un 60% la partida de cooperación y ayuda humanitaria

El Ayuntamiento de València ha certificado esta misma mañana, durante la celebración del Consejo Municipal de Cooperación, un recorte de más del 60% en los programas de cooperación y de acción humanitaria. Así los ha denunciado la concejala socialista Maite Ibáñez, según la cual, el PP ya está aplicando en el Ayuntamiento la "prioridad nacional" pactada con Vox. De hecho, "la propia concejala de Catala ha admitido en el consejo que el tijeretazo a estos programas es una decisión exclusivamente política adoptada por el PP y Vox", afirma Ibáñez. Por su parte, la concejala del PP Marta Torrado, responsable de cooperación, no ha negado estos recortes y ha destacado los 100.000 euros de ayuda concedidos a las ONG que trabajan en Venezuela.

Ibáñez ha señalado que el recorte del gobierno municipal supone un nuevo paso en el desmantelamiento de las políticas de cooperación internacional impulsadas por el Ayuntamiento y responden a una hoja de ruta marcada por los acuerdos del Partido Popular con Vox. Para la concejala socialista, el recorte evidencia un cambio de modelo que abandona la cooperación como política pública.

"María José Catalá ya está aplicando la ley de nacional en el Ayuntamiento de València y lo hace con el recorte de presupuestos de cooperación y el desmantelamiento de los proyectos. Concretamente, ha reducido la convocatoria de cooperación internacional en un 34% y el presupuesto de ayuda humanitaria en más de un 65% por debajo de lo que teníamos en 2023. Unos presupuestos que responden claramente a las exigencias de Vox que Catalá ya votó en Les Corts y ahora aplica en València", ha manifestado.

La concejala socialista ha recordado que el recorte presupuestario llega acompañado de la desaparición de programas y convenios que formaban parte de la política municipal de cooperación, profundizando en un proceso de deterioro que, según ha indicado, ha sido cuestionado por las propias entidades durante la reunión del Consejo Municipal de Cooperación celebrada esta mañana.

Las entidades denuncian

"Al igual que la eliminación de los convenios de cooperación con las universidades públicas, el programa de defensor de derechos humanos o el Fons Valencià per la Solidaritat. Una hoja de ruta de arrinconamiento del Plan Municipal de Cooperación Internacional que ya ha sido denunciado hoy en el Consejo por las entidades y que demuestra un Ayuntamiento de València ultra que ataca los derechos fundamentales con políticas de apartheid que avergüenzan a la ciudadanía", ha afirmado Ibáñez.

La edil socialista ha advertido de que el Ayuntamiento está abandonando una política pública consolidada para sustituirla por un modelo marcado por el recorte, la parálisis y la falta de gestión. En este sentido, ha lamentado que el gobierno de Catalá haya decidido aplicar en València las mismas prioridades políticas acordadas por el Partido Popular con Vox en otras instituciones.

Desde el Grupo Municipal Socialista han exigido al gobierno de María José Catalá que rectifique estos recortes, recupere los programas y recursos eliminados y restituya una política municipal de cooperación comprometida con los derechos humanos, la solidaridad internacional y la defensa de los valores democráticos.

Apoyo a Venezuela sin negar los recortes

Por su parte, la concejala del PP, Marta Torrado, no ha negado estos recortes y ha asegurado que "al Ayuntamiento de València le importa, y mucho, la cooperación". Ejemplo de ello serían los 100.000 euros que se han concedido de ayuda a Venezuela, que servirán para financiar proyectos de ONGs que trabajan en el terreno con hasta 25.000 euros cada uno. Torrado ha asegurado, así mismo, que ya se han lanzado las convocatorias de educación para el desarrollo, ayuda humanitaria y cooperación internacional. Y ha explicado que se está trabajando en los próximos presupuestos de cooperación internacional con la idea de aumentar la dotación económica. "La ciudad de València es una ciudad solidaria y queremos ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal en países en vías de desarrollo", ha terminado.

Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de València aplica alguna suerte de prioridad nacional en las políticas municipales. Recientemente, se ha detectado también en los baremos para optar a una vivienda de alquiler asequible. Concretamente, se aplicarán diez puntos extra a las personas que lleven más de siete años empadronadas en el municipio de València, y cinco puntos extra a quienes lleven más de cinco años en la ciudad. El Ayuntamiento explicó entonces que lo que se estaba valorando era el "arraigo" de las personas, independientemente de que fueran nacionales o extranjeros.

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