València acumula más de 5.800 solicitudes de empadronamiento especial pendientes de resolver

El atasco en la gestión de empadronamientos especiales atraviesa un momento crítico, con más de 5.800 solicitudes pendientes de resolver desde el año 2024. Una cifra que resulta alarmante, no solo porque estos expedientes suponen la puerta de entrada para que los vecinos más vulnerables de la ciudad puedan acceder a las ayudas y los derechos más básicos, sino porque, además, representan apenas el 37% de las más de 15.000 peticiones presentadas desde el 1 de enero del citado año hasta el 31 de mayo de 2026, última fecha registrada.

Lo más preocupante es que la mayoría de estas peticiones corresponden a los primeros cinco meses del presente ejercicio, periodo en el que se han presentado un total de 4.816 solicitudes. De ellas, solo se han resuelto el 15% (754) mientras que un total de 4.062 tramitaciones permanecen guardadas en un cajón a la espera de ser resueltas. Una cifra a la que hay que añadir los 1.754 expedientes pendientes de 2025 que todavía no han obtenido respuesta.

Compromís tilda el colapso de "racismo institucional"

Así lo reflejan los datos aportados por la Concejalía de Transparencia que dirige Juan Carlos Caballero a una pregunta del grupo municipal Compromís, que acusa al gobierno municipal de PP y Vox de cometer "racismo institucional" por, afirman, "dejar sin derechos básicos a las personas más vulnerables de València". Un reproche que no ha sentado nada bien al ejecutivo local, que atribuye el colapso a "las comprobaciones que exige la normativa" y afea a los valencianistas que hagan "una interpretación maliciosa e interesada de los datos".

Precisamente, Compromís fundamenta sus acusaciones en esa información aportada por el propio consistorio, de la que se desprende que de las 15.774 solicitudes de empadronamiento especiales realizados desde 2024, solo se han aprobado 2.296, mientras que el resto han sido archivadas (3.145), desestimadas (4.516) o sin respuesta (5.817). Alertan, además, que de los 4.816 expedientes presentados en lo que llevamos en 2026 el Ayuntamiento solo ha resuelto favorablemente 112 peticiones, mientras que existen 4.062 expedientes haciendo cola.

"Detrás de cada expediente encallado hay una persona que no puede pedir hora en el médico, matricular a su hija en un colegio o solicitar una ayuda porque, sencillamente, no la dejan empadronarse", ha lamentado la concejala de Compromís per València, Lucía Beamud, que asegura que desde que PP y Vox gobiernan en la ciudad "el padrón ha dejado de ser un derecho para convertirse en un muro".

A su juicio, detrás de este colapso hay una intención oculta. "Cuando un trámite que tendría que ser automático se convierte en una carrera de obstáculos ya no hablamos de mala gestión, hablamos de racismo institucional", ha acusado, por lo que reclama al gobierno local reforzar los medios del servicio del padrón para "desencallar de manera inmediata los expedientes acumulados y cumplir con la legalidad". "Empadronarse no es ningún favor, es un derecho", sentencian.

El Gobierno los acusa de "manipular los datos"

Por su parte, desde el ejecutivo local se han defendido de las críticas y ha cargado con dureza contra los valencianistas, a los que acusa de "manipular los datos" y de hacer una "interpretación maliciosa e interesada" de la información facilitada por los servicios municipales. Además, considera "especialmente grave" que utilice "un asunto tan sensible como la inmigración" para atribuir al Ayuntamiento un presunto "racismo institucional".

En este sentido, sostienen que la principal "manipulación" consiste en presentar 5.817 expedientes en tramitación como solicitudes sin respuesta, cuando, aclaran, se trata de procedimientos que siguen su curso administrativo. A este respecto, reprochan que la coalición valencianista "meta en el mismo saco expedientes en tramitación, desestimados y archivados para construir artificialmente un supuesto bloqueo que los propios datos no acreditan".

Asimismo, defiende que los expedientes desestimados responden a la "falta de residencia habitual" acreditada por los servicios municipales y que muchos de los archivados se deben a la falta de subsanación de documentación o al desistimiento de los propios solicitantes. Y sentencian: "Cumplir el procedimiento y garantizar los derechos de todos no es racismo", sino actuar "con responsabilidad y con seguridad jurídica". Así, reivindican que València "es una ciudad acogedora" donde los expedientes se tramitan "con todas las garantías, sin arbitrariedades, pero también sin atajos".

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