Investigación penal
El exjefe de la policía de Valencia, un excomisario y un comisario principal son citados por la juez como investigados por el presunto amaño de un polémico examen en la cúpula policial
La jueza descarta el archivo de las diligencias solicitado por las defensas de Herrera, Cabeza y Mogro y los cita el 13 de octubre para declarar
Otro comisario principal, Eladio Barber, que logró el ascenso en la mejora de empleo para altos cargos, está citado el 12 de octubre como testigo
La magistrada solicita a la Secretaría General del Ayuntamiento de València que le certifique si Barber es jefe de personal de la policía

María José Catalá charla con José Vicente Herrera, en una foto de archivo. / JM LOPEZ
José Vicente Herrera, el exjefe de la Policía Local de València y actual asesor de la alcaldesa María José Catalá como director general de Emergencias, deberá acudir a declarar en calidad de investigado el próximo 13 de octubre en relación al presunto amaño de un examen celebrado el 4 de octubre de 2023 para promocionar a comisarios principales, el máximo grado de la cúpula policial. En esta mejora de empleo, Herrera y otros dos comisarios principales (Rafael Mogro y Alberto Cabeza) formaban el tribunal que valoró y puntuó a los aspirantes. La titular del juzgado número 16 de instrucción trata de esclarecer si Herrera, Mogro y Cabeza, los tres investigados, pudieron presuntamente favorecer a alguno de los candidatos que se presentaron a esta selección de personal interna del cuerpo donde compitieron 8 comisarios para conseguir el ansiado ascenso a principales. Herrera (recuperado por Catalá con un cargo de nueva creación tras jubilarse), Mogro (el único comisario principal implicado aún en activo) y Cabeza (jubilado) tienen que presentarse ante su señoría para declarar como investigados. Otro exalto mando, Eladio Barber, que quedó el primero en esta prueba interna de la Policía Local y que participó en la elaboración de las actas del examen por orden de Herrera y Mogro, ha sido citado el 12 de octubre, pero en calidad de testigo.
No procede el archivo de las diligencias solicitado por las defensas
La jueza ha dictado un auto, con fecha del 27 de julio de 2026, en el que determina que no procede el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas contra Herrera, Mogro y Cabeza, tal como solicitaban sus defensas. Este procedimiento judicial se remonta ya a 2 años y se inició a partir de las denuncias presentadas por Benjamín Lara y Javier Genovés, dos comisarios que concurrieron a la citada prueba y que fueron suspendidos, pero que defienden que durante todo el proceso selectivo se cometieron una serie de presuntas irregularidades. Hasta el punto que acusan a los tres jefes que formaron el tribunal de haber cometido hasta cuatro presuntos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y malversación de fondos públicos.
El informe de la Policía Judicial debe contrastarse con el relato de los investigados
Su señoría argumenta que no procede el archivo de las diligencias penales y comparte el criterio del Ministerio Fiscal, que aquí pilota directamente la Fiscalía Anticorrupción. En particular, ha sido relevante, para no archivar las actuaciones, el informe pericial que recoge el registro desvelado en exclusiva por Levante-EMV en la sede de la Policía Local de València por la Policía Judicial en la que fueron requisados y analizados los ordenadores y los discos duros de estas máquinas de los investigados y del testigo. A resultas de ese registro y de la incautación de los discos duros, el Grupo Técnico Operativo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial emitió un informe pericial, con fecha del pasado 16 de marzo y ampliado el 31 de marzo, cuyas conclusiones deben ser contrastadas con la declaración testifical de Eladio Barber y de los otros tres imputados, según argumenta la magistrada.
La Secretaría del Ayuntamiento debe determinar si Barber era el jefe de personal de la Policía Local
La jueza ha solicitado también a la Secretaría General del Ayuntamiento de València que certifique quién era el jefe de recursos humanos de la Policía Local en ese momento. Este asunto tiene trascendencia porque los acusados defienden que Eladio Barber, el candidato que resultó ganador del proceso selectivo a la postre, era también jefe de recursos humanos de la policia y por eso participó en el proceso de confección de las plantillas en las que se pusieron las notas de los distintos aspirantes.
Esto es, aunque no formaba parte del tribunal confeccionó las fichas que luego utilizaron los miembros del jurado, según defienden Mogro y Herrera. Sin embargo, para los denunciantes está sobradamente demostrado, y en documentación que obra en la causa, que Barber nunca ejerció como jefe de personal sino que era un intendente nombrado por Herrera quien efectuaba estas tareas. Para los denunciantes, Barber que no ha sido imputado por la jueza, ejerció supuestamente "como juez y parte de la prueba". De hecho quedó primero en la promoción interna como ya se anunció en una falsa orden del cuerpo que se filtró poco días antes de hacerse el examen. Juez y parte en el presunto amaño de estos ascensos a comisarios principales que para los denunciantes Lara y Genovés, presuntamente, ya estaban dados a dedo de antemano.
Otro contencioso administrativo abre otra crisis en la cúpula policial
La investigación penal abierta en el juzgado número 16 no es la única causa judicial que agita la cúpula de la Policía Local de València. En febrero de 2025, la alcaldesa María José Catalá y el concejal de seguridad ciudadana Jesús Carbonell reactivaron el concurso-oposición para designar a nuevos comisarios principales, el grado más alto del escalafón. En este proceso selectivo, las plazas se sacaban en propiedad, lo que motivó que ocho nuevos aspirantes, entre ellos, los que tienen sus ascensos por promoción de empleo y de manera provisional, tras el polémico examen del 4 de octubre de 2023, se presentasen para consolidar sus cargos. Pero, desde hace meses, este procedimiento también está paralizado ya que CC OO presentó un recurso de lo contencioso-administrativo, que ya está en el juzgado correspondiente, porque según defiende la elección del tribunal se realizó presuntamente «a dedo» y sin suficientes garantías.
A su vez, otro aspirante, que es comisario principal por la mejora de empleo que se investiga en el juzgado 16, Fernando Giménez Oñate, también presentó un recurso de lo contencioso-administrativo por el modo en que se conformó el tribunal. El resultado es que en el cuerpo solo hay tres comisarios principales, el actual jefe Ángel Albendín, y los citados Rafael Mogro y Giménez Oñate. Las jubilaciones de Alberto Cabeza, la de Eladio Barber, y la próxima jubilación de Fernando Lasheras, otro comisario promocionado a principal tras el examen del 4 de octubre, -que ahora está en la Conselleria de Emergencias como secretario autonómico-, dejan a la jefatura mermada de efectivos y en medio de pleitos judiciales, que involucran y enfrentan a mandos y exmandos.
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