El Circuito de Fórmula 1, una "patata caliente" para el Ayuntamiento
El nuevo rumor sobre el posible desalojo del asentamiento sirve a la oposición para criticar la "inacción municipal" ante la situación precaria de los residentes

Imagen del asentamiento, con las instalaciones portuarias al fondo / Daniel Tortajada

El asentamiento que se alza, desde hace años, en lo que fue en su día circuito de Fórmula 1, será desmantelado tarde o temprano, porque toda esa zona debe dejar de ser una campa para alzar en la misma un complejo residencial, el PAI del Grao. Contenido y continente cambiarán completamente para trazarse una nueva trama urbana, con viviendas, calles y zonas verdes.
Cuándo ocurrirá eso es una incógnita, pero basta cualquier movimiento para hacer saltar las alarmas. El más reciente, las ONGs que trabajar en el campamento, que aseguraron en Radio València que esto era inminente. Es el "desalojo en agosto" que llevaba corriendo de voz en voz en los últimos meses. Preguntada al respecto, la alcaldesa en funciones María José Ferrer San Segundo, negaba la mayor, asegurando que "no está prevista una actuación de desalojo en este momento. No es verdad. En lo que se está trabajando es en la atención de las familias".
Pero la vuelta a la actualidad de este mini ciudad dentro de la ciudad es un campo de bombas para el debate político. Porque no deja de ser un problema de primer orden y que, a cada día que pase, tendrá una solución más traumática. Es la ocasión pintiparada para refrescar el tema y, para a oposición, una oportunidad para sacarlo de su habitual rutina. Los dos partidos de la oposición se sumaron este martes en tropel. El PSOE, y aunque, a través de la Delegación de Gobierno, acabarán teniendo arte y parte si el desalojo es en los próximos diez meses y si, sea el Ayuntamiento o sea en su momento, el agente urbanizador, como es fácil imaginar, pedirá refuerzos policiales, se sumó nuevamente al mismo al asegurar que el gobierno municipal se está "desentendiendo" de "las condiciones en las que viven estas personas, entre las que hay numerosos niños y niñas. Es un tema del que no quieren saber nada".
"No pueden limitarse a ignorar el asentamiento"
Para la edil Elisa Valía, la respuesta municipal “no puede limitarse a ignorar el asentamiento ni a desplazar el problema, sino que debe abordar la situación social y habitacional de quienes residen en él”. En este sentido, ha insistido en que “estamos hablando de personas que ya viven en unas condiciones extremadamente precarias y que ahora, además, se encuentran todavía en una situación de mayor vulnerabilidad”. Por ello, ha reclamado a Catalá que “movilice los recursos municipales necesarios y coordine una respuesta que permita ofrecer alternativas dignas a las familias afectadas”.
Para Compromís, el crecimiento del poblado es relación causa-efecto de otros desalojos, como los del Jardín del Turia. "Si no hay alternativas, las personas no desaparecen: se desplazan a otro punto de la ciudad, a menudo en peores condiciones" argumentaba la portavoz Papi Robles. "La mayoría de estas personas están empadronadas en València" -de hecho, las empadronó el anterior gobierno progresista- "y han acabado en el asentamiento expulsadas de otros puntos de la ciudad por la misma acción municipal".
Robles también usaba la cuestión de "los niños y niñas" al referirse que "ni siquiera en los días de alertas rojas se ha restablecido el suministro de agua" en alusión al punto del que se surtían los habitantes, cerrado desde 2024, pero añadía la lucha de clases: "los intereses económicos del PAI del Grao" corre el riesgo de derivar "en un discurso que enfrente el acceso a la vivienda con la inmigración. No se puede permitir que se desaloje a cerca de 800 personas sin garantizarles antes una alternativa digna".
¿Qué hacer entonces con ellos? Tampoco se es muy explícito, porque se habla de 'atneción prioritaria' pero no se entra en profundida a cómo garantizar ese derecho a la vivienda a personas no ya de renta baja, sino de renta cero. "Analizar caso por caso la situación de cada familia, con atención prioritaria a menores, mujeres víctimas de violencia machista y personas apátridas, y que garantice las prestaciones sociales mientras se tramita una solución".
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