Compromís exige explicaciones por una licencia de apartamentos en Benicalap que Giner denegó seis semanas antes

Compromís per València, primer partido de la oposición en el Ayuntamiento, cuestiona si el gobierno de María José Catalá ha "reconducido las relaciones" con la promotora de los apartamentos de Benicalap, Business Decision and Advice SL —tal y como han publicado los medios—, a cambio de una licencia que el propio concejal de Urbanismo, Juan Giner, denegó por escrito hace solo seis semanas. La formación valencianista exige explicaciones inmediatas después de constatar que las declaraciones públicas de Giner sobre el expediente de los apartamentos turísticos de Carlos Cortina, en Benicalap, no se corresponden con la resolución que él mismo firmó el 14 de julio. "Si ha dado la licencia, que la muestre y lo explique, porque allí continúan las obras del 100 % de los bajos, no del 15% previsto por la norma", asegura la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Esa resolución de julio, que hizo pública ayer Compromís per València, deniega de manera directa la licencia de obras de reforma para implantar la actividad de hotel apartamento en Salvador Cerveró con Carlos Cortina, de acuerdo con datos objetivos del Censo de Alojamientos Turísticos municipal: en la manzana donde se sitúa el inmueble, el porcentaje de locales en planta baja destinados a uso turístico alcanza el 100%, muy por encima del límite del 15% que fija la normativa vigente desde mayo de 2026. El texto certifica, además, que la empresa no presentó ninguna alegación al trámite de audiencia previo a la denegación.

Semanas después de esa resolución, Giner asegura ahora en público que la empresa ha obtenido la licencia después de "haber tenido que modificar su proyecto y ajustarse a la normativa", y que por ello había "renunciado al exceso de superficie terciaria para obtenerla". Ninguna de estas afirmaciones se corresponde con el contenido del documento firmado por el propio concejal, que no refleja ninguna modificación ni concesión, sino una denegación neta y sin excepciones. "No hay constancia de esta nueva modificación de la licencia. Si existe, que la muestre, porque ni el vecindario ni Compromís creemos en la palabra del concejal", asegura Papi Robles, que recuerda que las obras continúan "en el 100 por cien de la manzana, por lo que seguirían siendo ilegales".

Causa-efecto tras una acción judicializada

La supuesta licencia llega después de que la misma promotora que llevó a Giner a un juzgado por un presunto delito de prevaricación en relación con esta licencia y la de Encarna Albarracín, también en Benicalap, decidiera no recurrir el archivo de la causa y buscar, en sus propias palabras, "reconducir relaciones" con el Consistorio, tal y como recogió la prensa.

Para la portavoz de Compromís, Papi Robles, esa coincidencia no puede quedar sin respuesta política: "Hay cosas que huelen muy mal. Una empresa trata de reconducir las relaciones con el gobierno de Catalá después de presentar una querella por prevaricación y, meses después, aparece una licencia que el propio concejal había denegado por escrito. ¿Qué está pasando aquí? El vecindario no entiende que el gobierno de Catalá continúe sin actuar contra una constructora que lleva meses incumpliendo la normativa delante de sus narices".

La formación valencianista recuerda también otro episodio controvertido, ya que Giner asegura haber pedido un informe a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento sobre los apartamentos de Encarna Albarracín, sin embargo, la misma asesoría ha tenido que rechazar y devolver una solicitud de informe por falta de documentación básica. "Todas las decisiones de este gobierno siempre van en contra del vecindario y a favor de los especuladores", lamenta la concejala valencianista.

La querella que llevó a Giner al juzgado no es un caso aislado de litigiosidad cualquiera: el despacho que la presentó, Soriano i Piqueras, está cofundado por Víctor Soriano, el asesor de la senadora del PP Eva Ortiz, y litiga ahora contra un Ayuntamiento gobernado por el mismo partido. Para Compromís, este detalle refuerza la necesidad de transparencia total sobre el expediente: "Aquí no hablamos de una promotora cualquiera contra un gobierno cualquiera, hablamos de un bufete con vinculaciones directas al PP que denuncia penalmente a otro gobierno del PP, y que ahora, casualmente, aparece reconduciendo relaciones con él. Catalá tiene que explicar qué ha cambiado", señala Papi Robles.

Reacción de Soriano i Piqueras

Por su parte, Soriano i Piqueras ha lamentado las declaraciones de Papi Robles, al considerar que "suponen un ataque a el despacho, a sus clientes y al ejercicio independiente de la abogacía". "Son afirmaciones que comprometen la función de la abogacía y el derecho de defensa que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos, y que ningún cargo público debería poner en cuestión", afirman.

"Este despacho defiende los derechos de sus clientes con independencia de cualquier posicionamiento político. La prueba está en su propia actividad: Soriano i Piqueras ha intervenido e interviene en litigios contra el Ayuntamiento de València y contra otras administraciones públicas gobernadas por partidos de distinto signo, con el único criterio de la defensa de los intereses que se nos encomiendan. La propia Sra. Robles lo reconoce al afirmar que hemos intervenido profesionalmente en asuntos contra el Ayuntamiento de Valencia", continúa el comunicado del despacho, publicado en su propia web.

"La actividad personal del socio-director de esta firma, D. Víctor Soriano, como asesor en el Senado es pública, notoria y compatible con el ejercicio de la abogacía, y no guarda relación alguna con el Ayuntamiento de Valencia ni con ningún expediente municipal. Utilizarla para identificar al despacho con un partido es ignorar un principio elemental del Estado de derecho, como garantía del derecho de defensa: los abogados no pueden ser identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes por ejercer su profesión", argumenta en Soriano i Piqueras.

"Lo más grave de las declaraciones de la señora Robles es lo que en realidad piden. Al reclamar explicaciones al Ayuntamiento no por el contenido de una licencia, sino por quién es el abogado de quien la empresa que la solicita, la portavoz de Compromís pretende que la Administración dé a los ciudadanos un trato desigual —y, por tanto, ilegal— en función del despacho que les defiende. Una licencia es un acto reglado: si el proyecto cumple la normativa urbanística, el Ayuntamiento está obligado a concederla; si no la cumple, está obligado a denegarla. Quién sea el abogado del solicitante es jurídicamente irrelevante. Pedir otra cosa es pedir a la Administración que discrimine, en abierta contradicción con los principios de igualdad, objetividad e interdicción de la arbitrariedad que la Constitución impone a los poderes públicos", concluye el comunicado.

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