Una tercera colmena turística en Benicalap agrava el conflicto vecinal: "Están reventando el barrio"

Los vecinos de la zona nueva de Benicalap están empezando a organizarse en un gran grupo de Whatsapp con hasta cinco fincas peleando contra la despersonalización del barrio, donde todos los bajos se están transformando en colmenas turísticas pese al rechazo implícito o explícito de las escaleras donde se instalan.

En los últimos días se ha venido hablando de las obras en dos polémicas promociones, un apartahotel en el número 6 de la calle Encarna Albarracín y un segundo apartahotel en el 5 de la calle Carlos Cortina. Ambos proyectos de la misma empresa, Business Decision and Advice S.L., contemplan conjuntamente un total de unas 60 habitaciones, que en realidad funcionarían como apartamentos en solo dos manzanas. Los residentes llevan meses denunciando presuntas irregularidades en los proyectos, tal como contó Levante-EMV en abril, pero la tensión ha escalado ahora cuando los obreros han empezado a abrir ventanas en zonas comunes de los edificios sin el consentimiento de sus comunidades.

Y el eco mediático ha resonado en una tercera finca del barrio. Los vecinos de la calle Manuel Melià i Fuster números 30-32, a menos de 200 metros del proyecto de apartahotel de la calle Encarna Albarracín, llevan bastante más tiempo movilizados contra un negocio turístico que ha entrado en tromba a la zona nueva del barrio periférico. En diciembre de 2023 observaron que comenzaban unas obras en los bajos y a finales de ese año tuvieron una junta de vecinos donde prohibieron expresamente el uso turístico en la comunidad.

Según algunos vecinos presentes, aquella reunión ya fue tensa, porque acudieron los compradores de los bajos, y durante algún tiempo estos habrían intentado torcer la voluntad de los propietarios asegurando que se exponían a grandes sanciones económicas si impedían el uso turístico. Finalmente, tras las “amenazas con cartas y todo”, en palabras de los residentes, la comunidad de vecinos se abrió a albergar la promoción de seis bajos turísticos si los dueños cumplían ocho condiciones.

Les reclamaban lo siguiente: las entradas y salidas debían ser supervisadas y registradas personalmente por el arrendador o una persona que lo representase, evitando sistemas tecnológicos, y debían realizarse entre las 11:00 y las 20:00 horas. La extracción de humos y malos olores debía conducirse por los patinillos comunes hasta la cubierta del edificio, prohibiéndose la salida directamente a fachada. Se exigía un aislamiento acústico de al menos 55 dBA en contacto con las primeras plantas. Los locales destinados a esta actividad tendrían un incremento del 20 % en sus cuotas comunitarias. Las empresas explotadoras debían disponer de seguro de responsabilidad civil. Los huéspedes tendrían restringido el uso de las zonas comunes. Los propietarios debían reparar todos los desperfectos ocasionados durante las obras. Y debía mantenerse la estética del edificio.

Vecinos y propietarios de los bajos aprobaron estas condiciones en una junta a mediados de 2024, pero los primeros denuncian ahora que los segundos “solo cumplen el punto de las cuotas”. Y están cansados, especialmente después de haberse mirado en el espejo de Encarna Albarracín. La comunidad lleva denunciando la situación ante el ayuntamiento desde inicio de 2025, aportando documentación e informes técnicos sobre posibles discrepancias entre las obras ejecutadas, los proyectos y las condiciones aprobadas por la comunidad.

Discrepancias con el proyecto presentado

Entre la documentación presentada los vecinos aportan un informe pericial encargado a un arquitecto técnico, quien constata, entre otras cosas, que la fachada realmente ejecutada no aparecía en los proyectos presentados al ayuntamiento. Las rampas construidas para acceder a los locales presentarían pendientes superiores a las permitidas. Estas además se habrían hecho demoliendo parte del forjado actual. Se habrían construido además altillos no contemplados en el proyecto. Se hizo un saneamiento con perforaciones en el forjado que atravesaron vigas estructurales. Se detectaron conexiones de aguas residuales procedentes de los locales con la red de aguas pluviales del edificio. Y las extracciones de humos de las cocinas se habían dispuesto directamente a fachada, próximas a las ventanas de las viviendas.

Pero más allá de lo arquitectónico, los vecinos cuentan que los bajos se fragmentaron y se vendieron sin que haya un teléfono detrás que pueda atender incidencias, como las filtraciones de agua que llevan meses sufriendo. Señalan que las estancias son variadas y a veces de meses con perfiles muy conflictivos. Explican que la Policía Local ha atendido en diversas ocasiones las quejas vecinales sin poder hacer nada al respecto. Y concluyen que desde 2023 se están viendo sometidos a un desgaste tremendo, porque, además de la convivencia disruptiva en la que apenas se cumplen las normas acordadas, les ha tocado contratar a un arquitecto, llamar a la policía, asesorarse jurídicamente y tocar una y otra vez a la puerta de una administración ante la que se sienten “desamparados”.

Pendienes de informe técnico

Según explican los vecinos, el consistorio les ha confirmado por escrito que los seis locales cuentan actualmente con declaraciones responsables y certificados ECUV favorables, pero también que los expedientes relativos a los cambios de uso y las obras siguen abiertos y pendientes de informe técnico. Mientras esas declaraciones no se dejen sin efecto, continúan explotándose como alojamientos turísticos. “Entretanto, convivimos con una alta rotación de ocupantes, entradas y salidas a cualquier hora y diferentes incidencias de convivencia. Este mismo fin de semana hemos tenido una fuga de agua hacia el garaje cuyo origen apunta a uno de estos locales”, lamentan los vecinos de Manuel Melià i Fuster.

“Están reventando el barrio. El problema no es un apartamento turístico puntual, sino la concentración que estamos viendo en determinadas zonas de Benicalap y la transformación de plantas bajas enteras en alojamientos. Lo más preocupante es que los vecinos llevamos años denunciando, con expedientes abiertos e informes que señalan posibles irregularidades, mientras los alojamientos siguen funcionando. Al final, somos nosotros quienes tenemos que contratar abogados y arquitectos para reclamar a una Administración que debería controlar de oficio que las obras y actividades cumplen la normativa”, insisten en Manuel Melià i Fuster.

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