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Denuncian que el campanario de la calle Serranos no se inspecciona desde hace décadas

El Círculo por la Defensa del Patrimonio tilda de "absoluto desamparo administrativo" la situación la torre, Bien de Relevancia Local, porque Patrimonio no tiene "ningún informe técnico" sobre el estado del campanario, que está engastado en una vivienda más moderna

Primer plano del campanario

Primer plano del campanario / Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La calle Serranos de València dispone de algunos elementos muy distintivos: la plaza de Manises con la que colinda, el refugio de la Guerra Civil o las propias torres que le dan nombre, tras pasar la Plaza de los Fueros. Pero si hay una seña de identidad a lo largo de la misma, es la Torre de San Bartolomé. Se distingue a la legua como un campanario de iglesia e invita a mirar hacia arriba. Pero si se baja la vista, buscando la iglesia, ésta no aparece por ninguna parte. Más aún: se llega a la conclusión de que la torre es un 'pegote', incrustado en unas fincas bastante más modernas.

Ahora, el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural acaba de desvelar, acompañándolo de un requerimiento forman de que se lleve a cabo una inspección técnica, que el consistorio "arrastra un cero absoluto en el control, vigilancia y conservación del monumento durante las últimas décadas", dejando el inmueble en situación de "absoluto desamparo administrativo y vulnerabilidad estructural".

¿Por el incendio o por negocio?

El porqué se demolió la iglesia tiene una versión extendida: los estragos de un incendio durante la Guerra aconsejaba su derribo. Sin embargo, el Círculo apela a una versión más mercantil, amparados en "los informes históricos del propio párroco" que "tras la contienda demostraron que la estructura del templo no estaba gravemente afectada y podía mantenerse en pie. Sin embargo, obviando las protestas de la Real Academia de San Carlos, el Arzobispado vendió los terrenos al Ayuntamiento para financiar las costosas obras del Seminario de Moncada. El derribo del templo se ejecutó a partir de 1944 para convertir el suelo en manzanas edificables comerciales, salvándose milagrosamente el campanario gracias a la presión de los académicos de la época, aunque perdiendo su remate superior piramidal original".

Panorámica de la torre, engastado en la finca

Panorámica de la torre, engastado en la finca / Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural

"No hay expediente abierto"

La torre consta como Bien de Relevancia Local, pero "los datos oficiales, son una confesión administrativa de extrema gravedad" puesto que "revelan que los servicios de Disciplina Urbanística y de Patrimonio Histórico carecen de cualquier expediente abierto, informe técnico o cata sobre la estabilidad de la torre". Es "un campanario huérfano en manos privadas por un olvido burocrático".

La investigación de la asociación patrimonialista ha sacado a la luz un enredo jurídico que explica por qué la torre ha permanecido invisible para los inspectores municipales: "la Torre de San Bartolomé no forma parte del Inventario de Propiedad Municipal".

Cesión gratuita que nunca se aprobó

Porque, aunque "en el año 1953 se acordó un dictamen para la cesión gratuita del monumento al patrimonio de la ciudad, este trámite jamás llegó a ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Como consecuencia de este histórico olvido burocrático, la torre quedó formalmente integrada en la Finca Registral nº 901, pasando a ser una copropiedad privada de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Manises nº 3".

"Es inadmisible que un elemento tan relevante de nuestro 'skyline' histórico, protegido formalmente por las leyes urbanísticas, dependa exclusivamente del mantenimiento que le pueda dar una comunidad de vecinos", señala la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio. "La administración local ha vivido de espaldas a esta realidad, utilizando la excusa de la propiedad privada para eludir su obligación ineludible de tutela, vigilancia e inspección que le impone la legislación autonómica".

Solo accede la propiedad

Y ahora, la asociación se pregunta cómo estará la torre en su interior, al que solo tiene acceso la propiedad. "La mayor preocupación es el total desconocimiento sobre el estado de conservación del interior de la torre. El Servicio de Disciplina Urbanística, a través de su Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación, ha certificado formalmente que en el programa informático municipal (PIAE) no constan antecedentes de haber cruzado jamás el umbral de la torre para comprobar la solidez de sus muros de sillar, el estado de sus vigas de madera o la afección de patologías comunes en Valencia como las humedades por capilaridad o las plagas".

El hecho de estar engastada por un edificio más moderno (data del año 1955), "las tensiones estructurales, las vibraciones del tráfico del centro histórico y las posibles filtraciones de agua de las viviendas colindantes podrían estar minando la integridad del campanario sin que los técnicos públicos lo sepan". Y tratándose de un Bien de Relevancia Local, los exámenes periódicos que debería pasar "se han obviado por completo".

Obligados a dejar pasar a la inspección

La asociación cultural ha movilizado toda la maquinaria jurídica disponible. Un escrito registrado ante el Ayuntamiento de Valencia invoca formalmente el ejercicio de la Acción Pública, que faculta a cualquier ciudadano o entidad civil a exigir ante los órganos administrativos y los tribunales el cumplimiento estricto de las normas de protección del patrimonio. El requerimiento de la asociación exige que el consistorio dicte de manera inmediata una resolución para ejecutar una inspección técnica in situ extraordinaria". Y sin miedo porque, según Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, "los propietarios privados están legalmente obligados a permitir el acceso de los inspectores de la Administración a los bienes protegidos". El requerimiento, ley en la mano, obliga a contestar en un máximo de tres meses. Y en caso de silencio administrativo o desestimación, el Círculo ya ha anunciado que recurrirán a la vía judicial ordinaria y al Síndic de Greuges.

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