El ayuntamiento adjudica los 39 pisos de Patraix que adquirió pese a que ya estaban reservados

El edificio de Patraix, que fue el protagonista de una polémica operación inmobiliaria por parte del Ayuntamiento de València, ya ha encontrado nuevos inquilinos. Se trata del bloque de 39 viviendas de la avenida José Roca Coll que fue permutado a la promotora Domio Desarrollos con el objetivo de destinarlos a vivienda de protección pública a cambio de cuatro solares municipales para 250 viviendas y 1,7 millones de euros en el año 2024. El problema era que esos 39 pisos ya habían sido reservados contraviniendo las condiciones del pliego en el que se especificaba que: “Los edificios residenciales de obra nueva ya construidos ubicados en el término municipal de València que se ofrezcan para permutar, éstos deben estar libres de ocupantes. Y respecto de los edificios en construcción, se exige que las viviendas no estén comercializadas por la promotora”, decía textualmente.

La oposición no tardó en reaccionar y el Grupo Municipal Socialista presentó una denuncia a la Fiscalía. Así que las familias que habían dejado una señal de prerreserva un año antes, en octubre de 2023, se quedaron sin sus viviendas y ante un panorama para comprar una casa en València absolutamente desolador.

Ahora, el consistorio ha anunciado que esos pisos de 90 metros cuadrados, la mayoría de tres habitaciones, trastero y plaza de aparcamiento han sido entregados a otros propietarios. Un total de 39 personas menores de 45 años con varios años de residencia acreditada en València han resultado seleccionadas para acceder a las 39 viviendas de protección pública de nueva construcción que se incorporan al parque público municipal.

Según la propuesta elaborada por el Servicio de Vivienda tras aplicar el baremo entre las personas inscritas en el registro municipal de demandantes, las seleccionadas pertenecen mayoritariamente a hogares con hijos y personas a su cargo. Se trata en casi todos los casos de familias numerosas y monoparentales, unidades de convivencia con algún miembro con discapacidad o en situación de dependencia y víctimas de violencia de género.

Las viviendas se encuentran en un edificio del número 19 de la avenida de José Roca Coll, 19, en el distrito de Patraix, incorporado al parque público municipal tras su adquisición por el ayuntamiento para destinarlo a las personas inscritas en el registro de demandantes de alquiler asequible.

“Estas 39 viviendas públicas son para familias que de verdad las necesitan, que llevan años viviendo en València y están inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda porque tienen dificultades de acceso al mercado libre. Ese es el sentido social de esta operación”, ha señalado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

En ese sentido, el perfil medio de las personas seleccionadas presenta un alto grado de correspondencia con los criterios sociales del baremo municipal. Todas ellas tienen 45 años o menos, el umbral de edad fijado como colectivo de acceso prioritario, y la inmensa mayoría, más del 90 %, acredita siete o más años de empadronamiento ininterrumpido en València. Se trata, por tanto, de personas y familias con un vínculo estable y prolongado con la ciudad, con independencia de su lugar de origen.

Los solicitantes pertenecen a hogares con una media de 5,26 miembros y el 95 % acredita personas a su cargo. Siete de cada diez (72 %) son familias numerosas y cerca de una de cada cinco (18 %) cuenta con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. En menor proporción, entre los beneficiarios también figuran familias monoparentales, con algún miembro con dependencia o que han sido víctimas de violencia de género o doméstica. En conjunto, más de ocho de cada diez familias (85 %) reúnen al menos uno de estos criterios de prioridad social.

La selección se resuelve mediante un baremo de puntos que valora el arraigo en la ciudad, otorgando la máxima puntuación a quienes acrediten siete años o más de empadronamiento ininterrumpido, el número de miembros del hogar, las personas a cargo y las situaciones de vulnerabilidad acreditada.

Tres tramos según los ingresos de la unidad familiar

El baremo ordena a las personas solicitantes en tres tramos según su nivel de renta, definidos en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice estatal que se emplea como referencia para determinar el acceso a ayudas y prestaciones sociales y que en su cómputo anual se sitúa en 8.400 euros.

Así, el tramo 0 corresponde a los hogares con ingresos de entre 0,5 y menos de 2 veces el IPREM, esto es, entre 4.200 y menos de 16.800 euros anuales; el tramo 1, a los que superan 2 veces el IPREM y llegan hasta 3,5 veces, entre más de 16.800 y 29.400 euros anuales; y el tramo 2, a los que se sitúan entre 3,5 y 4,5 veces el IPREM, entre 29.400 y 37.800 euros anuales.

Las 39 viviendas se distribuyen a partes iguales, con 13 viviendas para cada tramo, de modo que se garantiza el acceso tanto de los hogares con los ingresos más bajos como de aquellos que, con rentas medias, tienen igualmente serias dificultades para encontrar una vivienda asequible en el mercado libre. Los tramos de renta más baja concentran los hogares de mayor tamaño y el mayor número de factores de vulnerabilidad.

La adjudicación es posible una vez finalizada la construcción del edificio y completada su incorporación efectiva al parque municipal, en ejecución de la permuta de solares aprobada por la Junta de Gobierno Local en octubre de 2025.

Con esta fórmula, el Ayuntamiento intercambia suelo público por vivienda protegida ya construida, lo que permite recibir viviendas terminadas que puede poner de inmediato a disposición de los demandantes inscritos y, al mismo tiempo, garantiza que en los solares entregados se levante nueva vivienda protegida a medio plazo.

El inmueble que se adjudica ahora dispone de ocho plantas, 39 viviendas, 30 plazas de garaje y 21 trasteros, con una superficie total construida de 6.115,11 metros cuadrados. En los cuatro solares municipales incluidos en esta operación, la promotora deberá construir en torno a 206 viviendas de protección pública.

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