El ayuntamiento se inhibe en el caso de las tres colmenas turísticas de Benicalap y remite a los vecinos a la vía civil

La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València se ha reunido esta mañana con los vecinos afectados por la construcción de tres colmenas turísticas en edificios residenciales de Benicalap, las tres a cargo de Business Decision and Advice SL, la empresa que tiempo atrás se querelló contra el edil Juan Giner por bloquear estos proyectos mediante la moratoria de apartamentos turísticos.

Tras esta reunión, a la que también han asistido miembros de la asociación vecinal del barrio y los administradores de dos de las tres fincas, los vecinos han revelado los términos de la conversación, en la que el ayuntamiento habría argumentado que “hasta donde han visto, administrativamente cumplen todo”. Esto es, que las promociones “están dentro del planeamiento para esa zona, han entregado la documentación requerida y obtuvieron licencia del ayuntamiento”.

Los afectados denuncian que las obras están atacando elementos comunes de los edificios sin permiso y que la actividad turística está expresamente prohibida en los estatutos de sus comunidades de propietarios. Sin embargo, el ayuntamiento se habría inhibido y le habría conminado a recurrir a otras instancias. Al tratarse de un conflicto vinculado a los estatutos comunitarios y a la Ley de Propiedad Horizontal, Urbanismo sostiene que se trata de un conflicto ajeno a sus competencias, instando a los vecinos a acudir a la vía civil.

"Nos parece impresionante que alguien pueda pedir una licencia y que se le otorgue sin cruzar datos para ver si por la Ley de Propiedad Horizontal se puede o no se puede hacer ese tipo de ejecuciones dentro de la comunidad, y si la propia comunidad está vetando la actividad. Me parece lamentable", dice uno de los vecinos afectados.

Además, los residentes han descubierto durante el encuentro que las licencias de estas tres obras fueron solicitadas justo antes de que entrara en vigor la nueva ordenanza municipal, conocida popularmente como la "ley de los candados". La normativa prohíbe que más del 15% de los bajos comerciales de una misma manzana se conviertan al uso turístico, sin embargo, en las colmenas de Benicalap el porcentaje se supera ampliamente al ocupar el 100% de los bajos de los edificios afectados. Al haberse presentado las solicitudes con anterioridad a la vigencia de la norma –un día antes, aseguran los vecinos–, el blindaje legal no se aplica de forma retroactiva y las obras siguen su curso en la zona nueva de Benicalap.

Inspecciones y reuniones

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha defendido la gestión del equipo de gobierno local tras recibir a los propietarios y administradores de las fincas afectadas. El encuentro se ha producido –explican en el consistorio– tras recopilar la información de las inspecciones de las obras realizadas de oficio durante el mes de agosto.

Giner ha explicado a los vecinos que las inspecciones se han llevado a cabo con "rigor, discreción y garantías", justificando que no se anunciaran previamente para mantener su eficacia. El objetivo de estas actuaciones municipales, según el concejal, ha sido certificar que las obras se ajustan de manera estricta al proyecto autorizado y a la legalidad urbanística aplicable, actuando con "plena seguridad jurídica".

Como medida paliativa, la Delegación de Urbanismo ha acordado establecer un canal de comunicación estable y directo con los tres administradores de las comunidades afectadas para realizar un seguimiento de la ejecución de los trabajos. Asimismo, la concejalía se ha comprometido a exigir documentación adicional a los promotores, habida cuenta de la cantidad de quejas que han recibido las tres promociones de Business Decision and Advice SL, empresa representada legalmente por un asesor del Partido Popular.

Giner responsabiliza a la izquierda

De paso, Giner, ha aprovechado para responsabilizar a la izquierda de la proliferación descontrolada de este tipo de alojamientos en bajos de edificios residenciales, con cada vez más presencia en barrios periféricos de la ciudad. "Estamos ante los últimos coletazos de la barra libre que permitió la izquierda para la proliferación de alojamientos turísticos en los bajos. Si el gobierno anterior no hubiera dado barra libre, la reunión que hemos mantenido hoy no hubiera sido necesaria",ha sentenciado el edil.

Un argumentario que contrasta con la denuncia realizada por el grupo municipal socialista. La concejala del PSPV-PSOE, Elisa Valía, ha acusado directamente al gobierno de María José Catalá de "desentenderse" de la enorme presión que sufren las familias ante proyectos hoteleros y de apartamentos promovidos por inversores extranjeros. Valía ha criticado que el ayuntamiento cite a los vecinos en las dependencias de Tabacalera para trasladarles únicamente que "se tienen que apañar" y que deben resolver el problema por sus propios medios. "Su ayuntamiento no les protege, no les ampara y una vez más se pone de parte de quien está tensionando y destrozando la convivencia en nuestros barrios para hacer negocio", ha dicho la edil.

Además, Valía ha denunciado opacidad y limitaciones a la participación ciudadana, al asegurar que el gobierno local ha intentado limitar la asistencia al encuentro. “Sinceramente, para decirles que se busquen la vida, no hacía falta hacerles desplazarse a Tabacalera", ha lamentado la socialista, quien también ha hablado no tanto de un problema particular como una cuestión relacionada con el modelo de ciudad y a la convivencia vecinal frente a los intereses de fondos de inversión.

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