Amnistía Internacional (AI) ha denunciado las políticas de austeridad llevadas a cabo por las comunidades autónomas durante los últimos años, que suponen una década perdida (entre 2009 y 2018) en la Sanidad y que han puesto en riesgo el derecho a la salud en España.

En un informe dado a conocer este miércoles, AI ha lamentado que tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la anterior crisis económica (entre 2009 y 2013) que provocaron el "hundimiento" del gasto sanitario, "seguimos sin recuperar la inversión sanitaria pública que teníamos hace diez años".

Y como consecuencia de esto -ha advertido- el derecho a la salud está en riesgo, ya que las políticas de austeridad han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado sufrimiento, especialmente entre las rentas más bajas y en los enfermos crónicos, personas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y los mayores.

Denuncia que a pesar de que el PIB ha aumentado un 8,6 %, el gasto sanitario público se ha reducido en España en un 11,21 % desde 2009 y Baleares es la única comunidad que ha recuperado la inversión de 2009, mientras que Castilla La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Cataluña son las que se encuentran más alejadas de alcanzar ese objetivo.

Así, el porcentaje que representa el gasto sanitario respecto del PIB se ha reducido, pasando del 8,98 % de 2009 al 8,87 % en 2017 y comparando con el resto de los Estados de la Unión Europea, España está por debajo de países como Alemania, que dedica un 11,25 % de su PIB al gasto sanitario en 2017, Francia (11,3 %), Suecia (11 %), Austria (10,4 %), Bélgica (10,3 %) y Países Bajos (10,10 %).

España sólo está por delante de otros países como Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo o Rumanía, que destinan porcentajes inferiores al 6,5 %.

"Las autoridades deben, de manera urgente, revertir la tendencia de desinversión en el Sistema Nacional de Salud e incrementar los recursos humanos y materiales para asegurar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud", ha reclamado el director de AI, Esteban Beltrán.

Otra de las cifras que denuncia la organización es que entre el 2009 y 2018 el gasto sanitario público por habitante se ha reducido en un 10,5 %, lo que supone que el Estado se gastó en cada persona 147 euros menos que hace una década.

AI señala a la Atención Primaria como la principal olvidada, a pesar del papel importante que juega en crisis sanitarias como la del coronavirus.

Así, la inversión en este nivel asistencial se ha reducido en un 13,10 % de media en las comunidades autónomas en la última década y ha pasado a suponer tan solo el 13,8 % del total del gasto sanitario público en 2018, frente al ya escaso 14,3 % de 2009.

Por comunidades, Aragón y Cataluña son las que más han reducido su inversión en Atención Primaria y sólo Murcia ha aumentado su porcentaje (en un 6,92 %) desde 2009.

Además, en diez años las ratios de personal médico y de enfermería apenas han variado.

Por todo esto, AI insiste en que España debe adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud y debe construirla desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas.