Son dos minutos de imágenes. En varios vídeos 9 ancianos en pésimas condiciones. Secuencias grabadas con el móvil de ella: extrabajadora de la residencia. La Guardia Civil la va a citar como testigo. Quiere conocer de primera mano la realidad que captó en el centro geriátrico. La fiscalía, al ver las imágenes, ha actuado de oficio y ha abierto una investigación. La Generalitat valenciana, quien tiene las competencias, también ha actuado. La residencia de Lliria pertenece al grupo Domusvi. Un fondo de inversión internacional con 140 geriátricos por toda España, 25.000 plazas y muchas dudas por su gestión del coronavirus. En Cataluña, varias residencias como esta fueron intervenidas durante la pandemia, otras investigadas también por ocultar la cifra de fallecidos por COVID-19 en Castilla León y en Madrid denuncias de los trabajadores por no recoger los cadáveres de los ancianos. En la residencia de Llliria, la Generalitat los había multado con 170.000 euros por graves irregularidades: desatención, falta de material o de personal médico.
