Una nutrida representación del más de medio centenar de colectivos de mujeres que ayer presentaron una queja formal contra la decisión de la jueza de obligar a un niño de 6 años a viajar cada dos semanas a Teruel para visitar a su padre maltratador en prisión se ha concentrado esta mañana a las puertas de los juzgados de Torrent, donde ejerce la autora de la resolución judicial, como muestra de protesta y para “hacer que reconsidere esa decisión”.
Las participantes en la concentración, que encabezaba una gigantesca pancarta con el lema “La justicia patriarcal es letal”, leyeron un manifiesto en el que se preguntaban, entre otras cosas, cómo es posible que una jueza de Violencia sobre la Mujer no sea consciente “de que un maltratador no puede ser un buen padre”. “Que se lo pregunten a las madres desgarradas por el asesinato de más de 29 criaturas para darles ‘donde más les duele’”, remacha el manifiesto.
Además, en el escrito han recordado que “más de 1, 6 millones de niños y niñas viven en hogares en los que la mujer sufre violencia. Y ha habido ejemplos dolorosos y ya irremediables de lo que puede ocurrir cuando no se tiene en cuenta que el padre es un maltratador”.
Por todo ello, concluyen pidiéndole a la jueza de Torrent “que reconsidere su decisión y atienda y proteja el interés más importante que, en este caso, es el del menor”.
En este sentido, al término de la concentración, que ha tenido lugar a las once de esta mañana, las participantes han hecho entrega en los juzgados de Torrent del manifiesto, así como de la queja formal presentada ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a la Fiscal de Sala Delegada contra la Mujer y al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Su pretensión es “que la jueza lea la queja y el escrito para que los lea en primera persona y sepa que le pedimos que reconsidere su decisión”, ha explicado la abogada feminista Herminia Royo.
El juicio definitivo en el que se verá el régimen de visitas de este caso tendrá lugar el próximo 28 de octubre, tal como adelantó Levante-EMV la semana pasada, cuando desveló en exclusiva la resolución judicial que obliga al menor a realizar ese viaje de más de 300 kilómetros cada dos sábados, en el coche de su abuelo paterno, para que su padre pueda ejerzar su derecho a ver a su hijo pese a estar preso, cumpliendo una condena de siete años y medio de cárcel por la violencia machista ejercida sobre su entonces mujer y madre del menor.
El primer sábado que debía cumplirse la resolución de la jueza de Instrucción número 1 de Torrent era este pasado, pero la Policía Local de Paterna frenó el viaje al ver que el niño “estaba temblando”, por lo que los agentes decidieron que no obligarían al pequeño a subirse al coche de su abuelo dado que no estaba en condiciones psicológicas de hacerlo, situación de la que informaron a la jueza para explicarle por qué habían decidido no cumplir su mandato.
