Tanto Saray como Ernesto tienen claras unas cuantas cosas. La primera, que ellos, como el resto de familiares de los fallecidos, son «ahora la voz de los que ya no están» y que deben «seguir velando por ellos, por sus intereses y por dignificarlos», tanto «por los que se fueron, como para que esto no vuelva a ocurrir, para que se tomen las medidas oportunas y se creen las infraestructuras que tocan».

Su mayor aliada, sostienen, es la jueza Nuria Ruiz Tobarra, «la llamada jueza de la dana. Nos ha devuelto la esperanza y la fe en la Justicia». Solo tienen palabras de elogio para ella. «Es una trabajadora incansable. Lo está haciendo maravillosamente bien. No ha parado en todo este tiempo y la empatía con las víctimas es increíble», afirma Saray. Desde que asumió la investigación, el 30 de octubre, solo un día después de la dana, ha tomado declaración a 250 familiares de víctimas o testigos de sus desapariciones y a los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su segundo, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Y le ha ofrecido dos veces a Carlos Mazón, como máximo responsable de la Generalitat Valenciana, la posibilidad de que declare voluntariamente, posibilidad que ha rechazado.