El asesinato de Jordi, el niño de once años acuchillado por su padre en Sueca el pasado domingo, en un claro caso de violencia vicaria después de que José Antonio A. C., condenado por malos tratos, hubiera amenazado previamente a la madre con «darle donde más le doliera», pone en tela de juicio los actuales protocolos y la falta de comunicación entre los juzgados de familia y los de violencia contra la mujer. Para «analizar y evaluar qué es lo que ha pasado y por qué a pesar de que la víctima denunció no hemos sido capaces de detectar al monstruo y anticipar el riesgo que corría esa mujer y sobre todo el menor», la consellera de Justicia Gabriela Bravo mantendrá hoy una reunión con los operadores jurídicos, policiales y asistenciales en materia de violencia de género con el objetivo de plantear e instaurar nuevos protocolos y sistemas de alerta que faciliten la comunicación e interconexión entre la jurisdicción penal y civil.

En dicha reunión convocada por la conselleria de Justicia estarán presentes tanto representantes de la judicatura, jueces y fiscales tanto de penal como de civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, responsables de las oficinas de atención a las víctimas y del Instituto de Medicina Legal, cuyo papel en las Unidades de Valoración Forense Integral resulta fundamental para analizar tanto el riesgo de la víctima como de los menores, analizando también al propio agresor, recurso que según distintas fuentes consultadas por este periódico se utiliza en contadas ocasiones.

«Aquí han fallado muchas cosas», reconoció Bravo a la vez que pedía «hacer autocrítica todos porque no podemos consentir que esto siga sucediendo, las administraciones y los poderes públicos tenemos la obligación de poner en marcha todos los recursos para mejorar el sistema». Eso sí, sin perder de vista que «hay un único culpable, el maltratador y presunto asesino, no lo olvidemos», puntualizó.

Como ya explicó Levante-EMV ayer, en este caso en concreto se produjo una falta de comunicación entre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción cinco de Sueca, con competencia en Familia y que llevaba la demanda de divorcio, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Sueca, encargado de violencia contra la mujer. Este último condenó el pasado 12 de agosto por maltrato al presunto infanticida a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y ocho meses de alejamiento respecto de su víctima tras un juicio rápido.

No obstante, debido a esta desconexión y a que ninguna de las partes comunicó que había un procedimiento civil abierto en uno de los casos y una sentencia firme en el otro, en septiembre «ambos cónyuges ratificaron el convenio regulador presentado en julio que establecía la custodia compartida».

«Las víctimas de violencia están en una situación de vulnerabilidad y dependencia por la que no se les puede pedir ninguna responsabilidad», remarca la letrada Raquel Marco, diputada de la Junta de Gobierno del ICAV especialista en violencia de género, sobre el hecho de que la madre no le hubiera comunicado nada a la letrada que le llevaba la demanda de divorcio sobre la condena previa de maltrato, por la que el juzgado de civil debía de haberse inhibido en favor del especializado en violencia sobre la mujer. «Los abogados estamos cansados de oír en el juzgado a las víctimas pedir que no se le prohíba al maltratador ver al niño porque según ellas, ‘es un buen padre’», explica la abogada remarcando el riesgo que ello implica.

Para evitar casos como el ocurrido en Sueca, la especialista en violencia aboga por mejorar el sistema informático «teniendo acceso los jueces de familia a las ordenes de alejamiento y a los procedimientos de violencia de género y antes de dictar cualquier resolución de familia hicieran un simple ‘click’ para comprobarlo». De hecho, en caso de que haya un procedimiento de violencia machista está prohibida la custodia compartida.

En este mismo sentido, la consellera Gabriela Bravo indicó que habría que establecer un protocolo para que todos los jueces de familia tengan esa capacidad para poder acceder, «y eso es tan fácil como generarles el usuario por parte del Ministerio de Justicia», además incorporar un sistema de alertas.

Asimismo, la consellera se mostró muy crítica con los juicios rápidos en materia de violencia contra la mujer, al argumentar que no son los procedimientos más adecuados para poder analizar en profundidad el trasfondo y el riesgo latente. «Esa mujer entró a las nueve de la mañana y salió a las 14.00 horas con una sentencia con una pena mínima en base a unos hechos probados y ocho meses de alejamiento que acababan este mismo mes».

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