El pasado viernes Jorge Ignacio Palma Jacome fue considerado culpable por el jurado popular de nueve delitos de asesinato machista, tal como informó Levante-EMV. Los de Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas y Marta Calvo fueron consumados y los otros seis, intentados.
También fue considerado culpable de diez delitos de abuso sexual de corte machista, en el que se incluye a todas las víctimas, un delito de tráfico de drogas con cada una de ellas y un delito contra la integridad moral, que pedían tanto la madre como el padre de Marta Calvo. A falta de que la magistrada tenga lista la sentencia, Jorge Palma afronta una pena sin precedentes en España de tres condenas a prisión permanente revisable.
Mary Renart, trabajadora social y especializada en tratar a mujeres víctimas de todo tipo de violencias, subraya que es «importante y necesario» que se haya reconocido esa agravante de género: «Los agresores sexuales se excitan imponiendo su abuso de poder, sintiéndose superiores a la mujer por el hecho de ser mujer». Renart explica que las mujeres migrantes que están en situación administrativa irregular y ejercen la prostitución «debido al desconocimiento de la legislación y a los derechos que tienen como víctimas, no denuncian por miedo a que se pueda iniciar un expediente de expulsión y de devolución al país de origen. Ellas no saben que las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia están amparadas por la ley».
Por eso, no cree que este veredicto vaya a conseguir que se atrevan a denunciar. «Muchas veces cuando van a declarar sienten que están siendo cuestionadas, juzgadas y revictimizadas. No se sienten creídas y no se sienten cómodas. Parece que se está poniendo en duda su palabra», detalla la trabajadora social.
Validez al relato de las víctimas
En este sentido, reconoce el valor de que se haya validado el relato de las diez víctimas. «Hay casos en los que la mujer no puede aportar pruebas de su agresión sexual. Se quedan paralizadas, tiradas en la calle, con miedo y no son capaces de ir al hospital. Cuando quieren denunciar, no pueden aportar ningún parte médico de lesiones y de cara a un juicio la situación se complica para ellas», apunta.
Renart recuerda que son muchos los «factores de vulnerabilidad» que han llevado a esas mujeres a la prostitución y que suelen pedir ayuda cuando ya han sufrido una agresión de carácter grave. «No es fácil que puedan salir de ahí», admite. Tampoco lo es la recuperación integral. «Podemos ayudarles a sanar las heridas que tienen e intentar recuperar su vida en la medida que sea posible. Es muy complicado porque tienen muchas secuelas», señala.
Pero sí es posible. Carol L. es activista y superviviente de la explotación sexual. Si al final se le impusieran las tres condenas a prisión permanente revisable, para ella sería una «alegría» por las familias y la memoria de las víctimas. «Se haría justicia», destaca. Pero no considera que sea un «aliciente para las mujeres en situación de prostitución». «Nos queda un camino enorme por recorrer», manifiesta.
Mary Renart coincide: «Queda mucho por hacer», también desde la prevención, la educación desde edades tempranas y la formación en perspectiva de género.
Desde el Front Abolicionista de la C. Valenciana reclaman impulsar una ley abolicionista «que multe a los puteros, persiga toda forma de proxenetismo y se den todos los recursos a las mujeres para que no entren en la prostitución y para que las que están puedan salir», reivindica Concha Hurtado, su portavoz, quien defiende que el propio ejercicio de la misma es «traumático como una violación».
Relación abusiva de poder
«Los puteros pagan para hacer con una mujer esclavizada lo que no pueden hacer con una mujer libre. El putero busca sentirse poderoso. Es una relación abusiva de poder», concluye Hurtado, quien señala que el reconocimiento del daño que provocan «es muy importante para la sanación de ellas».
