El ex concejal de Massalfassar Gerardo Isidro Vivó condenado en firme a cuatro años de prisión y a indemnizar con 10.000 euros a la mujer de la que abusó sexualmente en agosto de 2019 mientras ella estaba desmayada en su coche ha logrado esquivar el pago de esa responsabilidad civil alegando su ruina económica. 

Así, el pasado 22 de septiembre consiguió que un juzgado valenciano de Primera Instancia lo declarase a él y a su mujer «en situación legal de concurso consecutivo voluntario de acreedores». Siete días después, su abogado solicitó a la sección tercera de la Audiencia de València, la misma que lo condenó por abusar sexualmente de una empleada, que suspendiese la ejecución del pago de la responsabilidad civil de 10.000 euros a su víctima.

La Fiscalía, condicionada por esa sentencia de Primera Instancia, no pudo oponerse a la pretensión. 

Una "artimaña" y una "estafa procesal"

La abogada de la víctima, la letrada valenciana María José Jordán, trató de frenarlo en un recurso presentado en octubre en el que afirma, entre otras cosas, que "estamos ante un claro abuso de derecho, pretendiendo mediante una supuesta mediación concursal, a la que mi mandante ni tan siquiera ha sido citada ni se le ha solicitado su opinión, lo que hace dudar de la veracidad de dicha mediación, eludir la responsabilidad civil derivada de un delito de abuso sexual. Entendemos que es una artimaña del condenado para no abonar su responsabilidad derivada de un delito tan grave, como es un delito contra la libertad sexual de una persona, lo que nos situaría en la esfera de la estafa procesal".

"No puede ser que un violador o un asesino no pague la responsabilidad civil por declararse en concurso"

Además, la letrada expuso al tribunal que "suspender la ejecución de la responsabilidad civil, sería un agravio para la víctima, que está viendo, cómo su agresor, pese a haber sido condenado por medio de sentencia judicial firme" sigue sin entrar en prisión, lo que, a su juicio, "deja vacío de todo contenido la sentencia condenatoria y una sensación de inseguridad y desazón en la víctima del delito".

La abogada también esgrimió que esos 10.000 euros suponen el dinero que, la Audiencia, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV), después, consideraron imprescindible para reparar el daño causado y que en ningún caso "la responsabilidad civil derivada del delito, es un crédito mercantil ni contractual, con lo cual, no puede ser un crédito que deba incluirse en masa concursal alguna". Es más, le recuerda a la sección tercera que "en la descripción de créditos que se realiza en la Ley Concursal, no se incluyen las indemnizaciones por la comisión de delitos, por tanto, jamás podrás formar parte de la masa concursal".

La abogada considera un acto de "violencia institucional" la actual ley concursal que permite eludir la indemnización a las víctimas

Sin embargo, el tribunal no ha tenido margen de maniobra, por lo que finalmente ha tenido que aplicar la ley y suspender la reparación del daño a la víctima

Recogida de firmas para cambiar la ley

«No puede ser que un violador o un asesino no pague la responsabilidad civil derivada del delito por declararse en concurso», afirma la letrada de la joven en la campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, puesta en marcha por iniciativa suya y de la familia de la chica, que ha recibido como un mazazo la resolución judicial.

«No se trata de una cuestión económica, sino de dignidad personal y humana», sostiene Jordán. Y añade: «El legislador, sin darse cuenta, está cometiendo un acto de violencia institucional contra las víctimas de cualquier delito».