La consellera de Justicia Gabriela Bravo ve con buenos ojos la iniciativa de la Fiscalía Provincial de València de intentar buscar a través de la ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima alguna forma de darles voz en el proceso de revisión de sentencias que se ha producido a raíz de la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, tal como adelantó ayer Levante-EMV.

Las revisiones a la baja se plantean por el hecho de que la nueva norma ha reducido las penas en algunas formas del nuevo delito de agresión sexual (antes abuso sexual), y el delincuente tiene derecho a que se le aplique siempre la ley más favorable.

En este sentido, Bravo ha dicho, a preguntas de este diario, que ve con buenos ojos "que la Fiscalía se plantee y que estudie cómo tener en cuenta y oír a la víctima aunque no hubiera sido parte en el proceso, como ocurre con las víctimas de ETA, por ejemplo".

"Más allá de que la víctima haya sido parte o no en el proceso, tiene unos derechos. El Estatuto de la Víctima recoge y reconoce una serie de derechos a las víctimas, como el de estar informadas no solo a lo largo del proceso sino también durante la ejecución de la sentencia. En este caso, se trata de revisiones de las sentencias. Habrá que ver si es posible dar el encaje jurídico a esa posibilidad de tenerlas en cuenta en este proceso que se ha abierto ahora", explica.

Tal como informó ayer este diario, la fiscalía valenciana está estudiando cómo darle voz a las víctimas a partir de la citada ley de 2015. De encontrar la fórmula, esa propuesta sería presentada a la Fiscalía General del Estado (FGE), que tendría la última palabra en su aplicación.

La FGE acaba de emitir un decreto, de obligado cumplimiento para todos los fiscales implicados en las revisiones, en el que aboga por aplicar un mismo criterio: oponerse a la reducción de la condena cuando la pena impuesta con la anterior ley tenga encaje en el rango penológico de la nueva.

Si la propuesta prospera y la FGE considera que es viable, podría incluirla en la circular que el fiscal general del Estado tiene previsto emitir una vez cuenta con el informe definitivo de la Junta de Fiscales de Sala.