Los primeros 100 días en un cargo político siempre sirven para hacer un balance de las primeras decisiones o para dilucidar cómo será la gestión en una determinada área o responsabilidad, un periodo en el que la consellera de Educación, Raquel Tamarit, no está teniendo tregua.
La dimisión de Vicent Marzà el pasado 11 de mayo —el conseller de Educación valenciano que más ha estado en el cargo—, pilló por sorpresa a toda la comunidad educativa y también es uno de los acontecimientos a destacar del curso que ahora finaliza.
En el cargo desde 2015, cuando el Botànic desembarcó en el Consell y tras revertir buena parte de los recortes del PP en Educación, Marzà le traspasó a Tamarit —hasta entonces secretaria autonómica de Cultura—, una cartera bien llena de tareas a abordar con cierta premura.
La consellera, que ha mantenido un perfil activo desde su nombramiento, tiene diferentes retos inmediatos. En primer lugar, recientemente la Conselleria de Educación ha confirmado que el curso 2022-23 se iniciará el próximo 12 de septiembre para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP. Tras las quejas, la fecha finalmente contentó al profesorado y a los directivos —que solicitaron más tiempo para implantar la Lomloe—, pero pilló por sorpresa a las ampa, al no ser el día acordado inicialmente: el 8 de septiembre.
Asimismo, en Campanar preparan a contrarreloj los nuevos currículums, los decretos y las instrucciones que adaptan la ley estatal al ámbito autonómico. Actualmente, ya se han publicado los borradores definitivos, pero desde los centros lamentan que llegan tarde y aún no son oficiales, si bien Educación ya no contempla modificarlos. Sobre esto, Tamarit afirmó que se demoró la normativa del ministerio, por lo que todas las autonomías se han encontrado en una situación similar.
Por otro lado, hace dos semanas se iniciaron las oposiciones de Infantil y Primaria y, pronto, Raquel Tamarit deberá cerrar también todos los detalles del nuevo procedimiento extraordinario para reducir la temporalidad entre el profesorado. Siguiendo la nueva ley del Gobierno, la conselleria abrirá un proceso para unas 9.000 plazas, de las que calcula que cerca de 7.000 se consolidarán por méritos y, el resto, en unas oposiciones ‘light’.
Procesos participativos
Además de esto, la Federación de ampa Gonzalo Anaya pide «reflexionar sobre qué es lo que moviliza a las familias y sobre la implicación de los equipos directivos y docentes en los diferentes procesos de decisión». Las ampa lanzan esta petición después de que este curso haya habido elecciones a los consejos escolares y consultas sobre la jornada continua, esto último con cierta polémica al exigir la conselleria que los cambios se hagan habiendo votado a favor más del 55 % del censo, no de los votos emitidos.
Por su parte, Stepv también recuerda ciertos temas que la conselleria tiene pendientes, con respecto, sobre todo, a mejoras de las condiciones laborales del profesorado. Entre otras cosas, que el decreto de permisos y licencias está «obsoleto»; pide consolidar los aumentos de plantilla; así como actualizar normativa relacionada con el profesorado y que es anterior al Botànic. Mejorar la aplicación del decreto de Orientación o definir la situación del profesorado técnico de FP —con parte del cuerpo a extinguir—, son otras de las cuestiones.
Asimismo, Stepv defiende la reducción de ratios y de la burocracia en los centros educativos, como también esperan desde Adip-PV y en lo que ya se ha comprometido la conselleria.
