M. Candela, Alcoi

Los afectados por la crisis de la Caja de Crédito de Alcoi reclamaron ayer celeridad en la convocatoria del juicio, y expresaron su confianza en que pueda celebrarse a principios del próximo año, tras una instrucción que ha se ha prolongado casi 14 años. Además, destacaron que el juez instructor haya respaldado sus tesis, acusando al equipo directivo y a todo el consejo rector, y no a sólo una parte de este último como se había pedido desde la Fiscalía. El colectivo expresó su satisfacción tras conocer ayer, a través de este diario, la publicación del auto de apertura de juicio oral, en una acusación por un delito de quiebra fraudulenta que va dirigida contra los tres miembros del equipo directivo, y los ocho componentes del consejo rector. El fiscal pide 30 años de cárcel, cifra que ha sido elevada por los afectados hasta 216.

Los afectados reaccionaron ayer con enorme satisfacción ante esta resolución del Juzgado de Instrucción número 1. Enrique Rodes, presidente del colectivo, djo que «estamos muy contentos con este último juez, que está por la labor de agilizar el tema, y ya está bien después de 14 años». Sobre la convocatoria del juicio, comentó que «si no puede ser este año en la Audiencia de Alicante, que sea en 2008 cuando se falle la sentencia correspondiente. De todas formas, hay que agradecer a la justicia que vaya poniendo las cosas en su sitio». Otros portavoces, no obstante, fueron más contundentes y significaron que «el juicio sea cuanto antes; que pase rápido a la Audiencia el sumario y que allí no se paralice todo». Todo apunta, según las informaciones recabadas, a que el proceso en Alcoi podría quedar completado antes del verano y que el juicio podría celebrarse en los primeros meses del próximo año, dependiendo de la carga de trabajo de las salas de la Audiencia. Además, los afectados destacaron que al final se sienten en el banquillo todos los directivos, y no una parte como pedía el fiscal. «Irán todos a juicio, que es lo que pedíamos nosotros, porque todos tienen su responsabilidad, en mayor o menor grado», agregó. Los perjudicados por la crisis de la Caja de Crédito, además de la quiebra fraudulenta, han acusado a los directivos de otros dos delitos: apropiación indebida y delito societario.

Los afectados, por último, tienen previsto celebrar una asamblea el próximo día 11 de abril, jornada en la que se dará cuenta de las novedades registradas en torno al proceso penal. En las próximas semanas, la instrucción puede registrar nuevos avances -en lo que son sus últimos trámites- con la presentación de los escritos de defensa, e incluso la materialización de las fianzas.

Sospechas de que la fianza llegue tarde

Los afectados, asimismo, han destacado la iniciativa judicial de establecer una fianza colegiada de 2,6 millones de euros para los directivos, a pesar de que tienen el convencimiento de que puede haber llegado tarde. Enrique Rodes dijo que «la fianza nos parece muy para evitar que escapen» , pero otros representantes recordaron que en 1995 se pidió al juzgado un embargo cautelar de bienes, que «no se nos aceptó». A su juicio, esto puede haber ocasionado «pérdidas patrimoniales», ya que los ahora acusados no fueron imputados hasta tiempos relativamente. «Todo ha tardado tanto en salir adelante, que veremos que pasa cuando se tengan que concretar los patrimonios», indicó.