Cèsar Palazuelos, la Vall de Gallinera

El actual conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, podría no haber incurrido en irregularidades -«una decisión jurídicamente indefendible»- al desproteger el monte de La Solana de la Vall de Gallinera en 2003. Una descatalogación que permitía la construcción de 250 viviendas en un paraje con categoría de utilidad pública desde 1924.

En este sentido, Acció Ecologista-Agró presentará ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una denuncia sobre una sentencia del mismo que considera derogado el decreto de desprotección de La Solana. Los conservacionistas consideran que el comportamiento del conseller «ha sido consciente y deliberado» en el sentido de haber incurrido en «una ocultación que posibilite adoptar una decisión jurídicamente indefendible con absoluto desprecio a su obligación legal superior de protección del medio ambiente». El TSJ aprecia «irregularidades» detectadas en el procedimiento adminsitrativo de la descatalogación.

Los ecologistas eleverán al Fiscal que «independientemente de que acatemos al sentencia» también «entendemos necesaria una disposición derogatoria» con el fin de que «maniobras tales -descatalogaciones- no vuelven a suceder».

En 1991 el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera declaró como urbanizable un parcela de 38 hectáreas en la que se podían construir hasta 2.890 casas. En 2001 el consistorio vendió a la mercantil Jalón Consult S. L. la superficie por 457.831, a 1,2 euros el metros cuadrado. Dos años después, la Conselleria de Medio Ambiente desclasificó la parcela, excluyéndola del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de las comarcas de Alacant.

Inmediatamente la empresa comenzó a promocionar a través de su página web una urbanización de 250 viviendas unifamiliares, servicios y equipamiento deportivos. Entonces se generó una reacción social importante contra el proyecto urbanístico al mismo tiempo que la conselleria, a través de sus diferentes departamentos seguía tramitando el informe emitido por el ayuntamiento en el que defendía la descatalogación de la parte del monte público en la que se preveía la construcción de las más de 200 casas. La Solana es uno de los parajes vírgenes emblemáticos que restan en el interior de la Marina Alta.

La presión consiguió virar, a priori, el posicionamiento del conseller Blasco quien paralelamente a las críticas por la desclasificación declaró que el proyecto urbanístico le parecía «un disparate». Un comentario que se convirtió en decreto en octubre del 2003, por el que se devolvía la parcela a la calidad de monte público. En tan solo tres meses donde dije digo, digo diego.

Escandaloso

Si bien, según denuncia el colectivo Acció-Ecologista Agró, la descatalogacióndel monte púlibo de La Solana fue «un abandono que resulta escandaloso e injustificable y lleva a concluir que aunque formalmente se han realizado los trámites ordenados por la norma, lo tramitado no es más que un expediente administrativo».