Eloïssa Vidal, Dénia
La decisión de la oposición en el Ayuntamiento de Dénia (PP, PSD,CU, GD y Collado)de dejar sobre la mesa la demolición del chalé ilegal del barranco de la Cova de l'Aigua no ha sido entendida por muchos. Y sobre todo, cuando existe una sentencia judicial de 2004 que señala que las obras del barranco son ilegales. Sin embargo, más inexplicable es para algunos la postura que han tomado tanto los ediles del Partido Popular, como de la ahora líder de Centre Unificat, Pepa Font, ya que en 2002 decretaron el derrumbe del inmueble como miembros del equipo de gobierno. Para Acció Ecologista Agró la actitud de los concejales de la oposición es "inexplicable y vergonzosa".
La implicación de Agró con el desarrollo del caso del chalé empezó en el año 2000, cuando el colectivo denunció las obras de la casa sin licencia a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Por ello, el portavoz de Agró en Dénia, Joan Sala delcaró a este diario que "nos parece increible que la oposición vaya en contra de una sentencia judicial". Sala recordó que el fallo de la Audiencia de Alacant afirmó que las obras no eran legalizables, que el barranco es propiedad de la Confederación y que invade el dominio público hidráulico. "Las sentencias están para acatarlas y, más, cuando en su dia el PP votó a favor de la demolición", espetó.
Además, Agró destacó que en lo que llevamos de legislatura "los grupos de la oposición junto a Collado se han querido apoderar de la bandera de la transparencia y la sostenibilidad para que ahora voten en contra de la decisión de un juez".
El representante de los ecologistas se vio desconcertado y se preguntó "si ir en contra de la justicia es el ejemplo de las personas que pretenden gobernar el Ayuntamiento de Dénia". El colectivo se mostró desesperanzado respecto al cumplimiento del fallo judicial y auguró que la intención de los ediles de la oposición será "darle vueltas al asunto para intentar legalizarlo".
El argumento popular
El debate de la reducción a escombros del chalé que ocupa el barranco viene de lejos. En 2002, el ejecutivo local (PP) ya decretó la intervención después de que la CHJ confirmara que las obras ocupaban el cauce y suponían riesgo de inundación; en 2004 una sentencia de la Audiencia de Alacant falló que el chalé era ilegal. El jueves pasado la oposición frenó la aprobación definitiva del derrumbre que propuso el equipo de gobierno.
Fue el concejal popular Vicent Chelet quien aportó el documento que convenció al resto de concejales en la oposición a dejar sobre la mesa la propuesta de PSPV y Bloc.
Chelet dio a conocer un documento de la empresa propietaria del inmueble, que adquirió la vivienda después de recibir una certificación urbanística del ayuntamiento según la cual no pesaba ninguna infracción urbanística sobre la propiedad, según argumentó el popular.
El documento redactado por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, esta semana, concedía a Norbert Wener Heinz Kieselbach y Sucesores de Pous Marí, S.L., un plazo de un mes para destruir la vivienda del número 14 de la calle de l'Esbarzer y devolver al estado original el cauce del barranco.
