UGT alerta del deterioro de los servicios públicos valencianos y pide más inversión
La jornada ‘Alerta roja: serveis públics en risc’ reúne a representantes sindicales y de la sociedad civil para analizar la situación de la sanidad y la educación y defender su papel como garantía de igualdad
Levante TV
J.M.B.
La necesidad de blindar los servicios públicos frente al deterioro y garantizar su papel como herramienta de igualdad centró la jornada ‘Alerta roja: serveis públics en risc’, organizada por UGT Serveis Públics del País Valencià. El encuentro reunió a representantes sindicales y expertos para analizar los problemas de la sanidad y la educación valencianas y reclamar más recursos, mejores condiciones laborales y un compromiso político que garantice estos derechos más allá de cada legislatura.
En la apertura, Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià, defendió que los servicios públicos permiten mantener los derechos de la ciudadanía y advirtió de que los recortes afectan también a los principios institucionales. Montaner subrayó que hablar de servicios públicos es hablar de democracia. «Los servicios publicos nos permitnen mantener nuestros derechos como ciudadanos, por eso las derechas los atacan. Cuando se recortan, se recortan principios institucionales», subrayó.
La secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià envió un mensaje diáfano: «Es a través de los servicios públicos como se ejercen los derechos de ciudadanía. Y por eso las derechas nos atacan. Por eso los degradan, porque quieren perpetuar las desigualdades sociales, además de hacer negocio»
En la primera mesa, titulada ‘Blindar els serveis públics’, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, defendió que estos son imprescindibles para garantizar la igualdad de oportunidades. «Lo público es lo que distingue a un Estado democrático de derecho de un Estado neoliberal», afirmó.
Silvia Tomás, Isabel Araque y Ángel Luna, durante la primera mesa. / Fernando Bustamante
Araque destacó que redistribuir la riqueza también significa distribuir oportunidades y recordó que los servicios públicos representan una parte fundamental del nivel de vida, junto con los salarios. Por ello, reclamó trasladar su defensa a todos los centros de trabajo y advirtió de que los derechos «no son irreversibles, sino que deben preservarse cada día».
Araque defendió aprovechar las posibilidades de la inteligencia artificial para eliminar tareas repetitivas, sin sustituir el criterio humano en la definición y aplicación de las políticas públicas. «No sobran empleos públicos. La calidad de los servicios pasa por los empleados públicos», afirmó, aunque reconoció que es necesario eliminar burocracia innecesaria. Araque reclamó, además, preservar los derechos de las mujeres y evitar que las nuevas tecnologías deshumanicen la atención.
Razones ideológicas
Por su parte, Ángel Luna, síndic de Greuges, alertó del aumento de las quejas ciudadanas. Según explicó, las reclamaciones relacionadas con la sanidad se han más que duplicado en un año y las relativas a políticas sociales representan el 40 % de las recibidas por la institución. También advirtió de los problemas de las listas de espera y del coste social del abandono escolar. «Los servicios públicos están al límite. Lo peor está por venir porque están amenazados por razones ideológicas», apostillo.
El defensor del pueblo valenciano aludió al Artículo 10 de la Constitución, que habla «de la dignidad de la persona. La dignidad es un concepto que debe estar detrás de lo que debe ser la vara de medir los servicios sociales. Habla de la dignidad de las personas, no de los españoles».
Kilian Cuerda, Rosanna Martínez, Mayte Montaner, Eduardo Zafra y Eva Plana, durante la segunda mesa de la jornada. / Fernando Bustamante
La segunda mesa, bajo el título ‘La deriva de l’educació i la sanitat pública valencianes’, abordó los problemas concretos de ambos sistemas. Eduardo Zafra, médico y vicepresidente de ACDESA-PV, señaló las dificultades de acceso a la atención primaria, las consultas de especialistas y las pruebas diagnósticas, así como el incremento de los tiempos de espera. Entre las soluciones, propone reforzar la participación de los profesionales en la gestión, dar más protagonismo a la enfermería y aumentar la financiación a medio plazo.
Eva Plana, secretaria del sector Salud de UGT Servicios Públicos del País Valenciano, denunció la falta de personal y recursos, que sobrecarga hospitales y centros de salud y provoca estrés físico y emocional entre los profesionales. Reclamó formación continua, mejoras en las plantillas y los medios materiales, y una jornada laboral que permita ofrecer una atención de mayor calidad y favorecer la conciliación.
Parte de los asistentes, en la sede de UGT en València. / Fernando Bustamante
En educación, Rosanna Martínez, presidenta de Escola Valenciana, advirtió de que el profesorado afronta una carga de trabajo creciente en una sociedad cada vez más diversa y desigual. Reclamó mejores infraestructuras, más recursos para atender la diversidad y un mayor apoyo institucional al valenciano.
Kilian Cuerda, delegado de UGT Servicios Públicos del País Valenciano, atribuyó las dificultades de la educación y la sanidad a la falta de inversión estructural y de «voluntad negociadora» de la Administración. Los participantes coincidieron en reclamar más recursos, mejores condiciones laborales y una mayor participación social para preservar ambos sistemas como pilares de la igualdad y la cohesión social.