El acceso a la vivienda de alquiler es uno de los principales problemas de miles de españoles que han visto como en los cinco últimos años se ha disparado un 50 % el coste de las rentas, según el Banco de España. Las inmobiliarias apuntan que se ha formado una tormenta perfecta en las grandes ciudades por la imposibilidad de acceder a la compra tras endurecerse los requisitos para conseguir una hipoteca (es necesario tener ahorrado entre 30.000 y 40.000 euros para la entrada) y la precariedad laboral de los jóvenes, y el alquiler de miles de viviendas para pisos turísticos. Podemos defiende que se limite el precio del alquiler para pinchar la burbuja especulativa como han hecho ciudades como París o Berlín, aunque esta medida despierta el rechazo de las inmobiliarias que advierten de que no se puede poner coto a la propiedad privada. Los analistas del mercado inmobiliario aseguran que en Francia y Alemania se ha reducido todavía más la oferta porque los propietarios son reacios. El resto de partidos apuesta por aumentar el parque de viviendas protegidas, introducir incentivos fiscales y dar más garantías a los propietarios.
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Los expertos, según destaca la plataforma Idealista, coinciden en que limitar el precio del alquiler es contraproducente en un mercado libre y subrayan que es difícil de llevar a cabo porque el valor de dos casas puede ser muy diferente incluso estando en el mismo edificio (una puede tener plaza de garaje o haber sido reformada recientemente). Además, consideran que es una medida abocada al fracaso como ocurrió con la renta antigua. «En España ya hemos vivido una limitación en los precios del alquiler: se llamó 'renta antigua' y aunque al comienzo pareció no tener impacto negativo, a medio plazo destrozó el alquiler. Según pasaron los años, los propietarios, incapaces de afrontar los costes de mantenimiento de pisos cuyas rentas cada vez eran menores, dejaron de invertir. El deterioro de las viviendas traspasó a los edificios y a los barrios», subraya Fernando Espinar, jefe de estudios de Idealista.
Unidas Podemos denuncia que se están dando muchos casos de desahucios silenciosos por subidas de precios de entre un 30 % y un 50% cuando finalizan los contratos y los arrendatarios no pueden afrontar dicho precio. Por este motivo, la formación morada apuesta por limitar directamente los precios. Además, también plantea ampliar la bolsa estatal de vivienda de alquiler protegido y social a un ritmo de 50.000 casas al año de manera que se cubra la demanda real de numerosas familias que están en lista de espera para acceder a este tipo de inmuebles.
Óscar Rodríguez, director general de la inmobiliaria OC Habitat, está convencido de que la solución no pasa por limitar el precio del alquiler. «Hay que actuar limitando los alquileres turísticos, aumentando la protección de los propietarios e incrementando la oferta de vivienda», destaca. Rodríguez sostiene que el freno al alquiler turístico impulsado por algunos ayuntamientos ya se está teniendo un efecto positivo en grandes ciudades como València. «Hay un número de viviendas en alquiler turístico que es excesivo. Está pasando en toda España y es un problema porque ha acabado con el stock de alquiler residencial», subraya. Rodríguez cree que es fundamental aumentar la protección de los propietarios para que no tengan miedo a alquilar.
El PSOE apuesta por una reforma legislativa integral que frene la subida del precio del alquiler de la vivienda y proteja tanto al arrendador como al arrendatario. Los socialistas defienden la creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler que ayude a frenar el auge de los precios y permita el acceso a una vivienda a los hogares en situación de desamparo y exclusión residencial, así como a los colectivos más jóvenes.
Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (Asicval), también cree que la medida que propone Podemos de limitar los precios no tiene sentido y acabará fomentando el mercado negro «como ha ocurrido en Alemania». «Nosotros siempre hemos defendido que es contraproducente intervenir en el mercado. Es complicado poner un límite a la propiedad privada», asegura. García lamenta que el decreto del alquiler aprobado por el Gobierno en marzo ha frenado todavía más las operaciones porque ha limitado las garantías de los propietarios. «Ahí se ha hecho mal. Lo que hay que hacer es incentivar el alquiler ofreciendo más garantías jurídicas a los propietarios. El problema es que en España no hay cultura del alquiler. Los inquilinos deben cuidar más las casas», añade la presidenta de Asicval.
Seguros contra el impago
Para atajar los problemas con los inquilinos, el Partido Popular anuncia que favorecerá el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino. Además, quiere implantar un sistema de arbitraje «para resolver de manera rápida y poca costosa conflictos entre arrendadores y arrendatarios».
Por su parte, Ciudadanos propone ampliar el parque de viviendas sociales en alquiler. La formación naranja también quiere incentivar la puesta en el mercado de viviendas a precios asequibles con bonificaciones en el IRPF a los propietarios cuyos inmuebles se ajusten a las condiciones y precios fijados por debajo de mercado.
La CEOE también ha advertido de que la propuesta de Podemos de limitar el precio del alquiler atenta contra la propiedad privada. En un informe llamado «La vivienda en España: propuestas para mejorar», la patronal incide en que las ciudades europeas que han aprobado este tipo de medidas ya «están procediendo a su retirada». La organización propone iniciativas como potenciar los arrendamientos de viviendas de protección oficial y establecer deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios. La CEOE lamenta que las subidas de los alquileres producidas en los últimos años «están erosionado el bienestar social».
Por su parte, VOX centra su programa en proteger a los propietarios de viviendas frente a los okupas y promete una ley para que sean expulsados en cuestión de horas.