Luis Vilar empezó a jugar compulsivamente hace 20 años, llegando incluso a gastar en las tragaperras el dinero de la empresa donde trabajaba. Hoy, es vicepresidente de la asociación Vida Libre, de Alicante, que dedica todos sus esfuerzos a la ayuda a los afectados por la ludopatía, una enfermedad cada vez más presente en la sociedad y para la que es imprescindible la ayuda de profesionales especializados. Él es uno de los más de dos mil valencianos inscritos en 2021 en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana. Una cifra que se ha disparado un 17,13 % respecto al 2020.
«La finalidad del registro es impedir la participación en las actividades de juego a las personas que voluntariamente lo soliciten y a las que deban ser inscritas en virtud de resolución judicial o administrativa», explica el director general de Tributos y Juego, Rafael Beneyto. Según los datos de la Conselleria de Hacienda, son 2.038 los inscritos en 2021, frente a los 1.740 de 2020. Del total de 2021, 1.814 son residentes en la Comunitat Valenciana y 224 son no residentes. «Me fue muy útil haber hecho la autoprohibición, pero uno tiene que tener confianza y voluntad de no entrar en los locales de juego», confiesa Vilar.
Consuelo Tomás, directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas, primer centro en España especializado en la materia, recuerda que el registro puede ayudar en la fase inicial, pero «no es la solución». «El objetivo no es que la persona no tenga ganas de jugar, es que cuando las tenga sea capaz de controlarlas y que no se sustituyan por otras conductas adictivas», aclara la psicóloga.
La autoprohibición tiene efectos sobre los establecimientos de juego presencial, es decir, los casinos, las salas de bingo, los salones de juego y los locales de apuestas de la Comunitat Valenciana. Pero no es la única opción. También se puede solicitar la restricción de acceso al juego online en el Registro de Interdicciones de la Dirección General de Ordenación del Juego, de competencia estatal, datos que se integran con el listado autonómico a través de Hacienda. Según sus cifras, el número ascendió en 2021 a 63.119 personas, 5.051 residentes en la Comunitat Valenciana.
Más altas que en 2020
En 2021, con datos de la Conselleria de Hacienda, el listado autonómico de personas autoexcluidas sumó 207 nuevas altas, por encima de las 168 que se dieron en 2020, un año, no obstante, singular por el confinamiento y la paralización durante meses de la actividad económica a causa de la pandemia. En 2019, la cifra de altas fue de 230. Además, ha habido una menor incidencia de mujeres que han solicitado inscribirse, mientras que el número de hombres ha crecido. En concreto, las altas han sido un 73,4 % de hombres y un 26,6 % de mujeres, (152 y 55, respectivamente). En 2020, fueron un 60 % hombres y un 40 % mujeres (101 y 67).
También son opuestos los patrones entre hombres y mujeres teniendo en cuenta la edad. En el caso de ellas, destacan las 4 peticiones de altas en menores de 30 años (un 7,2 %), ninguna en 2020. En ellos, el porcentaje asciende a un 36,8 % en esta franja, cinco veces más alto. Entre las mujeres, las mayores de 61 años fueron el grupo mayoritario en 2020, aglutinando el 51 % de altas, pero en 2021 ha caído el porcentaje hasta el 38 %. En ellos, este segmento de edad ha sido el minoritario en los dos últimos años: un 10,5 % en 2021 y un 8 % en 2020. Las altas de las personas entre los 31 y los 60 años han concentrado el porcentaje más alto en 2021: un 54,5 % en las mujeres y un 52,6 % en los hombres.
Respecto a las bajas, este último año se han sumado cinco más que en 2020. Comparado con las altas, el resultado es que en 2021 se han mantenido más personas en el registro. En este caso, el 41 % de los que han salido de la lista han sido mujeres (60 en total) frente a los 86 hombres (el 59 %).
Control y prevención
Prevenir la ludopatía y fomentar conductas de juego responsable son dos de los objetivos en los que trabaja la Generalitat, en un contexto de proliferación de las actividades de juego, especialmente en su modalidad en línea desde la irrupción de la pandemia. «Aunque es una actividad económica importante y, por tanto, se tiene que respetar, tiene unos efectos colaterales que obligan a su regulación. Mientras haya personas que puedan ver alterada su salud o su economía por su práctica compulsiva hay que intentar afrontar este reto», declara Beneyto.
Hacienda, a través de la Dirección General de Tributos y Juego, ha iniciado la tramitación de un decreto para poner en marcha el nuevo sistema de control de acceso en todos los establecimientos de juego que evite la entrada de menores de edad o personas que se encuentren incluídas en las prohibiciones de la ley 1/2020 de la Generalitat Reguladora del Juego y de Prevención de la Ludopatía, entre ellas, las inscritas en el registro de autoprohibición autonómico. Una norma que nace con el «propósito de contribuir a la protección de la salud de las personas y al de prevención y tratamiento de las conductas adictivas», subraya Beneyto.
El trabajo de inspección es «esencial», considera Beneyto, para proteger a los menores y evitar el juego patológico. «Se está llevando a cabo un control riguroso en la Generalitat, donde el importe de las sanciones impuestas se ha situado en 2021 en 669.359 euros, mientras que en 2020 fue de 477.323 euros», detalla Beneyto. En 2019, la cantidad llegó a ascender a los 992.746 euros.
«El último decreto sobre medidas urgentes para la aplicación de la ley del Juego contempla la firma de convenios con representantes de las entidades locales para que la Policía Local participe en estas tareas de vigilancia y control», afirma el director general de Tributos y Juego. Los expedientes por faltas muy graves han sumado en 2021 un total de 101, frente a los 55 de 2020, y las resoluciones al respecto fueron en ambos años de 59, lejos de las 108 de 2019. Las faltas graves y leves alcanzaron los 120 expedientes en 2021 (80 en 2020) y las resoluciones dictadas han sido en los dos últimos años de 36, frente a las 76 de 2019.
Rafael Beneyto pone también en valor que el Consell está elaborando una estrategia valenciana para prevenir la ludopatía, con participación de las consellerias afectadas, como son Igualdad, Sanidad, Hacienda o Educación, de la que emanarán planes directores para dotarse de instrumentos y actuaciones que refuercen la prevención.
