El convenio firmado por el anterior presidente de la Real Acequia de Carcaixent con la empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente Seiasa para acometer las obras de modernización de regadíos se basa en acuerdos de la asamblea que no se produjeron -al menos nunca se votaron- y, además, incluye un aval técnico por importe de 213.413 euros que grava las 16.000 hanegadas de cultivo vinculadas a la comunidad ya que, en caso de incumplimiento de contrato, deberán hacer frente al mismo los 1.800 comuneros en proporción a la superficie de sus parcelas.
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La nueva junta de gobierno que, liderada por Antonio Ríos, tomó posesión a principios de abril tras desbancar a Pere Borrás de la presidencia, dio cuenta el martes en una asamblea de estos «descubrimientos» y obtuvo la conformidad unánime de los alrededor de 300 asistentes para denunciar ante los órganos judiciales que corresponda la presunta «falsedad» de varios certificados que el anterior presidente aportó para firmar el convenio por el que el Seiasa adelanta el dinero de las obras -el presupuesto de la primera fase es de 8,5 millones más IVA mientras que hay una segunda con un coste incluso superior, aunque no se ha llegado a firmar ese convenio- que los agricultores tienen que devolver en 50 años. La denuncia persigue que se declare la nulidad de este contrato por un vicio en origen. El secretario actual de la junta, José Tornero, explicó que las obras que se pretenden ejecutar corresponde financiarlas a la Generalitat en base al acuerdo con los regantes de USUJ por la cesión del pantano de Alarcón -el Gobierno sí dispone de fondos para la red en alta- y que, en este caso, la Real Acequia optó por ejecutarlas a través del Seiasa.
Tornero señaló como especialmente grave el certificado sobre el aval técnico que representa una carga sobre las parcelas de todos los regantes ya que, según dijo, a pesar de que da cuenta de que todos los comuneros conocían este extremo, no es cierto. «Los propietarios de los campos no lo sabían. En la asamblea no se dijo nada», subrayó.
El secretario aludía de este modo a la junta general celebrada el 31 de marzo de 2016 en la que Borrás presentó el proyecto de modernización entre fuertes tensiones y las quejas de algunos socios por la falta de información. Tornero señaló que en aquella junta no se llegó a votar nada -explicó que la anterior directiva dejó escrito que se había aprobado «al no encontrar oposición»- ni se explicaron las condiciones financieras del convenio y, por tanto, no se ajustan a la realidad los certificados que Borrás presentó para demostrar que la asamblea le había dado poderes para participar en la financiación de las obras con el Seiasa, le había facultado a firmar el convenio o a poner a disposición de la empresa los terrenos para las obras. También niega que se informara del aval «a primer requerimiento fehaciente» que puede ejecutar la empresa ya que tampoco lleva adjunta la relación de socios.