La presión de los mercados sobre la concesionaria del proyecto Castor aumenta y, mientras salen a la luz informes que la vinculan con los seísmos, la empresa intenta desbloquear el cierre del almacén subterráneo y la financiación del Gobierno antes del 30 de junio, fecha en la que la empresa (y sus socios) tendrán que hacer frente al segundo pago a los inversores que adquirieron bonos del proyecto por valor de 1.400 millones de euros, según informes de la agencia evaluadora internacional Ficth Ratings.
La mencionada agencia ya ha situado los bonos del Castor en valoración negativa de vigilancia y ha anunciado que volverá a devaluar la calificación si la planta no reabre en junio. Más crítico será el plazo de noviembre de 2014, ya que en esta fecha la firma podría verse obligada a comenzar a prepagar los bonos de devolución preferente («senior bonds») en el caso de que el Gobierno no autorice la reapertura y siga sin aceptar su incorporación en el sistema de remuneración gasista español. Pese a ello, el Ministerio de Industria aún sigue a la espera de nuevos informes de Stanford y del Massachusetts Institute of Technology (MIT) para corroborar los estudios previos que ya han establecido una relación causa-efecto. Nacho martín castelló
