La familia de la víctima del kamikaze que provocó la muerte de un joven en un accidente de tráfico cuando circulaba en dirección contraria en la AP-7 a la altura de Polinyà de Xúquer en 2003, va a pedir el ingreso inmediato en prisión del condenado. Lo hará el próximo 2 ó 3 de enero, a primera hora, en la Audiencia Provincial de Valencia, según confirmó a este diario el abogado de la familia, que confía en que ese encarcelamiento se produzca en cuestión de días.
La petición de ingreso en prisión surge como reacción a la decisión del Gobierno de no volver a indultar al kamikaze, según hizo público ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en una entrevista con un diario de Madrid. El Ejecutivo de Rajoy había salvado al conductor, condenado a trece años de prisión. Sin embargo, tras un recurso de la familia, el Tribunal Supremo anuló hace casi dos meses el indulto alegando falta de motivación, y daba tres meses al Gobierno para reformular esa medida de gracia. Sin embargo, el Gobierno ha tomado ya su decisión.
«Era lo que esperábamos. La gente no entendería otra cosa», celebraba ayer el letrado de la familia Dolz, Agustín Ferrer, al tiempo que valoraba el apoyo a su causa de sectores de la abogacía, ayuntamientos o la federación de municipios.
Los sucesos se remontan al año 2003, cuando Jorge Río Salgado, directivo de una multinacional, provocó un accidente cuando circulaba en sentido contrario por la AP-7 a la altura de Polinyà del Xúquer y chocó con un coche en el que viajaban la víctima y su novia.
El juicio no se celebró hasta noviembre de 2010 y el acusado fue finalmente condenado en 2011 a trece años de cárcel por la Audiencia Provincial de Valencia. El delito: conducción con grave desprecio a la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una de daños.
Agotados los recursos, finalmente llegó el indulto, conseguido por el despacho de abogados en el que trabajaba el hijo del ministro Gallardón, tal como adelantó Levante-EMV, lo que provocó una gran polémica. El kamikaze sólo cumplió diez meses de cárcel, y el Gobierno le conmutó la pena por una multa de 4.000 euros. Tras la alarma social desatada, la decisión del ministro de no indultar de nuevo devuelve la situación al punto de partida, con lo que el condenado podría ingresar en prisión.
