Dieciséis activistas de Greenpeace y el fotoperiodista Pedro Armestre se volvieron a sentar ayer en el banquillo de los acusados, por la acción de denuncia que hicieron en la central nuclear de Cofrentes en febrero de 2011. La Fiscalía e Iberdrola presentaron sendos recursos contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 11 que impuso una multa de 1.080 euros a cada activista y absolvió al fotoperiodista.

El Ministerio Público y la compañía eléctrica insisten en que se condene con penas de cárcel a los 17 activistas porque, argumentaron, «cometieron un delito de daños en la central», al cortar la valla con radiales y pintar la frase «Peligro nuclear» en una torre de refrigeración; delitos de orden público porque «se tuvo que activar el plan de emergencia» y que intervinieran «equipos de rescate de montaña» para detener a los ecologistas que se deslizaron con cuerdas por la torre; además de varios «delitos y faltas de lesiones a los vigilantes de seguridad» porque «los acusados iban a ejecutar una acción violenta», según el relato de la fiscal. Unos argumentos a los que se sumaron el letrado de la compañía eléctrica y el abogado de los vigilantes de seguridad.

Los letrados de los activistas, Jose Manuel Marraco y José Antonio y David Casañ Ferrer, lamentaron que el recurso se celebrara mediante una vista oral «cuando no hay ningún nuevo elemento de prueba» y que los recurrentes pretendan «revisar hechos probados» en la primera sentencia. Sobre los delitos que reclaman los recurrentes, los abogados de la defensa recordaron que Iberdrola no ha aportado el plan de emergencia que supuestamente se activó el día de la acción de Greenpeace y que las lesiones que alegan no quedaron acreditadas «ni en el video editado por Iberdrola, de 7 minutos, de las doce horas» que duró la acción, ni tampoco por el médico de la central, «que ni siquiera declaró en el juicio oral». Al final de la vista oral sólo quiso intervenir en el turno de palabra de los acusados el fotógrafo Pedro Armestre quien denunció que su imputación obedece a que «se me quiere anular como fotoperiodista. Estoy tranquilo porque sé que no hice nada, aunque mi trabajo es molesto. Pero lo seguiré haciendo, porque no es un delito».